Fiscalía pide más de 217 años de cárcel contra exmiembros del OS7 Aconcagua

Una investigación que comenzó con movimientos sospechosos registrados dentro del cuartel del OS7 Aconcagua, en San Felipe, terminó transformándose en una de las causas más complejas que enfrenta esa unidad policial.

El Ministerio Público acusa a seis exfuncionarios de Carabineros y un civil de participar en una trama que habría involucrado la sustracción de droga desde dependencias policiales, manipulación de evidencia, procedimientos investigativos cuestionados, pagos a informantes con sustancias incautadas y otras conductas que, según la Fiscalía, configurarían diversos delitos.

La magnitud de la acusación se refleja en las penas solicitadas: sumadas, alcanzan 217 años y 195 días de presidio.

Pero mientras el Ministerio Público sostiene que existe un conjunto de antecedentes que permite acreditar los delitos y la participación de los acusados, las defensas cuestionan el origen mismo de la investigación y aseguran que existen contradicciones relevantes en la forma en que se justificaron las primeras diligencias intrusivas.

El caso deberá ser resuelto finalmente por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe, donde corresponderá valorar la prueba y determinar si las acusaciones superan el estándar necesario para una condena.

La madrugada que abrió la investigación

Uno de los primeros elementos relevantes apareció al revisar las cámaras de seguridad instaladas dentro del propio cuartel del OS7 Aconcagua.

Según los antecedentes de la investigación, los registros correspondientes al 29 de mayo de 2024 permitieron observar movimientos considerados sospechosos alrededor de la sala donde se mantenía droga incautada.

En uno de los registros, el entonces cabo primero Sebastián Cádiz Escobar aparece utilizando guantes de látex y manipulando una bolsa transparente que contenía una sustancia vegetal.

Otros registros muestran al mismo Cádiz junto al entonces funcionario Federico Jerez Matamala trasladando bolsas y sacos hacia el segundo piso del cuartel, lugar que, de acuerdo con los antecedentes incorporados al caso, no estaba destinado al almacenamiento de evidencias.

La Fiscalía sostiene que ambos habrían sustraído una cantidad indeterminada de cannabis y que posteriormente habrían utilizado tierra o arena para reemplazar parte de la droga, con el objetivo de impedir que la diferencia fuese detectada en posteriores pesajes.

La acusación agrega que parte de la droga habría sido posteriormente entregada a otros involucrados.

Un bolso, droga y un vehículo

Otro de los registros mencionados en la investigación corresponde a un momento posterior de aquella misma jornada.

De acuerdo con el análisis efectuado sobre las imágenes, Cádiz salió del cuartel portando un bolso deportivo acompañado por Sergio Aedo Poblete, entonces suboficial y también integrante del OS7 Aconcagua.

Ambos se dirigieron hasta el estacionamiento y, según la acusación, Aedo abrió el maletero de su vehículo mientras Cádiz introducía el bolso en su interior.

La Fiscalía sostiene que estos movimientos forman parte de una secuencia mayor vinculada con la presunta sustracción de evidencia.

Sin embargo, la defensa ha cuestionado la forma en que se llegó a revisar precisamente esas imágenes y, especialmente, cuál fue el verdadero antecedente que originó las primeras diligencias.

Otras diligencias ampliaron el caso

La investigación no quedó circunscrita a las cámaras del cuartel.

Con el avance de las diligencias, el Ministerio Público incorporó interceptaciones telefónicas, micrófonos instalados en vehículos y sistemas de seguimiento GPS, además de otros antecedentes cuya existencia o contenido permanecen parcialmente bajo reserva.

Según la Fiscalía, estos elementos permitieron reconstruir un mecanismo que habría incluido la utilización de personas adictas o en situación de calle para realizar compras de droga que no habrían contado con las autorizaciones correspondientes.

También se investiga la eventual utilización de droga incautada como forma de pago a informantes y la manipulación de determinados procedimientos.

