Abogado negoció a espaldas de sus clientes y recibió $370 millones: tribunal lo condena
El Undécimo Juzgado Civil de Santiago condenó al abogado Arturo Cristián Correa Cuevas a indemnizar a antiguos clientes, luego de establecer que incurrió en un grave incumplimiento de sus obligaciones contractuales al negociar acuerdos sin autorización previa e informada de sus representados, en el contexto de demandas contra la Compañía General de Electricidad (CGE) por los daños asociados a los incendios forestales de 2016 y 2017.
La resolución, dictada en la causa rol C-3.630-2023 por el juez Patricio Hernández Jara, estableció que el profesional priorizó sus intereses económicos durante una negociación global que contempló el cierre de 13 causas civiles y acuerdos ambientales.
Según el fallo, la actuación del abogado permitió concretar acuerdos con importantes reducciones respecto de las indemnizaciones originalmente demandadas, mientras que el profesional recibió directamente $370 millones mediante una escritura pública de finiquito del 3 de julio de 2020.
La sentencia concluyó que existió un incumplimiento grave e injustificado de los deberes de lealtad, diligencia, información y buena fe contractual.
Incendios forestales y demandas millonarias contra CGE
El conflicto se originó en las acciones civiles presentadas por propietarios de predios afectados por los incendios forestales ocurridos durante el período 2016-2017 en la Región de O’Higgins.
Los demandantes buscaban obtener reparación económica por los daños sufridos en sus propiedades, entre ellas terrenos ubicados en la comuna de Peralillo.
Para desarrollar estas acciones contrataron los servicios profesionales de Arturo Correa Cuevas, quien asumió su representación judicial frente a CGE.
Entre los clientes mencionados en la sentencia se encontraban Rodolfo Förster, Raúl Cabello y Luis Riveros, cuyas demandas originales solicitaban indemnizaciones de considerable magnitud.
Los montos fueron determinados en las acciones judiciales patrocinadas por el propio abogado, tomando como respaldo informes privados de valorización elaborados por el agrónomo Raimundo Pérez Donoso.
Las indemnizaciones originales que buscaban los afectados
De acuerdo con la sentencia, las pretensiones económicas inicialmente planteadas fueron las siguientes:
Rodolfo Förster: $2.241.870.000.
Raúl Cabello: $408.400.000.
Luis Riveros: $200.000.000.
En conjunto, estas demandas contemplaban pretensiones por más de $2.850 millones.
Es importante precisar que estas cantidades correspondían a los montos solicitados en los juicios originales, no a indemnizaciones que hubiesen sido reconocidas definitivamente por los tribunales.
El juez destacó que las expectativas económicas de los demandantes habían sido promovidas por su propio representante, quien elaboró las demandas y respaldó técnicamente las cifras reclamadas.
Negociaciones sin autorización: el incumplimiento establecido por el tribunal
Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue la determinación de que el abogado celebró acuerdos sin obtener previamente la autorización explícita e informada de tres de sus clientes.
La sentencia establece que Correa Cuevas participó en una negociación conjunta que involucraba 13 causas civiles y acuerdos ambientales, con intervención de la liquidadora Graham Miller Ltda. y la firma DAC Beachcroft Chile Ltda.
Durante esas tratativas, se aceptaron reducciones de entre el 80% y el 90% respecto de las pretensiones originales.
El tribunal consideró que tales rebajas carecían de una justificación razonable en los términos examinados en la causa.
Los clientes conocieron los acuerdos después de su celebración
El fallo estableció que el abogado no obtuvo autorización previa de Rodolfo Förster, Raúl Cabello ni Luis Riveros antes de la firma de las escrituras públicas del 30 de abril de 2019, celebradas ante la Notaría Raby.
Posteriormente, los días 2 y 3 de mayo de ese año, se ingresaron escritos de desistimiento en los respectivos tribunales.
Según la resolución, los representados fueron informados sobre las sumas acordadas recién durante los meses de mayo, junio y julio de 2019, cuando fueron citados para recibir los vales vista correspondientes.
Esta secuencia fue fundamental para el razonamiento judicial.
El tribunal entendió que presentar una negociación ya concretada no equivalía a solicitar el consentimiento previo de quienes habían encomendado al profesional la defensa de sus intereses.
Los $370 millones recibidos directamente por el abogado
La sentencia también examinó el interés económico del profesional en el cierre de los litigios.
El tribunal estableció que Correa Cuevas recibió directamente $370.000.000 de CGE, mediante una escritura pública de finiquito fechada el 3 de julio de 2020.
En su razonamiento, el juez consideró que la obtención concentrada de honorarios fue un factor determinante en la conducta del abogado.
La resolución sostuvo que el profesional había subordinado los intereses individuales de sus representados a la concreción de una negociación global que favorecía sus propios intereses económicos.
Esta circunstancia configuró, según la sentencia, un conflicto entre los deberes del abogado hacia sus clientes y el beneficio personal asociado a los acuerdos.
Una negociación que también ha sido investigada por otros hechos
El caso de Correa Cuevas ha sido objeto de investigaciones periodísticas anteriores.
