La Corte de Apelaciones rechazó los recursos de nulidad interpuestos por la Defensoría Penal Pública contra las condenas impuestas a dos mujeres. El tribunal estableció que las circunstancias atenuantes no obligan a aplicar la pena mínima y descartó rebajar las multas de 40 UTM.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad presentados por la Defensoría Penal Pública contra una sentencia que condenó a dos mujeres a siete y seis años de presidio, respectivamente, por el delito de tráfico ilícito de drogas.
La resolución mantuvo además las multas de 40 unidades tributarias mensuales (UTM) impuestas a cada condenada y las demás sanciones establecidas por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
El caso se originó por hechos ocurridos el 5 de noviembre de 2024 en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.
En la sentencia rol N.º 4.554-2026, la Segunda Sala del tribunal de alzada descartó errores de derecho en la determinación de las penas privativas de libertad y en la multa cuestionada por una de las defensas.
Defensoría solicitó reducir las condenas
La Defensoría Penal Pública interpuso recursos de nulidad en representación de ambas mujeres, argumentando que el tribunal oral había aplicado incorrectamente los criterios legales para establecer la duración de sus condenas.
Respecto de la sentenciada a siete años de presidio, la defensa sostuvo que no existían fundamentos suficientes para imponer una pena superior al mínimo legal de cinco años y un día.
Explicó que durante el juicio se reconocieron una circunstancia atenuante de colaboración sustancial y una agravante de reincidencia, las cuales fueron compensadas racionalmente.
Según la defensa, los jueces no justificaron adecuadamente por qué se impuso una pena de siete años, especialmente considerando que el daño causado no excedía el normalmente asociado al delito.
Asimismo, planteó que los hechos correspondían a ventas de drogas al menudeo, sin que se hubiera establecido una estructura de comercialización mayorista ni la participación de una organización criminal.
Por estas razones, solicitó reducir la sanción privativa de libertad a cinco años y un día.
Segunda condenada cuestionó la pena y la multa
En el caso de la mujer condenada a seis años de presidio, la defensa argumentó que el tribunal reconoció una atenuante de colaboración sustancial, sin que existieran circunstancias agravantes.
A su juicio, estos antecedentes justificaban aplicar el mínimo legal.
También cuestionó la multa de 40 UTM, señalando que no se habían considerado suficientemente las condiciones económicas y familiares de la sentenciada.
Entre los antecedentes expuestos, indicó que la mujer permanecía privada de libertad desde noviembre de 2024, contaba con representación de la Defensoría Penal Pública y tenía cinco hijos, tres de ellos menores de edad.
La defensa sostuvo que la propiedad de una vivienda social en Puente Alto no permitía concluir automáticamente que existiera capacidad económica suficiente para pagar la sanción.
Por ello, solicitó reducir la pena a cinco años y un día de presidio y rebajar la multa a 10 UTM.
Corte: las atenuantes no obligan a imponer la pena mínima
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento judicial fue la interpretación del artículo 69 del Código Penal, disposición que regula la determinación de la pena dentro de los márgenes legalmente establecidos.
La Corte explicó que los jueces deben considerar las circunstancias atenuantes y agravantes, así como la mayor o menor extensión del mal causado por el delito.
Sin embargo, precisó que esta disposición no establece una fórmula matemática ni obliga a aplicar automáticamente el mínimo de la pena cuando concurren circunstancias favorables para una persona condenada.
Bajo ese razonamiento, sostuvo que la determinación de la sanción corresponde al tribunal que conoce del juicio, siempre que su decisión esté suficientemente fundamentada y respete los márgenes legales.
En el caso examinado, los magistrados concluyeron que el tribunal oral había ponderado las circunstancias particulares de ambas condenadas.
Respecto de una de ellas, consideró la existencia de una atenuante sin agravantes. En el caso de la otra, examinó la concurrencia de una atenuante y una agravante, compensadas racionalmente.
La Corte destacó que las penas de seis y siete años se situaban dentro del tramo inferior del marco penal aplicable.
Recurso de nulidad no permite una nueva valoración de la pena sin error de derecho
El tribunal también abordó el alcance del recurso de nulidad contemplado en el artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal.
Explicó que este mecanismo requiere acreditar una errónea aplicación del derecho que haya influido sustancialmente en la decisión impugnada.
De esta manera, la nulidad no constituye una instancia destinada simplemente a reemplazar la apreciación del tribunal oral por una valoración distinta de la defensa.
Para que proceda, es necesario identificar un error jurídico relevante, capaz de modificar el resultado de la sentencia.
En este caso, la Corte consideró que las defensas manifestaban principalmente su desacuerdo con la extensión de las penas, sin demostrar una infracción legal determinante.
Por ello, rechazó los cuestionamientos relacionados con la aplicación del artículo 69 del Código Penal.
Capacidad económica y multa de 40 UTM
Otro aspecto relevante de la sentencia fue el análisis de la multa impuesta a una de las condenadas.
La defensa alegó que el tribunal oral no había ponderado correctamente su situación socioeconómica, especialmente sus responsabilidades familiares y el hecho de encontrarse privada de libertad.
La Corte recordó que el artículo 70 del Código Penal establece criterios para determinar la cuantía de las multas, considerando especialmente la capacidad económica de la persona condenada.
No obstante, precisó que la posibilidad de imponer una multa inferior al mínimo legal constituye una facultad excepcional y no una obligación automática.
En el caso concreto, los jueces habían establecido una multa de 40 UTM, correspondiente al mínimo del rango ordinario aplicable, que se extendía hasta las 400 UTM.
Para justificarla, consideraron que la sentenciada era propietaria de un inmueble en Puente Alto.
La Corte estimó que los antecedentes invocados por la defensa no permitían establecer un error de derecho que justificara anular la decisión y reducir la multa a 10 UTM.
Tribunal mantiene íntegramente las condenas
Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ambos recursos de nulidad y mantuvo la sentencia dictada por el tribunal oral.
De esta manera, quedaron vigentes las penas de siete y seis años de presidio, las multas de 40 UTM para cada condenada y las demás sanciones accesorias impuestas por tráfico ilícito de drogas, delito previsto en el artículo 3, en relación con el artículo 1, de la Ley N.º 20.000.
La resolución constituye un antecedente relevante sobre los límites del recurso de nulidad penal y la obligación de los tribunales de fundamentar la determinación de las penas.
Asimismo, pone de relieve que el reconocimiento de circunstancias atenuantes no conduce necesariamente a la pena mínima y que la capacidad económica de una persona condenada debe examinarse conforme a los criterios legales aplicables.