El procedimiento en Rinconada

Uno de los episodios descritos por el Ministerio Público ocurrió el 8 de julio, cuando Sebastián Cádiz y Cindy Cárdenas habrían utilizado a una persona identificada con el apodo de “Moise” para adquirir droga en un domicilio ubicado en el sector Mina Caracoles, en Rinconada.

Según la acusación, posteriormente ambos funcionarios habrían entregado a un fiscal una versión diferente de lo sucedido y obtenido autorización para que Cádiz actuara como agente revelador, en el marco de las facultades investigativas especiales contempladas en la Ley 20.000.

La Fiscalía sostiene que la información proporcionada para obtener aquella autorización no se ajustaba a lo ocurrido.

Posteriormente, Cádiz habría informado que efectuó la diligencia y adquirió droga en dos domicilios, antecedente que permitió solicitar una orden judicial de entrada y registro.

Marihuana, informantes y dinero incautado

Otro de los episodios investigados ocurrió en La Ligua.

Según la Fiscalía, durante ese procedimiento se incautaron oficialmente 2 kilos 589 gramos de marihuana, pero los entonces funcionarios Sebastián Cádiz, Cindy Cárdenas, Federico Jerez y Waldo Berríos habrían apartado una cantidad antes del pesaje.

La droga presuntamente separada habría quedado escondida en un ducto de alcantarillado y posteriormente habría sido retirada por un informante identificado con las iniciales J.S.S.

La tesis del Ministerio Público es que parte de esa sustancia habría sido utilizada como pago por los servicios del informante.

La acusación incorpora además otros episodios.

El 18 de julio, Cádiz habría vuelto a sustraer marihuana desde la sala de evidencias y habría utilizado nuevamente tierra para ocultar la diferencia.

El 20 de agosto, en tanto, Sergio Aedo, Sebastián Cádiz y Álvaro Moraga habrían sustraído pasta base procedente de otro procedimiento.

Según la Fiscalía, Cádiz y Moraga habrían dosificado esa sustancia hasta obtener aproximadamente 400 envoltorios, destinados a diferentes fines ilícitos.

Uno de los usos atribuidos resulta particularmente grave: la Fiscalía sostiene que parte de la droga habría estado destinada a “cargar” o atribuir sustancias a personas investigadas a las que eventualmente no se les encontrara droga al momento de su detención.

La carpeta también incorpora la supuesta realización de nuevas compras de droga mediante personas vulnerables, un informante que mantenía cerca de 70 plantas de cannabis y la presunta sustracción de $510 mil durante el registro de una vivienda.

Según la acusación, ese dinero habría sido distribuido en partes iguales entre Cindy Cárdenas, Sebastián Cádiz y Sergio Aedo, correspondiendo $170 mil para cada uno.

Las penas superan los 217 años

La investigación fue reabierta por 70 días mediante resolución del Juzgado de Garantía de San Felipe.

Posteriormente, el fiscal Benjamín Santibáñez Contreras, integrante de las unidades SACFI y ECOH de la Fiscalía Regional de Valparaíso, presentó una acusación de aproximadamente 30 páginas con las penas que pretende obtener en un eventual juicio oral.

La mayor solicitud corresponde a Sebastián Andrés Cádiz Escobar, ex cabo primero de Carabineros e integrante del OS7 Aconcagua.

Para él, la Fiscalía solicita penas que, sumadas, alcanzan 90 años y 8 días de cárcel, por siete delitos consumados de tráfico ilícito de drogas, un delito de tráfico en grado de tentativa, además de falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, hurto simple y otros ilícitos.

Para Sergio Eduardo Aedo Poblete, exsuboficial, se solicitan 37 años y 3 días de presidio.
En el caso de Cindy Vanessa Cárdenas Benavides, ex cabo primero, la petición alcanza 32 años y 3 días.
Para Federico Eduardo Jerez Matamala, la Fiscalía pide 24 años y 2 días.
En contra de Álvaro Yohani Moraga Miranda, la solicitud llega a 18 años y 1 día.
Para Waldo Antonio Berríos Astete, el Ministerio Público solicita 10 años y 1 día.
Finalmente, el único civil acusado, Juan Pablo Martínez Salinas, arriesga 5 años y 1 día, además de otros 541 días, por delitos vinculados al tráfico de drogas y tráfico de pequeñas cantidades.

