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Corte de Valparaíso bajo examen judicial: los cuestionamientos jurídicos a la no renovación de su administrador

La Corte de La Serena revisa el recurso de Jorge Rojo por su no renovación en Valparaíso. Analizamos el debido proceso.

Viernes 20 Noviembre, 2026 | 14:37Diario Penitenciario
# Mujer demanda al Hospital Sótero del Río por presunto uso de jeringa utilizada en paciente con VIH **Nayarett Rojas presentó una demanda civil por una presunta irregularidad durante la atención de su primer parto, en junio de 2024. Según la acción judicial, habría recibido anestesia mediante una jeringa previamente utilizada en un paciente con VIH, situación que la llevó a someterse a controles médicos y tratamiento preventivo.** Una mujer identificada como **Nayarett Rojas** interpuso una demanda contra el **Hospital Sótero del Río**, ante el Primer Juzgado Civil de Puente Alto, por una presunta falta de servicio durante la atención médica del nacimiento de su primer hijo, ocurrido en junio de 2024. La acción judicial, presentada por el abogado **Gonzalo Capella Sepúlveda**, sostiene que durante una intervención obstétrica se habría utilizado una jeringa previamente empleada en otro paciente que vivía con VIH. La demandante afirma que esta situación le provocó un profundo estado de incertidumbre respecto de su salud, la necesidad de someterse a tratamiento preventivo y dificultades para alimentar a su hijo mediante lactancia materna. Los tres exámenes de VIH mencionados en la demanda, realizados entre junio y agosto de 2024, habrían arrojado resultados negativos. ## Un embarazo de alto riesgo y una cesárea de urgencia De acuerdo con los antecedentes expuestos en la demanda, Rojas realizó sus controles prenatales en el Hospital Sótero del Río, donde su embarazo fue catalogado como de alto riesgo debido a patologías preexistentes. El equipo médico habría recomendado inducir el parto durante la semana 38 de gestación para reducir el riesgo de desarrollar preeclampsia, una complicación del embarazo asociada a hipertensión arterial y posibles daños en distintos órganos. La mujer ingresó al establecimiento el **15 de junio de 2024**. Sin embargo, el proceso de parto presentó dificultades y se prolongó hasta la madrugada del 17 de junio, cuando fue necesario realizar una cesárea de urgencia. Según el escrito judicial, durante la intervención recibió inicialmente anestesia raquídea, pero posteriormente comenzó a experimentar dolores intensos. Ante esta situación, la anestesióloga habría determinado la necesidad de administrar anestesia general. ## La presunta utilización de una jeringa previamente usada La demanda señala que, horas después del nacimiento de su hijo, personal del hospital informó a la paciente sobre una presunta irregularidad ocurrida durante el procedimiento. De acuerdo con su relato, al no encontrar una jeringa solicitada en el pabellón, personal médico habría acudido a otra sala y retirado una que ya había sido utilizada en otro paciente. Posteriormente, se le habría comunicado que dicho paciente vivía con VIH. El escrito sostiene que el establecimiento le informó que la carga viral de esa persona era inferior a 20, por lo que el riesgo de transmisión sería muy bajo. Sin embargo, estos antecedentes forman parte de las afirmaciones contenidas en la demanda y no constituyen, por sí solos, una determinación judicial sobre lo sucedido. ## Tratamiento preventivo y suspensión de la lactancia Tras conocer la situación denunciada, Rojas se sometió a exámenes destinados a detectar o descartar una eventual infección por VIH. Según la demanda, los tres controles realizados entre junio y agosto de 2024 entregaron resultados negativos. La mujer también inició un tratamiento de profilaxis posexposición, una medida preventiva utilizada después de determinadas situaciones de posible contacto con el virus. La acción judicial señala que recibió medicamentos durante aproximadamente 30 días. Uno de los aspectos centrales de su reclamación corresponde a las consecuencias que atribuye al episodio en la alimentación de su hijo. De acuerdo con el relato, la paciente extrajo leche materna durante tres meses, pero posteriormente recibió una indicación médica de suspender esa práctica. Como consecuencia, sostiene que no pudo alimentar a su bebé con leche materna y debió recurrir a fórmulas infantiles. ## Demanda por presunta falta de servicio La acción presentada ante el Primer Juzgado Civil de Puente Alto sostiene que los hechos habrían provocado un daño moral indemnizable. En términos jurídicos, la falta de servicio se refiere a un funcionamiento deficiente, tardío o inexistente de un servicio público, cuya eventual responsabilidad debe determinarse a partir de los antecedentes y pruebas del proceso. La demandante atribuye al establecimiento hospitalario las consecuencias emocionales y personales que afirma haber experimentado después del procedimiento. El relato también señala que se inició un sumario administrativo y que la funcionaria involucrada fue desvinculada. No obstante, los antecedentes disponibles no permiten establecer el resultado completo de esa investigación administrativa ni si existe una sentencia civil que determine responsabilidad del hospital. ## Un caso que plantea interrogantes sobre la seguridad hospitalaria La controversia judicial pone el foco en los protocolos de manejo de insumos clínicos, la prevención de exposiciones a agentes infecciosos y la información que reciben los pacientes frente a posibles incidentes asistenciales. También plantea la necesidad de distinguir entre una exposición potencial al VIH y una infección efectivamente diagnosticada. En este caso, los resultados negativos informados en la demanda son un antecedente relevante, aunque no permiten, por sí solos, reconstruir la totalidad del seguimiento médico posterior. La resolución de la controversia dependerá de la valoración judicial de los antecedentes clínicos, las pruebas aportadas por las partes y los argumentos sobre la eventual falta de servicio. Hasta que exista una decisión judicial que establezca responsabilidades, los hechos descritos deben entenderse como parte de las alegaciones formuladas por la demandante.
EN ESTA NOTICIAVer contenidos
  1. El origen del conflicto y las acusaciones de presiones laborales
  2. Una decisión adoptada por siete votos contra seis
  3. La motivación de las decisiones administrativas
  4. Derecho a defensa y procedimientos disciplinarios pendientes
  5. El principio de proporcionalidad y los antecedentes de desempeño
  6. El recurso de protección y el control de legalidad
  7. La discusión sobre la continuidad funcionaria
  8. La investigación disciplinaria y la responsabilidad individual
  9. La elección del fiscal regional y la imparcialidad institucional
  10. Las posiciones de las partes y las actuaciones pendientes
  11. Conclusión técnico-jurídica: competencia, motivación y garantías en el ejercicio de potestades públicas