En diciembre de 2024, BioBioChile, a través de su unidad de investigación, publicó antecedentes de un acuerdo global por aproximadamente $5.000 millones con CGE.
De acuerdo con ese reportaje, los ingresos atribuidos al profesional en el conjunto de las operaciones alcanzaron $2.870 millones, compuestos por $2.500 millones en honorarios relacionados con demandas particulares y otros $370 millones vinculados a representación en demandas ambientales.
Posteriormente, el medio informó sobre acciones del Servicio de Impuestos Internos e investigaciones penales relacionadas con esos ingresos.
Estas investigaciones corresponden a procedimientos diferentes del juicio civil que motiva la presente noticia. Las acusaciones tributarias o penales deben examinarse separadamente, respetando la presunción de inocencia y sin interpretar la condena civil como una sentencia penal.
El deber de lealtad: por qué el abogado incumplió sus obligaciones
La sentencia invocó disposiciones del Código Civil chileno y normas del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados.
Entre las normas relevantes figura el artículo 1546 del Código Civil, que establece el principio de buena fe en la ejecución de los contratos.
Este principio significa que las partes no solo deben cumplir lo expresamente pactado, sino también las obligaciones que se desprenden de la naturaleza de la relación contractual.
En el caso de la representación de un cliente, el tribunal consideró especialmente relevantes los deberes de lealtad, diligencia y transparencia.
La resolución también citó los artículos 2131, 2147 y 2155 del Código Civil, vinculados con el mandato, los límites de la representación, los conflictos de intereses y la obligación de rendir cuentas.
El juez concluyó que el abogado incumplió estos deberes al concretar acuerdos sin consultar previamente a sus representados y al favorecer sus propios intereses económicos.
¿Por qué los finiquitos posteriores no demostraron autorización?
Otro punto importante de la sentencia fue el análisis de los documentos firmados por los clientes después de los acuerdos.
El tribunal examinó los recibos y finiquitos privados suscritos posteriormente a las negociaciones.
De acuerdo con su razonamiento, estos instrumentos permitían acreditar que las personas habían recibido determinadas sumas de dinero.
Sin embargo, no demostraban que los clientes hubiesen autorizado previamente los acuerdos ni la reducción de sus pretensiones indemnizatorias.
La distinción es fundamental desde el punto de vista jurídico.
Recibir un pago después de una negociación no prueba necesariamente que una persona haya conocido y aprobado anticipadamente todos sus términos.
En este caso, el tribunal determinó que no existía autorización previa, explícita e informada de los tres representados mencionados.
La responsabilidad contractual y el deber de información
La sentencia estableció que el profesional incumplió de manera grave e injustificada las obligaciones asumidas al representar a sus clientes.
El juez consideró especialmente relevante que el propio abogado hubiese elaborado las demandas originales, establecido los montos solicitados y respaldado las pretensiones mediante antecedentes técnicos.
Desde esa perspectiva, la posterior decisión de reducir considerablemente las cantidades exigidas, sin obtener autorización previa de los afectados, resultó incompatible con la buena fe contractual.
La resolución también destacó la obligación de informar oportunamente sobre las gestiones realizadas durante un mandato.
Este deber adquiere particular importancia cuando las decisiones pueden comprometer o extinguir pretensiones económicas de los representados.
Tribunal condena al abogado a indemnizar a sus antiguos clientes
Sobre la base de los antecedentes examinados, el Undécimo Juzgado Civil de Santiago acogió la responsabilidad contractual del profesional y lo condenó al pago de una indemnización a sus antiguos clientes.
La información difundida por el Poder Judicial no precisa el monto exacto de la indemnización concedida, por lo que esta debe distinguirse de los $370 millones que el abogado recibió directamente de CGE.
Tampoco corresponde afirmar, sin verificar el expediente actualizado, que la sentencia se encuentra ejecutoriada o que las indemnizaciones ya fueron pagadas.
El fallo constituye un pronunciamiento relevante sobre las obligaciones que surgen de la relación contractual entre un abogado y sus representados.
Conclusión: la representación judicial exige lealtad y consentimiento informado
La resolución del Undécimo Juzgado Civil de Santiago aborda una dimensión esencial del ejercicio profesional del derecho: la confianza depositada por los clientes en quienes asumen su representación.
El caso demuestra que las facultades de negociación de un abogado deben ejercerse respetando los límites del mandato, los deberes de información y los intereses de sus representados.
El tribunal concluyó que estos deberes fueron incumplidos gravemente al celebrarse transacciones sin autorización previa, junto con un conflicto de intereses asociado a los beneficios económicos obtenidos por el profesional.
La sentencia refuerza la importancia de la transparencia, la buena fe contractual y la autorización informada cuando una negociación judicial puede comprometer derechos y expectativas patrimoniales de los clientes.
La resolución también pone de relieve que el cumplimiento de las obligaciones de representación no se mide exclusivamente por la obtención de un acuerdo económico, sino por la manera en que este se negocia y por el respeto a los intereses de quienes confiaron su defensa a un profesional.
