Senado busca prohibir redes sociales a menores de 14 años

Senado abre debate por proyecto que restringe redes sociales a menores de edad

El Senado inició la tramitación de un proyecto de ley que busca establecer una estricta regulación sobre el acceso de menores de edad a redes sociales, en medio de un creciente debate internacional respecto de los efectos psicológicos, sociales y educacionales derivados del uso intensivo de plataformas digitales por niños, niñas y adolescentes.

La moción parlamentaria fue presentada por los senadores Gustavo Sanhueza, Javier Macaya, Iván Moreira, Enrique Van Rysselberghe y Matías Vial, quienes sostienen que el actual escenario digital expone a menores a riesgos crecientes asociados al ciberacoso, depredadores sexuales, violencia digital y contenidos explícitos.

El proyecto busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años

El núcleo central de la iniciativa establece expresamente la prohibición “a las personas menores de catorce años del ingreso, registro y uso de redes sociales”, argumentando que la medida tiene por finalidad proteger el normal desarrollo emocional, psicológico y educacional de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta agrega que adolescentes mayores de 14 y menores de 16 años podrán acceder a plataformas digitales únicamente mediante autorización expresa de sus padres, tutor o curador legal.

Según los autores del proyecto, la regulación responde a una preocupación creciente observada tanto en Chile como a nivel internacional respecto del impacto que las redes sociales tendrían sobre menores de edad.

La moción alerta sobre ciberacoso, depredadores sexuales y contenido explícito

El texto legislativo sostiene que el ecosistema digital actual expone a menores a riesgos permanentes relacionados con ciberacoso, depredadores sexuales, violencia digital y acceso temprano a contenido explícito.

Además, advierte que el carácter altamente interactivo de las redes sociales facilita fenómenos de intimidación, acoso escolar, violencia de género y acoso sexual entre estudiantes.

La moción también pone especial énfasis en la recopilación masiva de datos personales por parte de plataformas tecnológicas, incluyendo información sobre ubicación, hábitos de navegación y patrones de comportamiento digital.

Según el proyecto, la falta de regulación efectiva podría generar vulneraciones relevantes a la privacidad y seguridad de niños y adolescentes.

UNESCO y estudios internacionales son utilizados como fundamento

Entre los antecedentes incorporados por los parlamentarios se citan estudios recientes y referencias internacionales relacionadas con los efectos psicológicos derivados del uso intensivo de redes sociales.

La iniciativa menciona antecedentes de UNESCO 2024 que vinculan el uso excesivo de plataformas digitales con trastornos del sueño, alteraciones alimentarias, disminución del bienestar general, pérdida de autocontrol emocional y mayores niveles de ansiedad y depresión.

Asimismo, el proyecto sostiene que distintos estudios internacionales han advertido impactos negativos sobre la curiosidad, estabilidad emocional y rendimiento académico de menores expuestos de manera prolongada a redes sociales.

Plataformas deberán implementar verificación de identidad obligatoria

Uno de los puntos jurídicamente más relevantes de la propuesta es la obligación impuesta a las plataformas digitales de implementar sistemas efectivos de verificación de identidad y control de edad.

Las empresas deberán verificar tanto la edad de los usuarios como la existencia de autorizaciones parentales válidas para adolescentes entre 14 y 16 años.

El proyecto establece además que las plataformas estarán obligadas a eliminar cuentas que incumplan las exigencias legales, incluyendo aquellas pertenecientes a menores que no acrediten la edad mínima requerida.

Cualquier persona podrá denunciar cuentas irregulares

La iniciativa incorpora mecanismos de denuncia abiertos para terceros.

Según el texto, cualquier persona que detecte una cuenta eventualmente utilizada por un menor sin autorización podrá solicitar su revisión y eventual eliminación.

Para ello, las plataformas deberán habilitar canales especiales de denuncia e investigación, estableciendo procedimientos que no podrán extenderse por más de 60 días.

El proyecto también obliga a las empresas tecnológicas a eliminar toda la información almacenada en cuentas borradas, incluyendo respaldos y contenidos publicados, salvo autorización expresa del adulto responsable o resolución judicial.

Australia, Europa y Estados Unidos aparecen como referentes

La moción cita experiencias regulatorias desarrolladas en otras jurisdicciones que han avanzado hacia restricciones más severas respecto del acceso de menores a plataformas digitales.

En particular, se menciona la reciente legislación aprobada en Australia que prohíbe redes sociales para menores de 16 años, junto con iniciativas impulsadas en la Unión Europea y mecanismos regulatorios vigentes en algunos estados de Estados Unidos.

Según los parlamentarios, existe un consenso internacional creciente sobre la necesidad de imponer mayores obligaciones de control y fiscalización a las empresas tecnológicas.

El proyecto reabre el debate sobre derechos digitales y libertades fundamentales

La propuesta legislativa instala un debate jurídico complejo respecto de los límites entre protección reforzada de la infancia y ejercicio de libertades digitales en entornos tecnológicos modernos.

Especialistas han advertido que este tipo de iniciativas podría generar futuras discusiones constitucionales relacionadas con privacidad, tratamiento de datos biométricos, libertad de información y proporcionalidad regulatoria.

A ello se suma el desafío técnico que supone verificar edad e identidad en plataformas globales que operan sobre millones de usuarios, cuestión que podría tensionar estándares internacionales sobre protección de datos personales.

Conclusión

El proyecto ingresado al Senado representa uno de los intentos regulatorios más ambiciosos impulsados en Chile respecto del control del entorno digital infantil y la responsabilidad de las plataformas tecnológicas.

Desde el punto de vista jurídico, la iniciativa no solo busca limitar el acceso de menores a redes sociales, sino también trasladar hacia empresas privadas deberes activos de fiscalización, monitoreo y verificación de identidad, abriendo interrogantes relevantes sobre privacidad, tratamiento masivo de datos y eventuales mecanismos de control biométrico.

La propuesta además refleja un cambio de paradigma legislativo que comienza a observarse en distintos países occidentales, donde el foco regulatorio ya no se limita al contenido ilícito publicado en plataformas, sino también a los efectos estructurales que estas aplicaciones podrían generar sobre salud mental, convivencia escolar y desarrollo emocional de niños y adolescentes.

No obstante, expertos advierten que la efectividad práctica de este tipo de regulaciones dependerá de múltiples factores, entre ellos la capacidad tecnológica real de las plataformas para verificar edad de usuarios, la existencia de sistemas robustos de fiscalización estatal y la compatibilidad de las medidas con estándares internacionales de derechos fundamentales y protección de datos personales.

En términos políticos y sociales, la discusión promete transformarse en uno de los debates más relevantes sobre derechos digitales en Chile durante los próximos meses, especialmente considerando el creciente consenso transversal respecto de la necesidad de fortalecer mecanismos de protección infantil frente a los riesgos del ecosistema digital contemporáneo.

Revise el texto completo de la moción, correspondiente al Boletín N° 18277-04, y siga aquí su tramitación legislativa.