La decisión de no renovar para 2027 al administrador Jorge Rojo, adoptada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por siete votos contra seis, abrió una controversia sobre la fundamentación de las decisiones administrativas, el derecho a defensa y los límites de las facultades de dirección del Poder Judicial.

La Corte de La Serena concedió una orden de no innovar mientras examina el recurso de protección presentado por el funcionario.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso enfrenta una controversia institucional que trasciende las diferencias laborales entre su presidenta, Silvana Donoso, y el administrador del tribunal, Jorge Rojo. El conflicto plantea interrogantes jurídicos sobre la validez de los acuerdos colegiados, la utilización de antecedentes disciplinarios pendientes y las garantías que deben observarse al resolver la continuidad de un funcionario judicial.

El caso adquirió una nueva dimensión después de que la Corte de Apelaciones de La Serena admitiera a trámite un recurso de protección presentado por Rojo y concediera una orden de no innovar respecto de la decisión que dispuso no renovar su vínculo para 2027.

Desde una perspectiva técnico-jurídica, el asunto obliga a examinar una cuestión central: si una decisión formalmente adoptada por mayoría puede ser jurídicamente cuestionable cuando sus fundamentos son divergentes o descansan en reproches cuya responsabilidad todavía no ha sido determinada mediante el procedimiento correspondiente.

El origen del conflicto y las acusaciones de presiones laborales

Según el recurso de protección descrito en la investigación periodística, las diferencias comenzaron en marzo de 2026, poco después de que Silvana Donoso asumiera la presidencia de la Corte.

Jorge Rojo sostiene que recibió cuestionamientos a su desempeño, fue marginado de determinadas funciones y enfrentó exigencias administrativas que considera desproporcionadas.

También afirma que, durante abril, la presidenta le habría solicitado verbalmente su renuncia, propuesta que rechazó.

