Agresiones a conductores de buses, transporte escolar y aplicaciones podrían recibir penas más severas
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados propone modificar el Código Penal chileno para incorporar una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal aplicable a delitos cometidos contra conductores del transporte público, escolar y de vehículos que prestan servicios mediante aplicaciones tecnológicas.
La iniciativa, encabezada por el diputado Javier Olivares, cuenta con el patrocinio de los parlamentarios Patricio Briones, Flor Contreras, Paula Olmos, Alex Nahuelquín, Pier Karlezi, Daniel Valenzuela, Álvaro Jofré, Fabián Ossandón y Claudia Mora.
El proyecto busca reforzar la protección de quienes trabajan trasladando pasajeros, considerando su exposición a robos, amenazas, agresiones físicas y otras situaciones de violencia.
La propuesta, identificada con el Boletín N.º 18.696-07, ingresó el 11 de septiembre de 2026 y se encuentra en su primer trámite constitucional.
¿Qué propone el proyecto para proteger a los conductores?
El texto plantea incorporar un nuevo numeral 27 al artículo 12 del Código Penal, que regula las circunstancias agravantes generales de responsabilidad penal.
La modificación permitiría considerar como agravante la comisión de delitos contra conductores del transporte público, escolar y de aplicaciones tecnológicas, cuando estos se encuentren desempeñando sus funciones o cuando el delito se cometa por motivos relacionados con ellas.
En términos sencillos, una agresión contra un conductor podría recibir un tratamiento penal más severo si el tribunal determina que se cumplen los requisitos establecidos por la ley.
La iniciativa no crea un delito completamente nuevo ni fija una pena única para todas las agresiones. Su objetivo es incorporar una circunstancia adicional que los tribunales deban considerar al determinar la sanción aplicable, conforme a las reglas del Código Penal.
Buses, taxis colectivos, transporte escolar y aplicaciones
La propuesta contempla la protección de diferentes trabajadores del transporte remunerado de pasajeros.
Entre ellos figuran conductores de buses urbanos, taxis colectivos, furgones escolares y vehículos que operan mediante plataformas tecnológicas.
Para delimitar el alcance de la agravante, el proyecto hace referencia a la Ley de Tránsito y a la Ley N.º 21.553, que regula las Empresas de Aplicaciones de Transporte.
La protección estaría vinculada al ejercicio de las labores de conducción o a situaciones que tengan una relación directa con ellas.
Por ejemplo, si un conductor fuera agredido durante un recorrido debido a una disputa con un pasajero, el tribunal podría evaluar la aplicación de la nueva agravante, siempre que el delito y sus circunstancias quedaran acreditados.
Lo mismo podría ocurrir frente a una agresión motivada por el trabajo del conductor, aunque no se produzca exactamente mientras se encuentra trasladando pasajeros.
Los antecedentes de violencia citados por los parlamentarios
Los autores fundamentan la iniciativa en la exposición a hechos de violencia que enfrentan trabajadores del transporte de pasajeros.
Entre los antecedentes mencionan un estudio de 2023 del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), que consideró la participación de 1.820 conductores del sistema RED Movilidad.
Según las cifras citadas en la moción, más de mil trabajadores señalaron desempeñarse en sectores con altos niveles de robos, mientras que cerca de novecientos identificaron zonas donde se registraban agresiones recurrentes.
El proyecto también menciona que, en marzo de 2025, se habían identificado 131 zonas consideradas de alto riesgo en Santiago.
Estos antecedentes son utilizados por los parlamentarios para argumentar que los conductores enfrentan condiciones de vulnerabilidad durante su actividad laboral.
Sin embargo, corresponde precisar que las cifras citadas describen antecedentes de riesgo y percepciones o experiencias de los participantes, y no representan necesariamente el número de delitos denunciados o judicialmente acreditados.
Agresiones contra trabajadores en distintas regiones
La moción también recoge episodios de violencia ocurridos fuera de Santiago.
Entre los casos mencionados figura una agresión registrada en abril de 2026 en San Pedro de la Paz, Región del Biobío.
Otro antecedente corresponde a asaltos armados contra conductores en Quintero, Región de Valparaíso, hechos que llevaron al sindicato de buses Sol del Pacífico a evaluar medidas de paralización.
También se menciona la golpiza sufrida en septiembre de 2026 por un conductor de 73 años en Temuco, Región de La Araucanía, quien tenía más de cuatro décadas de experiencia laboral.
Los parlamentarios consideran que estos episodios evidencian la necesidad de evaluar una respuesta legislativa de alcance nacional.
¿Qué establece actualmente el Código Penal?
