La Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue (CRELL) fue sancionada por superar los tiempos máximos de reposición del suministro eléctrico en cuatro comunas de la Región de Los Lagos. En Los Muermos, algunos usuarios permanecieron hasta 81 horas sin electricidad, pese a que el límite establecido era de 54 horas.
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue (CRELL) contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), manteniendo una multa de 800 unidades tributarias mensuales (UTM) por incumplir los plazos máximos de reposición del suministro eléctrico.
Las infracciones fueron detectadas en las comunas de Fresia, Los Muermos, Llanquihue y Puerto Varas, durante interrupciones registradas en marzo y abril de 2025.
Uno de los antecedentes más relevantes del procedimiento se produjo en Los Muermos, donde algunos consumidores permanecieron hasta 81 horas sin electricidad, superando en 27 horas el límite máximo de 54 horas contemplado para situaciones de funcionamiento anormal en las localidades comprendidas en la fiscalización.
Cooperativa alegó condiciones climáticas extremas
Durante el procedimiento judicial, CRELL solicitó una rebaja sustancial de la sanción, argumentando que los cortes de electricidad ocurrieron en medio de intensas lluvias, fuertes vientos y tormentas que provocaron daños en las redes de distribución.
La cooperativa sostuvo que estas circunstancias constituían situaciones de fuerza mayor y que, pese al despliegue de equipos de emergencia y la asignación de recursos extraordinarios, no fue posible restablecer el suministro dentro de los plazos exigidos.
También cuestionó la proporcionalidad de la multa, argumentando que la autoridad fiscalizadora no había considerado adecuadamente su capacidad económica, el congelamiento de las tarifas eléctricas y los costos adicionales asociados a las reparaciones.
SEC defendió la legalidad de la sanción
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles solicitó rechazar la reclamación, señalando que la cooperativa había superado los tiempos máximos de reposición incluso considerando las condiciones excepcionales provocadas por los fenómenos meteorológicos.
El organismo fiscalizador sostuvo que la sanción estaba debidamente fundamentada y respondía a la gravedad de los incumplimientos y a sus consecuencias para los usuarios afectados.
Asimismo, señaló que se habían considerado antecedentes favorables de la empresa, entre ellos la ausencia de sanciones anteriores por infracciones de la misma naturaleza.
Tribunal: las condiciones meteorológicas ya estaban contempladas en la normativa
Al examinar la reclamación, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt explicó que la regulación eléctrica contempla plazos especiales de reposición del servicio cuando existen situaciones de funcionamiento anormal.
Estos plazos son más extensos que los establecidos para condiciones habituales y tienen precisamente por finalidad considerar contingencias extraordinarias, incluidos los fenómenos meteorológicos adversos.
Por ello, el tribunal descartó que las lluvias, tormentas y fuertes vientos invocados por la cooperativa constituyeran una justificación suficiente para ampliar nuevamente los tiempos permitidos.
La Corte recordó que el plazo máximo aplicable era de 54 horas y que algunos consumidores de Los Muermos permanecieron sin electricidad durante 81 horas.
En consecuencia, consideró acreditado un incumplimiento grave de los estándares de continuidad y calidad del servicio eléctrico.
Dificultades económicas no justificaban el incumplimiento
La sentencia también abordó los argumentos económicos formulados por CRELL.
La empresa sostuvo que el congelamiento tarifario y los costos extraordinarios derivados de las emergencias afectaban su capacidad financiera para enfrentar las reparaciones necesarias.
Sin embargo, el tribunal consideró que el régimen tarifario debía contemplar los recursos necesarios para cumplir las obligaciones técnicas y operacionales del servicio de distribución eléctrica.
Bajo ese razonamiento, concluyó que las dificultades presupuestarias alegadas no justificaban incumplir los estándares legales de reposición del suministro.
Multa de 800 UTM fue considerada proporcional
Otro de los puntos relevantes del fallo fue el examen de proporcionalidad de la sanción.
La Corte observó que la normativa permitía imponer multas de hasta 60.000 UTM para infracciones graves, mientras que la sanción aplicada a CRELL ascendía a 800 UTM.
También valoró que la SEC hubiera considerado la ausencia de antecedentes sancionatorios anteriores por infracciones de igual naturaleza.
Respecto de los argumentos financieros, el tribunal advirtió diferencias entre los antecedentes económicos presentados por la cooperativa durante el procedimiento administrativo y aquellos expuestos posteriormente ante la justicia.
En ese contexto, concluyó que no existían fundamentos suficientes para considerar ilegal o desproporcionada la multa.
Control judicial de las sanciones administrativas
La controversia permitió abordar el alcance del reclamo de ilegalidad previsto en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, mecanismo que permite solicitar la revisión judicial de determinadas sanciones impuestas por la SEC.
La Corte explicó que este procedimiento tiene por objeto controlar la legalidad de la actuación administrativa y no reemplazar automáticamente el criterio técnico de la autoridad fiscalizadora.
De esta manera, la modificación de una sanción exige identificar una ilegalidad, como una falta de fundamentación o una contradicción entre las razones invocadas y los antecedentes acreditados.
En este caso, el tribunal consideró que la cooperativa no había cuestionado la existencia de los incumplimientos, sino principalmente la cuantía de la sanción.
Corte Suprema mantuvo la decisión
Tras examinar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la cooperativa, manteniendo la sanción administrativa de 800 UTM.
Posteriormente, según los antecedentes de la resolución judicial proporcionados, la Corte Suprema confirmó la sentencia, manteniendo el resultado del procedimiento.
La controversia pone de relieve la relevancia de los estándares de continuidad del servicio eléctrico y el deber de las empresas distribuidoras de responder oportunamente ante interrupciones, incluso cuando estas ocurren en situaciones meteorológicas adversas.
También evidencia que las dificultades económicas y operacionales alegadas por una empresa no bastan, por sí solas, para dejar sin efecto una sanción administrativa cuando la autoridad ha acreditado y fundamentado el incumplimiento.