Estos antecedentes forman parte de las alegaciones del funcionario y no constituyen hechos de maltrato establecidos judicialmente.

El 19 de mayo, Rojo acudió a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), donde denunció una presunta agresión psicológica atribuida a su jefatura.

La mutualidad calificó su afección como de origen común. Posteriormente, el administrador acompañó un informe psiquiátrico particular que relacionaba su situación clínica con el conflicto laboral.

La diferencia entre un diagnóstico médico y una responsabilidad jurídica

La existencia de un diagnóstico clínico no demuestra, por sí sola, la ocurrencia de acoso laboral ni permite atribuir responsabilidad a una persona determinada.

Para establecer jurídicamente una conducta de hostigamiento deben examinarse los hechos denunciados, su contexto, los medios de prueba y las normas aplicables.

Del mismo modo, la calificación de una afección como de origen común no resuelve automáticamente todas las controversias sobre las conductas laborales denunciadas.

Por tanto, corresponde distinguir tres planos: la situación clínica del funcionario, la eventual existencia de conductas de hostigamiento y la responsabilidad que pudiera derivarse de ellas.

Una decisión adoptada por siete votos contra seis

El 5 de octubre de 2026, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió no renovar el contrato de Jorge Rojo para el año siguiente.

La medida obtuvo siete votos favorables y seis contrarios.

Sin embargo, el acta examinada por Bío Bío Investiga revela que los integrantes de la mayoría no coincidieron completamente en las razones que justificaban la decisión.

Los ministros Pedro García y Leonor Cohen rechazaron sustentar la medida en una pérdida de confianza y defendieron la necesidad de utilizar antecedentes objetivos de desempeño.

Por su parte, la ministra Marcela Figueroa respaldó la no renovación atendiendo al vencimiento anual del vínculo.

Los seis ministros que votaron en contra cuestionaron la proporcionalidad de la medida y destacaron la trayectoria funcionaria de Rojo, sus calificaciones y la existencia de una investigación disciplinaria todavía pendiente.

¿Basta la mayoría numérica para validar un acuerdo colegiado?

La controversia introduce una distinción jurídica relevante entre la formación de la voluntad de un órgano colegiado y la fundamentación de la decisión adoptada.

En principio, los órganos colegiados resuelven mediante las mayorías exigidas por las normas que regulan su funcionamiento.

Sin embargo, el cumplimiento de una mayoría numérica no elimina necesariamente la obligación de expresar los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan una decisión cuando el régimen aplicable así lo exige.

La defensa de Rojo sostiene que los siete votos favorables no compartieron una misma fundamentación suficiente.

Este argumento debe analizarse con cautela.

La diversidad de razonamientos entre quienes votan por una misma decisión no determina automáticamente su invalidez. Será necesario establecer qué reglas regulan el acuerdo, si exigen coincidencia en sus fundamentos y si la resolución contiene una motivación jurídicamente suficiente.

La cuestión decisiva no consiste únicamente en contar los votos, sino en determinar si el acuerdo expresa una voluntad institucional válida conforme a las reglas de competencia, procedimiento y fundamentación aplicables.

La motivación de las decisiones administrativas

Uno de los aspectos jurídicos centrales del caso es la exigencia de motivación de los actos que afectan situaciones jurídicas individuales.

En el derecho público chileno, la motivación permite conocer los antecedentes de hecho y las razones jurídicas que justifican el ejercicio de una potestad.

No se trata de una formalidad meramente documental.

Su finalidad es facilitar el control de legalidad, impedir decisiones carentes de justificación objetiva y permitir que las personas afectadas puedan cuestionar los fundamentos de una medida.

Los artículos 10, 11 y 41 de la Ley N.º 19.880 contienen reglas sobre contradicción, fundamentación y resolución de procedimientos administrativos.

No obstante, existe una precisión indispensable: esa ley regula a los órganos de la Administración del Estado y no puede presumirse su aplicación directa a todos los actos de administración interna del Poder Judicial.

En consecuencia, para determinar el régimen jurídico aplicable a la no renovación de Rojo deben examinarse prioritariamente las disposiciones especiales del Poder Judicial, el estatuto de su cargo y los instrumentos normativos que regulan su nombramiento y continuidad.