La suma de todas esas solicitudes alcanza 217 años y 195 días de presidio.

Fiscalía defiende el volumen de la evidencia

El fiscal Benjamín Santibáñez ha sostenido que la acusación no descansa exclusivamente en las primeras imágenes captadas dentro del cuartel.

Según explicó, el Ministerio Público reunió un “sinnúmero de antecedentes” que, considerados en conjunto, permitirían sostener la existencia de los delitos investigados y presumir la participación de los acusados.

Entre esos elementos aparecen las cámaras de seguridad instaladas previamente en la unidad, otros dispositivos incorporados posteriormente con autorización judicial, micrófonos y sistemas GPS utilizados en vehículos fiscales y particulares.

Sin embargo, el persecutor también ha sido enfático en que la valoración definitiva de esa evidencia corresponderá al tribunal oral.

“Esas pruebas deben ser incorporadas a un juicio oral y será el tribunal competente el que les dará el valor pertinente”, sostuvo Santibáñez.

La precisión es jurídicamente relevante: la presentación de una acusación fiscal y la existencia de múltiples antecedentes investigativos no equivalen a una condena.

La defensa cuestiona el origen de las cámaras

Mientras la Fiscalía sostiene que cuenta con un conjunto amplio de pruebas, la defensa de Sebastián Cádiz y Sergio Aedo abrió un frente distinto: cómo comenzó exactamente la investigación.

El abogado Víctor Contreras cuestiona una eventual contradicción respecto de las razones que llevaron inicialmente a revisar las cámaras del cuartel.

Uno de los antecedentes corresponde a declaraciones atribuidas al teniente Jorge Reyes.

Según la defensa, inicialmente se habría indicado que la revisión de las grabaciones se produjo debido a la presencia reiterada de una persona en bicicleta que merodeaba el cuartel.

Sin embargo, otros antecedentes de la investigación habrían situado como origen de la revisión las diferencias detectadas en los pesajes de droga.

El fiscal Santibáñez reconoció que deberá aclararse esa diferencia.

“Puede ser, yo no lo descarto, puede ser”, señaló respecto de la primera versión, agregando que será el propio funcionario quien deberá explicar ante el tribunal por qué habría entregado una razón en una oportunidad y otra posteriormente.

Defensa presenta querella contra tres carabineros

La controversia escaló posteriormente a una nueva causa.

Los defensores de Sergio Aedo y Sebastián Cádiz presentaron una querella ante el Juzgado de Garantía de San Felipe contra tres funcionarios activos de Carabineros que participaron en las primeras diligencias: el teniente Jorge Barrientos Blanco, el coronel Tulio G. Muñoz Fuentes y el sargento segundo Héctor G. Meza Tapia.

La acción les atribuye, según la tesis de los querellantes, posibles delitos de falsificación ideológica de instrumento público, obstrucción a la investigación mediante antecedentes falsos y alteración de antecedentes por funcionario policial.

Se trata de imputaciones formuladas por la defensa y que deberán ser investigadas y acreditadas en la instancia correspondiente.

El Oficio N°1806

El eje de la querella está puesto en el Oficio N°1806, de 17 de junio de 2024.

Según la defensa, ese documento habría presentado las diferencias detectadas en los pesos de la droga como el antecedente que motivó la revisión de las cámaras.

Los querellantes contraponen esa versión con una declaración anterior del teniente Jorge Reyes, quien habría señalado que la revisión comenzó luego de advertirse la presencia reiterada de una persona en bicicleta frente a la unidad y que solamente después se habrían cotejado las actas de recepción de droga.

Para la defensa, la diferencia no sería meramente cronológica.

