Crisis de Ueno Bank: Corte Suprema de Paraguay busca recuperar más de G. 250 millones de fondos judiciales
La Corte Suprema de Justicia de Paraguay informó este jueves 5 de noviembre de 2026 que mantiene pendientes de transferencia 250.448.960 guaraníes provenientes del cobro de tasas judiciales y registrales realizado por Ueno Bank, entidad financiera sometida a un procedimiento de resolución por disposición del Banco Central del Paraguay.
Los recursos corresponden a pagos efectuados por usuarios del sistema judicial durante los días 2 y 3 de noviembre de 2026, cuyos montos todavía no habían sido transferidos a la institución conforme al contrato suscrito con el banco.
La situación se produce en medio de la crisis de Ueno Bank, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el inicio de un procedimiento de resolución tras detectar un deterioro significativo de los indicadores de solvencia de la entidad.
Ante este escenario, la máxima instancia judicial paraguaya anunció que realizará las gestiones necesarias para procurar la recuperación de los recursos públicos pendientes, incluyendo la eventual ejecución de una garantía contractual.
El organismo también confirmó que los cobros de tasas judiciales mediante Ueno Bank permanecen suspendidos, mientras continúan disponibles otras entidades financieras habilitadas.
Corte Suprema confirma más de G. 250 millones pendientes de transferencia
De acuerdo con la información oficial difundida por el Poder Judicial paraguayo, los montos pendientes corresponden a dos jornadas de recaudación.
El 2 de noviembre de 2026, Ueno Bank recibió G. 248.441.083 por concepto de tasas judiciales y registrales, mientras que el 3 de noviembre se registraron otros G. 2.007.877.
En conjunto, la suma pendiente de transferencia alcanza G. 250.448.960, según los antecedentes entregados por la Corte Suprema.
Estos recursos corresponden a ingresos asociados a trámites y servicios judiciales que debían ser transferidos conforme a las obligaciones establecidas entre la institución y la entidad bancaria.
La Corte no ha informado que los fondos se encuentren definitivamente perdidos, sino que permanecen pendientes de transferencia y serán objeto de gestiones de recuperación.
¿Qué medidas adoptará el Poder Judicial?
La institución anunció que recurrirá a las instancias competentes para procurar la recuperación de los montos correspondientes.
Asimismo, indicó que podría ejecutar la garantía de fiel cumplimiento contemplada en el contrato con Ueno Bank, si las circunstancias lo hacen necesario.
Este tipo de garantía contractual busca respaldar el cumplimiento de determinadas obligaciones asumidas por una entidad frente a otra.
Sin embargo, la comunicación oficial no precisa todavía el plazo previsto para recuperar los recursos ni las condiciones concretas de una eventual ejecución de la garantía.
Banco Central inició procedimiento de resolución de Ueno Bank
La controversia se desarrolla después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, mediante una decisión adoptada el 2 de noviembre de 2026.
Según el comunicado oficial del organismo regulador, la medida se adoptó después de constatar una insuficiencia del índice de solvencia del banco, que se situó por debajo del 50 % del mínimo requerido como consecuencia de ajustes efectuados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
El procedimiento se desarrolla conforme a la Ley N.º 2.334/2003, que regula las garantías de depósitos y los mecanismos de resolución de entidades financieras.
El objetivo declarado por el Banco Central es abordar la situación de la institución de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.
¿Qué significa que un banco entre en resolución?
Un procedimiento de resolución bancaria es un mecanismo legal mediante el cual las autoridades financieras intervienen frente a situaciones graves que comprometen la continuidad o solvencia de una entidad.
Su finalidad es administrar ordenadamente las consecuencias de la crisis, resguardar los derechos que correspondan a los depositantes y reducir los riesgos para el sistema financiero.
La apertura de este procedimiento no significa automáticamente que todos los recursos mantenidos en la entidad sean irrecuperables.
Los mecanismos de recuperación y las eventuales garantías deben examinarse conforme a la legislación y a la situación particular de los fondos involucrados.
Fondo de Garantía de Depósitos: cobertura máxima de G. 228,3 millones
Uno de los aspectos relevantes de la situación es la existencia de límites legales para la protección de depósitos.
La Ley N.º 2.334/2003 establece una cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos equivalente a 75 salarios mínimos por depositante y entidad financiera.
Según la Corte Suprema, el límite vigente corresponde a G. 228.300.000.
El monto que Ueno Bank mantiene pendiente de transferencia al Poder Judicial supera esa cifra.
Sin embargo, no puede concluirse únicamente a partir de esta comparación que una parte determinada de los fondos judiciales esté definitivamente perdida.
El tratamiento concreto dependerá de los mecanismos legales aplicables, de la naturaleza de los recursos y de las acciones de recuperación disponibles.