Los principios generales de motivación, racionalidad y control del ejercicio de potestades públicas ofrecen un marco de análisis, pero no reemplazan la identificación de la normativa específica.

La motivación debe ser suficiente y verificable

Una decisión fundada en deficiencias de desempeño requiere, cuando así lo dispone el régimen correspondiente, identificar los hechos relevantes, las obligaciones comprometidas y los antecedentes que permiten atribuir responsabilidad funcional.

En el caso examinado, parte de la controversia consiste precisamente en determinar si las deficiencias administrativas invocadas fueron suficientemente individualizadas.

La ministra Nancy Bluck advirtió, según el acta citada por la investigación periodística, que los reproches utilizados para solicitar la no renovación no habrían sido sometidos a los procedimientos pertinentes.

Su observación introduce un problema jurídico sustantivo: la diferencia entre evaluar el desempeño de un funcionario y atribuirle incumplimientos que podrían constituir infracciones disciplinarias.

Derecho a defensa y procedimientos disciplinarios pendientes

La defensa de Jorge Rojo sostiene que la resolución de no renovación utilizó cuestionamientos administrativos sin permitirle controvertirlos mediante los procedimientos correspondientes.

El administrador enfrenta, además, una investigación disciplinaria iniciada en abril de 2026 para establecer eventuales responsabilidades por retrasos en el pago de remuneraciones a funcionarios del tribunal.

Según Bío Bío Investiga, la Corte de Valparaíso confirmó la existencia de ese procedimiento, pero señaló que sus antecedentes permanecen reservados mientras continúa su tramitación.

No renovación y sanción disciplinaria: dos instituciones distintas

Desde el punto de vista jurídico, la no renovación de un vínculo funcionario no equivale necesariamente a una sanción disciplinaria.

La primera puede responder al vencimiento de un período de nombramiento o a otras causales previstas en el régimen aplicable.

La segunda supone el ejercicio de potestades disciplinarias frente a conductas que podrían constituir infracciones funcionarias.

Esta distinción resulta fundamental.

No toda decisión de no renovación requiere previamente una sanción disciplinaria. Sin embargo, si la autoridad utiliza imputaciones de incumplimiento como fundamento determinante de una medida, debe examinarse si el procedimiento empleado respeta las garantías exigidas por el ordenamiento.

El problema jurídico surge cuando una decisión formalmente presentada como administrativa puede producir efectos equivalentes a una sanción sustentada en hechos todavía no esclarecidos.

¿Puede utilizarse un sumario pendiente como fundamento?

La existencia de una investigación disciplinaria demuestra que determinados hechos están siendo examinados, pero no acredita por sí sola la responsabilidad del funcionario investigado.

Por ello, es necesario diferenciar entre utilizar antecedentes objetivos de funcionamiento institucional y presentar como establecidos incumplimientos individuales que aún se encuentran bajo investigación.

Una decisión que atribuya responsabilidad disciplinaria sin un procedimiento suficiente podría enfrentar cuestionamientos relativos a la fundamentación, la racionalidad y las garantías de defensa.

No obstante, tampoco corresponde sostener que la sola existencia de un sumario pendiente impide cualquier decisión administrativa sobre la continuidad del funcionario.

La respuesta dependerá de la naturaleza de la medida, sus fundamentos efectivos y las reglas especiales aplicables.

El principio de proporcionalidad y los antecedentes de desempeño

Los seis ministros que rechazaron la no renovación cuestionaron, según la investigación original, que la medida fuera necesaria y proporcionada.

Entre los antecedentes considerados destacaron la trayectoria de Rojo, sus evaluaciones y la falta de sanciones disciplinarias firmes que justificaran determinados reproches.

El principio de proporcionalidad constituye un criterio relevante para controlar el ejercicio de potestades públicas cuando estas restringen derechos o afectan situaciones jurídicas protegidas.

Su análisis suele comprender tres dimensiones: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

La idoneidad exige examinar si la medida es apta para alcanzar una finalidad legítima.

La necesidad requiere determinar si existen alternativas menos gravosas igualmente eficaces, cuando el régimen jurídico exige ese examen.

