La decisión de no renovar para 2027 al administrador Jorge Rojo, adoptada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por siete votos contra seis, abrió una controversia sobre la fundamentación de las decisiones administrativas, el derecho a defensa y los límites de las facultades de dirección del Poder Judicial.
La Corte de La Serena concedió una orden de no innovar mientras examina el recurso de protección presentado por el funcionario.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso enfrenta una controversia institucional que trasciende las diferencias laborales entre su presidenta, Silvana Donoso, y el administrador del tribunal, Jorge Rojo. El conflicto plantea interrogantes jurídicos sobre la validez de los acuerdos colegiados, la utilización de antecedentes disciplinarios pendientes y las garantías que deben observarse al resolver la continuidad de un funcionario judicial.
El caso adquirió una nueva dimensión después de que la Corte de Apelaciones de La Serena admitiera a trámite un recurso de protección presentado por Rojo y concediera una orden de no innovar respecto de la decisión que dispuso no renovar su vínculo para 2027.
Desde una perspectiva técnico-jurídica, el asunto obliga a examinar una cuestión central: si una decisión formalmente adoptada por mayoría puede ser jurídicamente cuestionable cuando sus fundamentos son divergentes o descansan en reproches cuya responsabilidad todavía no ha sido determinada mediante el procedimiento correspondiente.
El origen del conflicto y las acusaciones de presiones laborales
Según el recurso de protección descrito en la investigación periodística, las diferencias comenzaron en marzo de 2026, poco después de que Silvana Donoso asumiera la presidencia de la Corte.
Jorge Rojo sostiene que recibió cuestionamientos a su desempeño, fue marginado de determinadas funciones y enfrentó exigencias administrativas que considera desproporcionadas.
También afirma que, durante abril, la presidenta le habría solicitado verbalmente su renuncia, propuesta que rechazó.
Estos antecedentes forman parte de las alegaciones del funcionario y no constituyen hechos de maltrato establecidos judicialmente.
El 19 de mayo, Rojo acudió a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), donde denunció una presunta agresión psicológica atribuida a su jefatura.
La mutualidad calificó su afección como de origen común. Posteriormente, el administrador acompañó un informe psiquiátrico particular que relacionaba su situación clínica con el conflicto laboral.
La diferencia entre un diagnóstico médico y una responsabilidad jurídica
La existencia de un diagnóstico clínico no demuestra, por sí sola, la ocurrencia de acoso laboral ni permite atribuir responsabilidad a una persona determinada.
Para establecer jurídicamente una conducta de hostigamiento deben examinarse los hechos denunciados, su contexto, los medios de prueba y las normas aplicables.
Del mismo modo, la calificación de una afección como de origen común no resuelve automáticamente todas las controversias sobre las conductas laborales denunciadas.
Por tanto, corresponde distinguir tres planos: la situación clínica del funcionario, la eventual existencia de conductas de hostigamiento y la responsabilidad que pudiera derivarse de ellas.
Una decisión adoptada por siete votos contra seis
El 5 de octubre de 2026, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió no renovar el contrato de Jorge Rojo para el año siguiente.
La medida obtuvo siete votos favorables y seis contrarios.
Sin embargo, el acta examinada por Bío Bío Investiga revela que los integrantes de la mayoría no coincidieron completamente en las razones que justificaban la decisión.
Los ministros Pedro García y Leonor Cohen rechazaron sustentar la medida en una pérdida de confianza y defendieron la necesidad de utilizar antecedentes objetivos de desempeño.
Por su parte, la ministra Marcela Figueroa respaldó la no renovación atendiendo al vencimiento anual del vínculo.
Los seis ministros que votaron en contra cuestionaron la proporcionalidad de la medida y destacaron la trayectoria funcionaria de Rojo, sus calificaciones y la existencia de una investigación disciplinaria todavía pendiente.
¿Basta la mayoría numérica para validar un acuerdo colegiado?
La controversia introduce una distinción jurídica relevante entre la formación de la voluntad de un órgano colegiado y la fundamentación de la decisión adoptada.
En principio, los órganos colegiados resuelven mediante las mayorías exigidas por las normas que regulan su funcionamiento.
Sin embargo, el cumplimiento de una mayoría numérica no elimina necesariamente la obligación de expresar los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan una decisión cuando el régimen aplicable así lo exige.
La defensa de Rojo sostiene que los siete votos favorables no compartieron una misma fundamentación suficiente.
Este argumento debe analizarse con cautela.
La diversidad de razonamientos entre quienes votan por una misma decisión no determina automáticamente su invalidez. Será necesario establecer qué reglas regulan el acuerdo, si exigen coincidencia en sus fundamentos y si la resolución contiene una motivación jurídicamente suficiente.
