Reforma constitucional busca crear Comando Conjunto para dirigir operaciones militares en Chile
Una reforma constitucional para crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inició su tramitación en el Senado con el objetivo de fortalecer la coordinación estratégica de las operaciones militares en Chile.
La iniciativa, correspondiente al Boletín N.º 18.777-07, fue presentada el 23 de octubre de 2026 por los senadores Paulina Núñez, Iván Flores, Gastón Saavedra, Cristian Vial y Matías Walker.
El proyecto busca transformar el actual Estado Mayor Conjunto (EMCO) en una estructura permanente de planificación y conducción estratégica, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y sujeta a la autoridad del Presidente de la República.
La propuesta contempla una reorganización de responsabilidades entre los mandos institucionales y el mando encargado de coordinar operaciones que involucren a distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
¿Qué cambiaría con el Comando Conjunto?
Actualmente, el Estado Mayor Conjunto desempeña funciones de asesoría y planificación militar. Sin embargo, los autores de la reforma consideran necesario establecer expresamente en la Constitución una estructura que permita dirigir estratégicamente las operaciones conjuntas.
El nuevo organismo tendría como objetivo coordinar fuerzas y capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cuando deban actuar conjuntamente en misiones dispuestas por el Ejecutivo.
Según el texto de la iniciativa, el Comandante del Comando Conjunto ejercería el mando operacional de las fuerzas asignadas a esas operaciones.
Diferencia entre mando institucional y mando operacional
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la separación de responsabilidades.
Los comandantes en jefe de las respectivas instituciones conservarían sus atribuciones vinculadas a la preparación, organización y desarrollo de sus fuerzas.
En cambio, el Comandante del Comando Conjunto asumiría responsabilidades operacionales sobre las unidades que fueran destinadas a misiones conjuntas.
Esta distinción busca facilitar la coordinación entre instituciones militares sin eliminar sus mandos propios.
Estados de excepción, fronteras e infraestructura crítica
La reforma también tendría implicancias para las operaciones militares desarrolladas en situaciones especiales de seguridad nacional.
Entre los escenarios considerados se encuentran los estados de excepción constitucional, el resguardo de infraestructura crítica y el control de zonas fronterizas.
En estas circunstancias, los jefes de la Defensa Nacional y otros mandos militares quedarían sujetos a la conducción estratégica del Comandante del Comando Conjunto respecto de las fuerzas asignadas.
No obstante, conservarían las responsabilidades operacionales correspondientes a sus respectivas jurisdicciones.
La iniciativa pretende establecer una coordinación superior para operaciones que puedan involucrar simultáneamente unidades de distintas instituciones y territorios.
Este diseño también plantea un desafío jurídico: precisar los límites entre el mando estratégico centralizado y las atribuciones de los mandos territoriales, evitando superposiciones de competencias.
Ciberdefensa y vigilancia estratégica
Otro de los componentes relevantes de la propuesta es la incorporación de funciones relacionadas con la vigilancia estratégica y la ciberdefensa.
El proyecto contempla que una ley orgánica constitucional establezca la organización y las atribuciones específicas del nuevo organismo.
Entre las materias que deberían regularse figuran sus capacidades de anticipación y respuesta frente a amenazas, incluidas aquellas que puedan originarse en el ciberespacio.
Estas disposiciones buscan adaptar la planificación de la defensa a riesgos que no se limitan a las operaciones militares tradicionales.
La definición concreta de las facultades, responsabilidades y mecanismos de coordinación dependería de la legislación que se apruebe posteriormente.
¿Cómo sería designado el comandante?
La reforma propone que la máxima autoridad del Comando Conjunto sea nombrada por el Presidente de la República.
La designación se realizaría entre oficiales generales que cumplan los requisitos establecidos en la iniciativa y en la legislación correspondiente.
El comandante debería ostentar el grado de General de Ejército, Almirante o General del Aire.
Su período de funciones sería de cuatro años, sin posibilidad de ser designado para un nuevo período.
Además, la propuesta contempla un régimen de inamovilidad, sin perjuicio de la facultad presidencial para disponer el retiro anticipado mediante decreto fundado y previa información al Congreso Nacional.
Continuidad del Estado Mayor Conjunto
Las disposiciones transitorias plantean que el actual Estado Mayor Conjunto pase a denominarse Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el propósito de asegurar la continuidad de las funciones institucionales.
De aprobarse la reforma en los términos propuestos, el Ejecutivo dispondría de 90 días desde su publicación para designar al comandante titular.
Durante ese período, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto asumiría interinamente la conducción del nuevo organismo.
Asimismo, el Presidente tendría un plazo de seis meses para presentar los proyectos de ley necesarios para adecuar la legislación vigente a la nueva estructura constitucional.
Estos plazos son parte de la propuesta legislativa y todavía no han comenzado a correr.
¿En qué etapa se encuentra la reforma?
El proyecto permanece en su primer trámite constitucional en el Senado.
Los registros legislativos dan cuenta de su envío a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con posterior revisión prevista por la Comisión de Defensa Nacional.
La propuesta aún debe superar las distintas etapas de discusión y votación parlamentaria antes de que pueda convertirse en una modificación constitucional vigente.
Una reorganización que abre debate sobre el mando militar
La creación del Comando Conjunto apunta a fortalecer la coordinación entre las Fuerzas Armadas y establecer responsabilidades más definidas en las operaciones conjuntas.
Sin embargo, su discusión también exigirá examinar las relaciones entre la autoridad presidencial, el Ministerio de Defensa, los comandantes en jefe y los mandos desplegados en el territorio.
La importancia de la reforma no radica únicamente en cambiar el nombre del Estado Mayor Conjunto, sino en definir constitucionalmente cómo se planifican, coordinan y conducen operaciones militares que involucran a distintas instituciones.
Por ahora, el proyecto constituye una propuesta legislativa en discusión. Su alcance definitivo dependerá de la tramitación parlamentaria y de las normas complementarias que eventualmente sean aprobadas.