La proporcionalidad en sentido estricto supone ponderar la intensidad de la afectación frente a los fines institucionales perseguidos.

Sin embargo, no toda no renovación debe superar idéntico examen de proporcionalidad. La intensidad del control dependerá del estatuto del funcionario, de las facultades reconocidas al órgano y de los derechos comprometidos.

En este caso, el debate consiste en determinar si la decisión respondió a una evaluación jurídicamente admisible o si utilizó reproches cuya gravedad y acreditación no justificaban la medida adoptada.

El recurso de protección y el control de legalidad

Jorge Rojo, representado por el abogado Hugo Contreras Gómez, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena.

La acción cuestiona la legalidad y arbitrariedad de la no renovación y sostiene que la decisión afectaría garantías constitucionales.

El recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, permite solicitar tutela urgente frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten determinadas garantías constitucionales expresamente protegidas por esa disposición.

No constituye un mecanismo general para revisar cualquier desacuerdo administrativo.

Por ello, la defensa deberá demostrar que los hechos denunciados configuran una afectación susceptible de tutela mediante esta acción constitucional.

La orden de no innovar y sus efectos

El 16 de noviembre de 2026, la Corte de La Serena admitió a trámite el recurso y solicitó antecedentes a la Corte de Valparaíso.

El 17 de noviembre concedió una orden de no innovar.

Esta medida tiene naturaleza cautelar y busca preservar la eficacia de la decisión judicial que eventualmente se dicte.

Según los antecedentes difundidos, permitiría mantener provisionalmente la situación funcionaria de Rojo si el procedimiento permaneciera pendiente al término de 2026, en los términos concretos establecidos por la resolución.

Su alcance definitivo debe determinarse a partir del texto íntegro de la orden.

La concesión de una orden de no innovar no equivale a declarar ilegal la actuación recurrida ni a acreditar las acusaciones de maltrato.

La Corte todavía debe pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

La discusión sobre la continuidad funcionaria

Otro de los argumentos formulados por la defensa es que Jorge Rojo cumplía las condiciones para acceder a la renovación de su vínculo, conforme a las normas internas del Poder Judicial.

Para evaluar esa afirmación resulta indispensable identificar el estatuto específico de su cargo.

No es jurídicamente correcto presumir que todos los funcionarios judiciales sujetos a períodos de nombramiento poseen un derecho automático a la renovación.

Tampoco puede sostenerse, sin revisar la normativa aplicable, que el solo vencimiento del período autoriza cualquier decisión carente de fundamentación.

La controversia exige determinar si existían condiciones normativas de continuidad, cuáles eran las facultades del Pleno y qué requisitos debía satisfacer una resolución de no renovación.

La investigación disciplinaria y la responsabilidad individual

Los antecedentes publicados también mencionan una investigación anterior que involucró a Rojo y al expresidente de la Corte de Valparaíso, Rafael Corvalán.

Según la investigación, una fiscal judicial propuso sobreseerlos y posteriormente el Pleno aprobó el sobreseimiento, aunque dispuso anotaciones de demérito.

La utilización posterior de estos antecedentes como fundamento de la no renovación plantea preguntas sobre su alcance jurídico.

Será necesario establecer la naturaleza de las anotaciones, sus efectos administrativos y la posibilidad de considerarlas válidamente en una evaluación de continuidad.

Respecto del procedimiento disciplinario iniciado en abril de 2026, la existencia de una investigación pendiente no permite concluir que Rojo haya cometido las irregularidades examinadas.

Asimismo, los cuestionamientos de fuentes internas a su desempeño deben tratarse como testimonios no acreditados mediante una resolución disciplinaria definitiva.

La elección del fiscal regional y la imparcialidad institucional

Paralelamente, Silvana Donoso ha enfrentado cuestionamientos por su participación en el proceso de selección del próximo fiscal regional de Valparaíso.

Las críticas se relacionan con la investigación que involucra a su hermano, el abogado Samuel Donoso, y con la discusión sobre una eventual obligación de abstenerse de intervenir en el procedimiento.

La magistrada ha descartado encontrarse afectada por una causal legal de inhabilidad.