La cuestión decisiva no consiste únicamente en contar los votos, sino en determinar si el acuerdo expresa una voluntad institucional válida conforme a las reglas de competencia, procedimiento y fundamentación aplicables.
La motivación de las decisiones administrativas
Uno de los aspectos jurídicos centrales del caso es la exigencia de motivación de los actos que afectan situaciones jurídicas individuales.
En el derecho público chileno, la motivación permite conocer los antecedentes de hecho y las razones jurídicas que justifican el ejercicio de una potestad.
No se trata de una formalidad meramente documental.
Su finalidad es facilitar el control de legalidad, impedir decisiones carentes de justificación objetiva y permitir que las personas afectadas puedan cuestionar los fundamentos de una medida.
Los artículos 10, 11 y 41 de la Ley N.º 19.880 contienen reglas sobre contradicción, fundamentación y resolución de procedimientos administrativos.
No obstante, existe una precisión indispensable: esa ley regula a los órganos de la Administración del Estado y no puede presumirse su aplicación directa a todos los actos de administración interna del Poder Judicial.
En consecuencia, para determinar el régimen jurídico aplicable a la no renovación de Rojo deben examinarse prioritariamente las disposiciones especiales del Poder Judicial, el estatuto de su cargo y los instrumentos normativos que regulan su nombramiento y continuidad.
Los principios generales de motivación, racionalidad y control del ejercicio de potestades públicas ofrecen un marco de análisis, pero no reemplazan la identificación de la normativa específica.
La motivación debe ser suficiente y verificable
Una decisión fundada en deficiencias de desempeño requiere, cuando así lo dispone el régimen correspondiente, identificar los hechos relevantes, las obligaciones comprometidas y los antecedentes que permiten atribuir responsabilidad funcional.
En el caso examinado, parte de la controversia consiste precisamente en determinar si las deficiencias administrativas invocadas fueron suficientemente individualizadas.
La ministra Nancy Bluck advirtió, según el acta citada por la investigación periodística, que los reproches utilizados para solicitar la no renovación no habrían sido sometidos a los procedimientos pertinentes.
Su observación introduce un problema jurídico sustantivo: la diferencia entre evaluar el desempeño de un funcionario y atribuirle incumplimientos que podrían constituir infracciones disciplinarias.
Derecho a defensa y procedimientos disciplinarios pendientes
La defensa de Jorge Rojo sostiene que la resolución de no renovación utilizó cuestionamientos administrativos sin permitirle controvertirlos mediante los procedimientos correspondientes.
El administrador enfrenta, además, una investigación disciplinaria iniciada en abril de 2026 para establecer eventuales responsabilidades por retrasos en el pago de remuneraciones a funcionarios del tribunal.
Según Bío Bío Investiga, la Corte de Valparaíso confirmó la existencia de ese procedimiento, pero señaló que sus antecedentes permanecen reservados mientras continúa su tramitación.
No renovación y sanción disciplinaria: dos instituciones distintas
Desde el punto de vista jurídico, la no renovación de un vínculo funcionario no equivale necesariamente a una sanción disciplinaria.
La primera puede responder al vencimiento de un período de nombramiento o a otras causales previstas en el régimen aplicable.
La segunda supone el ejercicio de potestades disciplinarias frente a conductas que podrían constituir infracciones funcionarias.
Esta distinción resulta fundamental.
No toda decisión de no renovación requiere previamente una sanción disciplinaria. Sin embargo, si la autoridad utiliza imputaciones de incumplimiento como fundamento determinante de una medida, debe examinarse si el procedimiento empleado respeta las garantías exigidas por el ordenamiento.
El problema jurídico surge cuando una decisión formalmente presentada como administrativa puede producir efectos equivalentes a una sanción sustentada en hechos todavía no esclarecidos.
¿Puede utilizarse un sumario pendiente como fundamento?
La existencia de una investigación disciplinaria demuestra que determinados hechos están siendo examinados, pero no acredita por sí sola la responsabilidad del funcionario investigado.
Por ello, es necesario diferenciar entre utilizar antecedentes objetivos de funcionamiento institucional y presentar como establecidos incumplimientos individuales que aún se encuentran bajo investigación.
Una decisión que atribuya responsabilidad disciplinaria sin un procedimiento suficiente podría enfrentar cuestionamientos relativos a la fundamentación, la racionalidad y las garantías de defensa.
No obstante, tampoco corresponde sostener que la sola existencia de un sumario pendiente impide cualquier decisión administrativa sobre la continuidad del funcionario.