El artículo 12 del Código Penal chileno contempla diferentes circunstancias agravantes que pueden influir en la determinación de la responsabilidad y de la pena.
Estas disposiciones permiten considerar determinadas características del hecho delictivo, su ejecución y otras circunstancias previstas por la legislación.
No obstante, la normativa no contempla actualmente una agravante general formulada específicamente para todos los delitos cometidos contra conductores del transporte público, escolar y de aplicaciones por motivos vinculados con sus funciones.
La iniciativa pretende incorporar esa condición en el catálogo general del artículo 12.
La modificación tendría un alcance más amplio que una norma destinada exclusivamente a sancionar lesiones, ya que podría operar respecto de distintos delitos en los que concurran las condiciones establecidas.
Su aplicación concreta dependería de las normas penales pertinentes y de la valoración judicial de cada caso.
El antecedente de la Ley Consultorio Seguro
Los autores también hacen referencia a la Ley N.º 21.188, conocida como Ley Consultorio Seguro, que incorporó medidas destinadas a reforzar la protección de trabajadores de la salud y de la educación frente a determinadas conductas violentas.
La experiencia es citada como antecedente de una política legislativa que reconoce condiciones especiales de exposición a hechos de violencia en determinados trabajos.
Bajo esa lógica, los promotores de la iniciativa sostienen que quienes prestan servicios de transporte de pasajeros también cumplen una función relevante para la comunidad y enfrentan riesgos asociados directamente a su ocupación.
Sin embargo, una mayor protección penal no sustituye otras medidas preventivas, como la seguridad en recorridos, los protocolos frente a agresiones y la coordinación entre operadores de transporte y autoridades.
Experiencias internacionales consideradas en el proyecto
La fundamentación legislativa incorpora referencias a sistemas jurídicos extranjeros.
En Italia, determinados supuestos de violencia contra trabajadores vinculados a servicios públicos pueden recibir un tratamiento penal particular.
En Estados Unidos, algunas jurisdicciones, como Nueva York y Ohio, contemplan disposiciones específicas respecto de agresiones contra trabajadores del transporte.
Por su parte, en Alemania, estas conductas pueden ser sancionadas mediante normas generales sobre lesiones y otras disposiciones penales aplicables a circunstancias específicas.
Las referencias son utilizadas por los autores como ejemplos comparados, aunque los regímenes jurídicos extranjeros tienen estructuras y requisitos diferentes de los establecidos en Chile.
¿La nueva agravante aumentará automáticamente las penas?
No necesariamente.
Una agravante es una circunstancia legal que puede influir en la determinación de la sanción dentro de las reglas aplicables al delito.
Para que opere, debe acreditarse su concurrencia en el caso concreto y considerarse las reglas generales sobre circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.
Por ello, la aprobación del proyecto no significaría que toda agresión contra un conductor genere automáticamente una pena específica de cárcel o un aumento idéntico en todos los casos.
La legislación deberá aplicarse teniendo en cuenta el delito cometido, sus circunstancias y las normas correspondientes.
Además, mientras el proyecto no sea aprobado y entre en vigor, las conductas continuarán sujetas al marco penal actualmente vigente.
¿En qué etapa se encuentra la iniciativa?
La moción ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el 11 de septiembre de 2026.
El 30 de septiembre fue remitida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Posteriormente, el 21 de octubre se registró un oficio relacionado con la decisión de remitir el proyecto a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Al 27 de octubre de 2026, el proyecto permanece en su primer trámite constitucional y no registra aprobación definitiva.
Por tanto, todavía debe avanzar en su discusión legislativa antes de que la agravante pueda incorporarse al Código Penal.
Conclusión: seguridad laboral y protección penal en el transporte
La propuesta parlamentaria busca abordar una preocupación vinculada con la seguridad de trabajadores que desempeñan funciones esenciales para la movilidad cotidiana.
Las agresiones contra conductores no solo pueden afectar su integridad física y psicológica, sino también interrumpir servicios utilizados por estudiantes, trabajadores y otras personas que dependen del transporte de pasajeros.
La incorporación de una agravante penal pretende reconocer esa exposición particular y permitir que los tribunales la consideren al momento de determinar las sanciones.
No obstante, el debate legislativo también deberá examinar la proporcionalidad de las penas, la delimitación de los casos comprendidos y la relación de esta medida con las políticas de prevención de la violencia.
La eficacia de una eventual reforma dependerá tanto de su claridad jurídica como de su integración con estrategias de seguridad que protejan a los conductores y permitan mantener la continuidad del transporte de pasajeros.
Por ahora, el proyecto permanece en discusión y su contenido podría experimentar modificaciones durante la tramitación parlamentaria.