La Corte de Valparaíso también ha sostenido que las decisiones del proceso fueron adoptadas colegiadamente.

Desde el punto de vista jurídico, debe distinguirse entre una causal legal de inhabilidad y un cuestionamiento público sobre apariencia de imparcialidad.

La existencia de un vínculo familiar no permite afirmar automáticamente que una autoridad haya incurrido en una infracción.

La determinación de una eventual obligación de abstención requiere identificar las normas específicas aplicables al procedimiento de selección, la naturaleza de la intervención de la magistrada y la existencia de una causal jurídicamente configurada.

La controversia relativa al fiscal regional constituye un asunto distinto del recurso presentado por Jorge Rojo, aunque ambas situaciones han intensificado el debate público sobre la gestión institucional del tribunal.

Las posiciones de las partes y las actuaciones pendientes

En tanto Jorge Rojo confirmó,  que recurrió a la justicia para cuestionar la decisión de no renovar su vínculo y resguardar sus derechos.

El funcionario optó por entregar una declaración escrita y señaló que sus argumentos debían ser examinados en la sede judicial correspondiente.

Por su parte, la Corte de Valparaíso confirmó a ese medio la existencia de la investigación disciplinaria, indicando que sus antecedentes permanecen reservados.

Los antecedentes disponibles no incluyen una sentencia definitiva sobre el recurso de protección ni una resolución disciplinaria firme respecto del procedimiento iniciado en abril.

Tampoco permiten concluir que las acusaciones de hostigamiento contra Silvana Donoso hayan sido acreditadas por un tribunal.

Conclusión técnico-jurídica: competencia, motivación y garantías en el ejercicio de potestades públicas

La controversia entre la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y su administrador constituye un caso relevante para examinar los límites jurídicos de las potestades de dirección y administración dentro del Poder Judicial.

Su resolución exige distinguir entre competencia para adoptar una decisión, regularidad del procedimiento, suficiencia de la motivación y respeto de las garantías jurídicas del funcionario afectado.

En primer término, debe determinarse si el Pleno contaba con facultades para disponer la no renovación del nombramiento y si ejerció esa competencia conforme al régimen estatutario aplicable.

En segundo lugar, corresponde examinar si el acuerdo adoptado por siete votos contra seis satisface las exigencias de formación de voluntad del órgano colegiado. La divergencia entre los fundamentos individuales de los ministros no genera automáticamente un vicio de legalidad, pero puede adquirir relevancia cuando impide identificar una justificación institucional suficiente para la decisión.

En tercer término, resulta necesario establecer si los cuestionamientos administrativos utilizados como fundamento correspondían a antecedentes objetivos de desempeño o si, por su contenido, constituían imputaciones disciplinarias cuya acreditación exigía procedimientos específicos y oportunidades de defensa.

Una facultad legal de no renovación no constituye, por sí sola, una autorización para ejercer potestades públicas de manera arbitraria. Sin embargo, tampoco puede transformarse toda decisión desfavorable sobre continuidad funcionaria en una sanción disciplinaria encubierta sin demostrar sus elementos jurídicos.

El análisis de proporcionalidad deberá realizarse atendiendo a la naturaleza del nombramiento, la finalidad de la medida, la gravedad de los antecedentes y el margen de decisión que la normativa reconozca al Pleno.

Finalmente, la orden de no innovar dictada por la Corte de La Serena tiene un alcance estrictamente provisional. No anticipa necesariamente el resultado del recurso ni establece responsabilidad personal de la presidenta del tribunal.

La cuestión jurídica de fondo no consiste simplemente en determinar si la Corte de Valparaíso podía decidir la salida de su administrador, sino en establecer si ejerció esa potestad dentro de los límites de competencia, racionalidad, fundamentación y garantías exigibles a un órgano del Estado.

Desde esa perspectiva, el pronunciamiento definitivo podrá aportar criterios relevantes sobre el control judicial de decisiones de administración interna del Poder Judicial y sobre la separación entre evaluación funcionaria y responsabilidad disciplinaria.

Hasta entonces, la controversia permanece abierta y las imputaciones formuladas por las partes deben ser examinadas sin anticipar conclusiones sobre su responsabilidad jurídica.

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