La respuesta dependerá de la naturaleza de la medida, sus fundamentos efectivos y las reglas especiales aplicables.
El principio de proporcionalidad y los antecedentes de desempeño
Los seis ministros que rechazaron la no renovación cuestionaron, según la investigación original, que la medida fuera necesaria y proporcionada.
Entre los antecedentes considerados destacaron la trayectoria de Rojo, sus evaluaciones y la falta de sanciones disciplinarias firmes que justificaran determinados reproches.
El principio de proporcionalidad constituye un criterio relevante para controlar el ejercicio de potestades públicas cuando estas restringen derechos o afectan situaciones jurídicas protegidas.
Su análisis suele comprender tres dimensiones: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
La idoneidad exige examinar si la medida es apta para alcanzar una finalidad legítima.
La necesidad requiere determinar si existen alternativas menos gravosas igualmente eficaces, cuando el régimen jurídico exige ese examen.
La proporcionalidad en sentido estricto supone ponderar la intensidad de la afectación frente a los fines institucionales perseguidos.
Sin embargo, no toda no renovación debe superar idéntico examen de proporcionalidad. La intensidad del control dependerá del estatuto del funcionario, de las facultades reconocidas al órgano y de los derechos comprometidos.
En este caso, el debate consiste en determinar si la decisión respondió a una evaluación jurídicamente admisible o si utilizó reproches cuya gravedad y acreditación no justificaban la medida adoptada.
El recurso de protección y el control de legalidad
Jorge Rojo, representado por el abogado Hugo Contreras Gómez, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena.
La acción cuestiona la legalidad y arbitrariedad de la no renovación y sostiene que la decisión afectaría garantías constitucionales.
El recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, permite solicitar tutela urgente frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten determinadas garantías constitucionales expresamente protegidas por esa disposición.
No constituye un mecanismo general para revisar cualquier desacuerdo administrativo.
Por ello, la defensa deberá demostrar que los hechos denunciados configuran una afectación susceptible de tutela mediante esta acción constitucional.
La orden de no innovar y sus efectos
El 16 de noviembre de 2026, la Corte de La Serena admitió a trámite el recurso y solicitó antecedentes a la Corte de Valparaíso.
El 17 de noviembre concedió una orden de no innovar.
Esta medida tiene naturaleza cautelar y busca preservar la eficacia de la decisión judicial que eventualmente se dicte.
Según los antecedentes difundidos, permitiría mantener provisionalmente la situación funcionaria de Rojo si el procedimiento permaneciera pendiente al término de 2026, en los términos concretos establecidos por la resolución.
Su alcance definitivo debe determinarse a partir del texto íntegro de la orden.
La concesión de una orden de no innovar no equivale a declarar ilegal la actuación recurrida ni a acreditar las acusaciones de maltrato.
La Corte todavía debe pronunciarse sobre el fondo de la controversia.
La discusión sobre la continuidad funcionaria
Otro de los argumentos formulados por la defensa es que Jorge Rojo cumplía las condiciones para acceder a la renovación de su vínculo, conforme a las normas internas del Poder Judicial.
Para evaluar esa afirmación resulta indispensable identificar el estatuto específico de su cargo.
No es jurídicamente correcto presumir que todos los funcionarios judiciales sujetos a períodos de nombramiento poseen un derecho automático a la renovación.
Tampoco puede sostenerse, sin revisar la normativa aplicable, que el solo vencimiento del período autoriza cualquier decisión carente de fundamentación.
La controversia exige determinar si existían condiciones normativas de continuidad, cuáles eran las facultades del Pleno y qué requisitos debía satisfacer una resolución de no renovación.
La investigación disciplinaria y la responsabilidad individual
Los antecedentes publicados también mencionan una investigación anterior que involucró a Rojo y al expresidente de la Corte de Valparaíso, Rafael Corvalán.
Según la investigación, una fiscal judicial propuso sobreseerlos y posteriormente el Pleno aprobó el sobreseimiento, aunque dispuso anotaciones de demérito.
La utilización posterior de estos antecedentes como fundamento de la no renovación plantea preguntas sobre su alcance jurídico.
Será necesario establecer la naturaleza de las anotaciones, sus efectos administrativos y la posibilidad de considerarlas válidamente en una evaluación de continuidad.
Respecto del procedimiento disciplinario iniciado en abril de 2026, la existencia de una investigación pendiente no permite concluir que Rojo haya cometido las irregularidades examinadas.
Asimismo, los cuestionamientos de fuentes internas a su desempeño deben tratarse como testimonios no acreditados mediante una resolución disciplinaria definitiva.