Nueva ley contempla anticipos de garantía para depositantes
La situación también se desarrolla bajo la reciente Ley N.º 7.745/2026, promulgada para facilitar anticipos de la garantía de depósitos en el contexto de procedimientos de resolución bancaria.
La normativa incorpora un mecanismo que permite adelantar parte de los recursos protegidos a los depositantes que cumplan las condiciones legales.
El anticipo puede alcanzar hasta 40 salarios mínimos, sujeto al saldo neto y a las exclusiones establecidas por la normativa.
Esta medida busca acelerar la entrega de recursos a los beneficiarios habilitados, sin reemplazar necesariamente los demás procedimientos de recuperación.
En el caso particular de los fondos judiciales, la Corte Suprema anunció gestiones ante las instancias competentes, por lo que será necesario conocer cómo se aplicarán los mecanismos correspondientes.
Poder Judicial suspende los pagos de tasas mediante Ueno Bank
Como medida preventiva y operativa, la Corte Suprema de Justicia suspendió desde el 3 de noviembre los cobros de tasas judiciales y registrales canalizados a través de Ueno Bank.
La decisión fue comunicada por la Dirección Financiera del Poder Judicial, dependiente de su Dirección General de Administración y Finanzas.
Esta suspensión busca evitar que nuevos pagos judiciales continúen realizándose mediante una entidad sometida a un procedimiento de resolución.
¿Dónde podrán pagar las tasas los usuarios?
El Poder Judicial confirmó que los usuarios pueden continuar realizando sus pagos mediante las otras cuatro entidades bancarias habilitadas:
Banco Itaú, Banco Basa, Banco Continental y Banco Sudameris.
Por lo tanto, la suspensión afecta al canal de cobro de Ueno Bank, pero no implica la eliminación de las obligaciones de pago de tasas ni la suspensión general de los trámites judiciales.
Los usuarios deberán recurrir a las alternativas oficialmente habilitadas por la institución.
Crisis bancaria también tiene efectos procesales en los tribunales
La resolución de Ueno Bank presenta otra consecuencia relevante para el sistema judicial paraguayo.
El 5 de noviembre, la Corte Suprema difundió una comunicación de la Superintendencia de Bancos dirigida a magistrados, funcionarios y auxiliares de justicia sobre los efectos legales del procedimiento.
Conforme al artículo 16 de la Ley N.º 2.334/2003, quedan interrumpidos los plazos de prescripción, caducidad y otros términos procesales en los juicios en que Ueno Bank sea parte, como demandante o demandado.
Estos plazos volverán a correr desde el día hábil siguiente a la publicación de la resolución del Banco Central que declare concluido el procedimiento de resolución.
La disposición reviste importancia porque la crisis de la institución financiera no solamente afecta depósitos y operaciones bancarias, sino también determinados procesos judiciales en los que participa.
La interrupción prevista por la norma se refiere específicamente a los procedimientos que involucren al banco y no constituye una paralización general de la actividad judicial paraguaya.
La recuperación de fondos judiciales abre un desafío institucional
La situación obliga a distinguir entre la administración de ingresos judiciales, las obligaciones contractuales de una entidad financiera y los mecanismos legales de protección de los recursos.
La existencia de fondos pendientes de transferencia no demuestra, por sí misma, una apropiación ilícita ni establece responsabilidades penales individuales.
Esos aspectos requerirían antecedentes y procedimientos independientes para determinar eventuales infracciones.
Por ahora, la comunicación oficial identifica un monto concreto pendiente y anuncia las medidas que el Poder Judicial adoptará para intentar recuperarlo.
El caso pone de relieve la importancia de contar con mecanismos de fiscalización, garantías contractuales y procedimientos de contingencia cuando instituciones públicas mantienen relaciones financieras con entidades sometidas a dificultades de solvencia.
Conclusión: Corte Suprema busca resguardar recursos del sistema judicial
La confirmación de que más de 250 millones de guaraníes correspondientes a tasas judiciales y registrales permanecen pendientes de transferencia por parte de Ueno Bank incorpora una nueva dimensión institucional a la crisis bancaria de Paraguay.
La Corte Suprema anunció que buscará recuperar los fondos y que, de ser necesario, recurrirá a la garantía de fiel cumplimiento prevista contractualmente.
Paralelamente, el Banco Central mantiene en desarrollo el procedimiento de resolución de la entidad financiera, mientras el Poder Judicial habilitó canales alternativos para evitar nuevas operaciones mediante el banco afectado.
El aspecto fundamental será determinar cuánto dinero puede recuperarse, mediante qué mecanismos y en qué plazo, cuestiones que todavía no han sido resueltas públicamente.
Hasta entonces, los fondos deben describirse como pendientes de transferencia, sin presentarlos como una pérdida definitiva para el Estado paraguayo.
