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Mujer demanda al Hospital Sótero del Río por presunto uso de jeringa utilizada en paciente con VIH

Mujer demanda al Hospital Sótero del Río por presunto uso de una jeringa utilizada en paciente con VIH durante su cesárea.

Viernes 20 Noviembre, 2026 | 14:51Diario Penitenciario
EN ESTA NOTICIAVer contenidos
  1. Un embarazo de alto riesgo y una cesárea de urgencia
  2. La presunta utilización de una jeringa previamente usada
  3. Tratamiento preventivo y suspensión de la lactancia
  4. Demanda por presunta falta de servicio
  5. Un caso que plantea interrogantes sobre la seguridad hospitalaria

Nayarett Rojas presentó una demanda civil por una presunta irregularidad durante la atención de su primer parto, en junio de 2024. Según la acción judicial, habría recibido anestesia mediante una jeringa previamente utilizada en un paciente con VIH, situación que la llevó a someterse a controles médicos y tratamiento preventivo.

Una mujer identificada como Nayarett Rojas interpuso una demanda contra el Hospital Sótero del Río, ante el Primer Juzgado Civil de Puente Alto, por una presunta falta de servicio durante la atención médica del nacimiento de su primer hijo, ocurrido en junio de 2024.

La acción judicial, presentada por el abogado Gonzalo Capella Sepúlveda, sostiene que durante una intervención obstétrica se habría utilizado una jeringa previamente empleada en otro paciente que vivía con VIH.

La demandante afirma que esta situación le provocó un profundo estado de incertidumbre respecto de su salud, la necesidad de someterse a tratamiento preventivo y dificultades para alimentar a su hijo mediante lactancia materna.

Los tres exámenes de VIH mencionados en la demanda, realizados entre junio y agosto de 2024, habrían arrojado resultados negativos.

Un embarazo de alto riesgo y una cesárea de urgencia

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la demanda, Rojas realizó sus controles prenatales en el Hospital Sótero del Río, donde su embarazo fue catalogado como de alto riesgo debido a patologías preexistentes.

El equipo médico habría recomendado inducir el parto durante la semana 38 de gestación para reducir el riesgo de desarrollar preeclampsia, una complicación del embarazo asociada a hipertensión arterial y posibles daños en distintos órganos.

La mujer ingresó al establecimiento el 15 de junio de 2024. Sin embargo, el proceso de parto presentó dificultades y se prolongó hasta la madrugada del 17 de junio, cuando fue necesario realizar una cesárea de urgencia.

Según el escrito judicial, durante la intervención recibió inicialmente anestesia raquídea, pero posteriormente comenzó a experimentar dolores intensos.

Ante esta situación, la anestesióloga habría determinado la necesidad de administrar anestesia general.

La presunta utilización de una jeringa previamente usada

La demanda señala que, horas después del nacimiento de su hijo, personal del hospital informó a la paciente sobre una presunta irregularidad ocurrida durante el procedimiento.

De acuerdo con su relato, al no encontrar una jeringa solicitada en el pabellón, personal médico habría acudido a otra sala y retirado una que ya había sido utilizada en otro paciente.

Posteriormente, se le habría comunicado que dicho paciente vivía con VIH.

El escrito sostiene que el establecimiento le informó que la carga viral de esa persona era inferior a 20, por lo que el riesgo de transmisión sería muy bajo.

Sin embargo, estos antecedentes forman parte de las afirmaciones contenidas en la demanda y no constituyen, por sí solos, una determinación judicial sobre lo sucedido.

Tratamiento preventivo y suspensión de la lactancia

Tras conocer la situación denunciada, Rojas se sometió a exámenes destinados a detectar o descartar una eventual infección por VIH.

Según la demanda, los tres controles realizados entre junio y agosto de 2024 entregaron resultados negativos.

La mujer también inició un tratamiento de profilaxis posexposición, una medida preventiva utilizada después de determinadas situaciones de posible contacto con el virus.

La acción judicial señala que recibió medicamentos durante aproximadamente 30 días.

Uno de los aspectos centrales de su reclamación corresponde a las consecuencias que atribuye al episodio en la alimentación de su hijo.

De acuerdo con el relato, la paciente extrajo leche materna durante tres meses, pero posteriormente recibió una indicación médica de suspender esa práctica.

Como consecuencia, sostiene que no pudo alimentar a su bebé con leche materna y debió recurrir a fórmulas infantiles.

Demanda por presunta falta de servicio

La acción presentada ante el Primer Juzgado Civil de Puente Alto sostiene que los hechos habrían provocado un daño moral indemnizable.

En términos jurídicos, la falta de servicio se refiere a un funcionamiento deficiente, tardío o inexistente de un servicio público, cuya eventual responsabilidad debe determinarse a partir de los antecedentes y pruebas del proceso.

La demandante atribuye al establecimiento hospitalario las consecuencias emocionales y personales que afirma haber experimentado después del procedimiento.

El relato también señala que se inició un sumario administrativo y que la funcionaria involucrada fue desvinculada.

No obstante, los antecedentes disponibles no permiten establecer el resultado completo de esa investigación administrativa ni si existe una sentencia civil que determine responsabilidad del hospital.

Un caso que plantea interrogantes sobre la seguridad hospitalaria

La controversia judicial pone el foco en los protocolos de manejo de insumos clínicos, la prevención de exposiciones a agentes infecciosos y la información que reciben los pacientes frente a posibles incidentes asistenciales.

También plantea la necesidad de distinguir entre una exposición potencial al VIH y una infección efectivamente diagnosticada.

En este caso, los resultados negativos informados en la demanda son un antecedente relevante, aunque no permiten, por sí solos, reconstruir la totalidad del seguimiento médico posterior.

La resolución de la controversia dependerá de la valoración judicial de los antecedentes clínicos, las pruebas aportadas por las partes y los argumentos sobre la eventual falta de servicio.

Hasta que exista una decisión judicial que establezca responsabilidades, los hechos descritos deben entenderse como parte de las alegaciones formuladas por la demandante.

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