La elección del fiscal regional y la imparcialidad institucional
Paralelamente, Silvana Donoso ha enfrentado cuestionamientos por su participación en el proceso de selección del próximo fiscal regional de Valparaíso.
Las críticas se relacionan con la investigación que involucra a su hermano, el abogado Samuel Donoso, y con la discusión sobre una eventual obligación de abstenerse de intervenir en el procedimiento.
La magistrada ha descartado encontrarse afectada por una causal legal de inhabilidad.
La Corte de Valparaíso también ha sostenido que las decisiones del proceso fueron adoptadas colegiadamente.
Desde el punto de vista jurídico, debe distinguirse entre una causal legal de inhabilidad y un cuestionamiento público sobre apariencia de imparcialidad.
La existencia de un vínculo familiar no permite afirmar automáticamente que una autoridad haya incurrido en una infracción.
La determinación de una eventual obligación de abstención requiere identificar las normas específicas aplicables al procedimiento de selección, la naturaleza de la intervención de la magistrada y la existencia de una causal jurídicamente configurada.
La controversia relativa al fiscal regional constituye un asunto distinto del recurso presentado por Jorge Rojo, aunque ambas situaciones han intensificado el debate público sobre la gestión institucional del tribunal.
Las posiciones de las partes y las actuaciones pendientes
En tanto Jorge Rojo confirmó, que recurrió a la justicia para cuestionar la decisión de no renovar su vínculo y resguardar sus derechos.
El funcionario optó por entregar una declaración escrita y señaló que sus argumentos debían ser examinados en la sede judicial correspondiente.
Por su parte, la Corte de Valparaíso confirmó a ese medio la existencia de la investigación disciplinaria, indicando que sus antecedentes permanecen reservados.
Los antecedentes disponibles no incluyen una sentencia definitiva sobre el recurso de protección ni una resolución disciplinaria firme respecto del procedimiento iniciado en abril.
Tampoco permiten concluir que las acusaciones de hostigamiento contra Silvana Donoso hayan sido acreditadas por un tribunal.
Conclusión técnico-jurídica: competencia, motivación y garantías en el ejercicio de potestades públicas
La controversia entre la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y su administrador constituye un caso relevante para examinar los límites jurídicos de las potestades de dirección y administración dentro del Poder Judicial.
Su resolución exige distinguir entre competencia para adoptar una decisión, regularidad del procedimiento, suficiencia de la motivación y respeto de las garantías jurídicas del funcionario afectado.
En primer término, debe determinarse si el Pleno contaba con facultades para disponer la no renovación del nombramiento y si ejerció esa competencia conforme al régimen estatutario aplicable.
En segundo lugar, corresponde examinar si el acuerdo adoptado por siete votos contra seis satisface las exigencias de formación de voluntad del órgano colegiado. La divergencia entre los fundamentos individuales de los ministros no genera automáticamente un vicio de legalidad, pero puede adquirir relevancia cuando impide identificar una justificación institucional suficiente para la decisión.
En tercer término, resulta necesario establecer si los cuestionamientos administrativos utilizados como fundamento correspondían a antecedentes objetivos de desempeño o si, por su contenido, constituían imputaciones disciplinarias cuya acreditación exigía procedimientos específicos y oportunidades de defensa.
Una facultad legal de no renovación no constituye, por sí sola, una autorización para ejercer potestades públicas de manera arbitraria. Sin embargo, tampoco puede transformarse toda decisión desfavorable sobre continuidad funcionaria en una sanción disciplinaria encubierta sin demostrar sus elementos jurídicos.
El análisis de proporcionalidad deberá realizarse atendiendo a la naturaleza del nombramiento, la finalidad de la medida, la gravedad de los antecedentes y el margen de decisión que la normativa reconozca al Pleno.
Finalmente, la orden de no innovar dictada por la Corte de La Serena tiene un alcance estrictamente provisional. No anticipa necesariamente el resultado del recurso ni establece responsabilidad personal de la presidenta del tribunal.
La cuestión jurídica de fondo no consiste simplemente en determinar si la Corte de Valparaíso podía decidir la salida de su administrador, sino en establecer si ejerció esa potestad dentro de los límites de competencia, racionalidad, fundamentación y garantías exigibles a un órgano del Estado.
Desde esa perspectiva, el pronunciamiento definitivo podrá aportar criterios relevantes sobre el control judicial de decisiones de administración interna del Poder Judicial y sobre la separación entre evaluación funcionaria y responsabilidad disciplinaria.
Hasta entonces, la controversia permanece abierta y las imputaciones formuladas por las partes deben ser examinadas sin anticipar conclusiones sobre su responsabilidad jurídica.
