Cuba: ex preso político acusa torturas, hacinamiento y represión tras las protestas del 11J

Ex preso político denuncia graves vulneraciones de derechos humanos en cárceles cubanas

El activista, periodista independiente y ex preso político cubano Carlos Michael Morales entregó un extenso testimonio sobre las condiciones que enfrentó durante su encarcelamiento tras participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.

Su relato, difundido por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, describe una realidad marcada por el hacinamiento, la falta de alimentación adecuada, las denuncias de violencia física, el uso recurrente de celdas de aislamiento y una precaria atención médica dentro del sistema penitenciario cubano.

Morales fue condenado a dos años y diez meses de prisión por un supuesto delito de desorden público, sanción que cumplió íntegramente en distintas cárceles de la provincia de Villa Clara.

De las protestas del 11J a una condena de prisión

Según relató, fue detenido tras participar en las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Caibarién durante el denominado 11J, consideradas las mayores protestas registradas en Cuba en décadas.

Inicialmente permaneció en la prisión La Pendiente, en Santa Clara, para posteriormente ser trasladado a otros centros penitenciarios de la provincia.

Morales sostuvo que durante el proceso judicial siempre se declaró inocente y denunció que la acusación por desorden público fue utilizada como mecanismo de represalia por su participación en las protestas y por su activismo político.

Hacinamiento extremo y condiciones sanitarias deficientes

Uno de los aspectos más críticos de su testimonio se refiere a las condiciones de habitabilidad dentro de los recintos penitenciarios.

Según describió, en algunas cárceles convivió con hasta 30 personas en cubículos reducidos, con escasa ventilación y graves deficiencias sanitarias.

El ex preso político afirmó que en varias oportunidades sufrió infecciones intestinales producto de las condiciones higiénicas existentes.

Asimismo, denunció que el acceso al agua era limitado y que, en determinadas ocasiones, los reclusos debían elegir entre utilizarla para asearse o para otras necesidades básicas.

Las restricciones materiales también incluían ropa insuficiente, escasez de productos de higiene personal y condiciones de descanso deficientes.

Denuncias de violencia física y aislamiento

Morales aseguró haber sido víctima de agresiones físicas por parte de funcionarios penitenciarios durante distintos períodos de reclusión.

En su relato menciona presuntos golpes, castigos disciplinarios y permanencias prolongadas en celdas de aislamiento como mecanismos utilizados para sancionar conductas consideradas contestatarias.

También denunció haber permanecido esposado durante largas horas como medida de castigo tras negarse a colaborar con funcionarios vinculados a organismos de seguridad.

Según indicó, algunas de estas situaciones fueron posteriormente denunciadas ante autoridades competentes, sin que se adoptaran medidas sancionatorias contra los responsables.

Huelgas de hambre como forma de protesta

Durante su encarcelamiento, Morales recurrió en varias ocasiones a la huelga de hambre para protestar por las condiciones de detención y denunciar presuntos abusos.

El activista afirmó que estas acciones constituyeron una de las pocas herramientas disponibles para visibilizar su situación y exigir la intervención de autoridades externas.

Asimismo, denunció que durante algunos de estos períodos no recibió una atención médica adecuada pese al deterioro de su estado de salud.

Hambre y desnutrición en el sistema penitenciario

Otro de los puntos más sensibles de su testimonio corresponde a la alimentación entregada en los centros penitenciarios.

Morales sostuvo que las raciones eran insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los internos y que muchos reclusos dependían exclusivamente de la ayuda enviada por sus familiares.

Según relató, los presos que no contaban con apoyo externo enfrentaban largos períodos sin acceso a alimentos complementarios.

El ex preso político aseguró que la desnutrición era una realidad frecuente dentro de varios recintos penales y recordó el caso de un interno que, según afirmó, se quitó la vida tras enfrentar una situación extrema de hambre.

Falta de atención médica y escasez de medicamentos

La situación sanitaria descrita en el testimonio también apunta a serias dificultades de acceso a prestaciones médicas.

Morales sostuvo que los medicamentos escaseaban y que muchos tratamientos sólo podían ser obtenidos a través de familiares.

Asimismo, denunció que personas con enfermedades graves permanecían privadas de libertad sin recibir licencias extrapenales oportunas ni tratamientos adecuados.

En uno de los episodios relatados, aseguró haber sufrido una fuerte taquicardia mientras se encontraba aislado, sin recibir asistencia inmediata.

Nuevas detenciones y arresto domiciliario

Tras cumplir íntegramente su condena en marzo de 2024, Morales recuperó su libertad.

Sin embargo, apenas dos meses después fue nuevamente detenido por un supuesto delito de desobediencia vinculado a su actividad periodística y de denuncia pública.

Desde julio de 2024 permanece bajo arresto domiciliario, situación que, según denuncia, ha estado acompañada de vigilancia constante y restricciones a su actividad pública.

Contexto internacional sobre derechos humanos en Cuba

Las denuncias sobre las condiciones penitenciarias en Cuba han sido objeto de preocupación permanente por parte de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.

Particularmente después de las protestas del 11J, organismos internacionales han reportado denuncias relacionadas con detenciones, restricciones a la libertad de expresión y procesos judiciales contra activistas, periodistas independientes y opositores políticos.

El testimonio de Morales se suma a una serie de relatos que han contribuido a mantener el debate internacional sobre la situación de los derechos fundamentales dentro de la isla.

Importancia jurídica del caso

Desde una perspectiva jurídica, los hechos denunciados involucran potenciales afectaciones a derechos protegidos por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Las denuncias relativas a condiciones de hacinamiento, falta de atención médica adecuada, violencia física, aislamiento prolongado y restricciones arbitrarias podrían eventualmente ser objeto de análisis bajo estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Conclusión

El testimonio de Carlos Michael Morales constituye una denuncia de especial gravedad respecto de las condiciones penitenciarias y del trato dispensado a quienes participaron en las protestas del 11J en Cuba. Aunque las acusaciones expuestas corresponden a su relato personal y requieren ser examinadas conforme a los mecanismos nacionales e internacionales de verificación, el contenido de sus declaraciones plantea serios cuestionamientos sobre el respeto a los estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Desde una perspectiva jurídica internacional, las denuncias de hacinamiento, violencia física, aislamiento prolongado, falta de atención médica, hambre y eventuales actos de represión política resultan incompatibles con los principios contenidos en diversos instrumentos de derechos humanos que exigen un trato digno y humano para toda persona bajo custodia estatal.

Asimismo, el caso vuelve a situar en el debate internacional la situación de los presos políticos en Cuba, el alcance de las garantías procesales aplicadas tras las protestas del 11J y la necesidad de que existan mecanismos independientes capaces de supervisar las condiciones de detención y garantizar la rendición de cuentas ante eventuales abusos.

La relevancia de este testimonio trasciende la experiencia individual de Morales y se proyecta sobre una discusión más amplia acerca de la protección efectiva de los derechos humanos, la libertad de expresión, el debido proceso y las obligaciones internacionales de los Estados respecto de las personas privadas de libertad.