La tesis sostenida en la querella apunta a que esa modificación en la secuencia de acontecimientos habría incidido posteriormente en la solicitud de interceptaciones telefónicas, georreferenciación, acceso a cuentas personales y otras técnicas investigativas autorizadas judicialmente.

La disputa por el tribunal que autorizó las primeras diligencias

La defensa también cuestiona la competencia territorial utilizada para obtener aquellas primeras autorizaciones.

Según la querella, si desde el comienzo los hechos hubiesen sido presentados como ocurridos en San Felipe, no habría existido fundamento para recurrir al Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

El documento sostiene que desde ese tribunal se autorizaron durante 60 días diversas medidas intrusivas respecto de los entonces investigados.

La defensa pretende determinar ahora si las circunstancias que dieron origen a esas autorizaciones fueron expuestas correctamente ante la judicatura.

Víctor Contreras resumió la posición de sus representados señalando:

“Casi dos años de prisión preventiva. Y cero. Cero gramos de droga incautada a mis representados. Ni uno solo”.

El abogado sostiene además que, si la información utilizada para obtener las primeras órdenes fuera finalmente establecida como falsa, ello podría afectar la discusión sobre la legalidad y valoración de determinadas diligencias posteriores.

La defensa pide reconstruir cómo se elaboró la investigación

La querella solicita diversas diligencias destinadas a reconstruir la elaboración del cuestionado Oficio N°1806.

Entre ellas se encuentran la obtención de borradores, correos electrónicos y versiones anteriores del documento, además de peritajes sobre archivos digitales y metadatos.

También solicita nuevas declaraciones, interrogatorios a los funcionarios querellados y la revisión de comunicaciones entre el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

La defensa busca además determinar quiénes tuvieron acceso a la carpeta digital de la causa y qué documentos fueron consultados o modificados.

A ello se suma otro elemento planteado por Contreras: la existencia de un disco duro que, según su versión, contiene conversaciones relevantes para sus representados y que todavía no habría sido entregado a la defensa.

El abogado aseguró que inicialmente se les habría informado que el dispositivo estaba extraviado y posteriormente que había sido encontrado. Según señaló, esa situación motivó un recurso de amparo y podría derivar en nuevas acciones judiciales.

Dos investigaciones que ahora avanzan en paralelo

El caso presenta así dos líneas de controversia que deberán desarrollarse en sedes distintas.

Por una parte, el Ministerio Público sostiene que existe evidencia suficiente para llevar a juicio a los acusados por una serie de delitos vinculados al tráfico de drogas, manipulación de evidencia y otras conductas.

Por otra, la defensa busca demostrar que el origen de determinadas diligencias presenta inconsistencias que podrían afectar la forma en que se obtuvieron algunos antecedentes investigativos.

Ambas cuestiones no son necesariamente incompatibles: un tribunal puede analizar la existencia de determinados hechos imputados y, al mismo tiempo, examinar la legalidad, pertinencia y valor probatorio de las diligencias utilizadas para acreditarlos.

Será precisamente el juicio oral el escenario donde deberán confrontarse esas posiciones.

Conclusión

El caso del OS7 Aconcagua concentra una discusión especialmente sensible para el sistema penal: la eventual comisión de delitos por funcionarios encargados de investigar precisamente delitos de drogas y, en paralelo, la obligación del Estado de garantizar que las investigaciones policiales y fiscales se desarrollen dentro de los límites de la ley. La Fiscalía deberá acreditar sus acusaciones con prueba válida y suficiente, mientras las defensas tendrán derecho a controvertir tanto los hechos imputados como la forma en que fueron obtenidos determinados antecedentes. La querella presentada contra policías activos abre, además, una segunda vía de investigación sobre el origen de las primeras diligencias. Ninguna de las dos tesis constituye por sí sola una verdad judicial: será el tribunal competente el que deberá establecer qué hechos quedaron acreditados, qué pruebas resultan válidas y cuál es la eventual responsabilidad penal de cada acusado.