Exjefe de Tránsito de San Gregorio es formalizado por pornografía infantil

Una investigación originada en un sumario administrativo municipal derivó en la formalización de un exfuncionario de la Municipalidad de San Gregorio, en la Región de Magallanes, acusado por la Fiscalía de haber almacenado material pornográfico infantil en un equipo computacional institucional.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó la investigación contra Óscar Arturo Pérez López, exjefe del Departamento de Tránsito del municipio, por el delito consumado de almacenamiento de material pornográfico infantil.

La causa comenzó luego de que antecedentes detectados durante un procedimiento administrativo fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público. Posteriormente, las diligencias investigativas permitieron incautar y someter a peritaje el computador asignado al entonces funcionario.

El análisis forense del dispositivo estableció la existencia de un volumen significativo de archivos que, de acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, correspondían a material que involucraba a niños, niñas y adolescentes en actos de connotación sexual.

Investigación comenzó tras un sumario administrativo

Los antecedentes se remontan a fines de 2022, cuando la Municipalidad de San Gregorio inició un sumario administrativo relacionado con eventuales infracciones al principio de probidad.

En el marco de ese procedimiento se detectó que el funcionario utilizaba un equipo computacional institucional para acceder a contenido sexual explícito con menores de edad, situación que posteriormente fue comunicada a las autoridades persecutoras.

La denuncia formal del municipio fue presentada el 6 de marzo de 2023, dando inicio a una investigación penal que posteriormente quedó a cargo de la Fiscalía.

El Ministerio Público desarrolló distintas diligencias destinadas a establecer el origen, características y cantidad del material almacenado en el dispositivo utilizado por el imputado.

Peritaje detectó 159.396 archivos multimedia

Uno de los principales antecedentes expuestos durante la audiencia corresponde al resultado del análisis forense practicado al computador portátil Lenovo que había sido asignado a Pérez López.

Según los antecedentes de la investigación, los peritos encontraron 159.396 archivos multimedia, entre fotografías y videos, que exhibían a niños, niñas y adolescentes en actos de connotación sexual.

La magnitud del hallazgo constituye uno de los elementos centrales de la investigación penal y deberá ser ponderada por el Ministerio Público durante el período fijado para completar las diligencias.

La existencia de los archivos, su contenido y las circunstancias específicas en que fueron almacenados forman parte de los antecedentes que deberán ser acreditados conforme avance el proceso judicial.

Detención en Villarrica y audiencia telemática

La audiencia de formalización fue encabezada por la magistrada Mónica Mancilla y se desarrolló de manera telemática debido a que el imputado se encontraba en la comuna de Villarrica, donde había sido detenido.

La detención se produjo luego de que se despachara una orden judicial debido a que Pérez López no se había presentado a una citación previa.

Durante la audiencia fue levantada su condición de rebelde y se procedió a comunicar formalmente los cargos investigados por el Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el imputado manifestó que las acusaciones eran falsas e intentó intervenir durante el desarrollo del procedimiento. Tanto la magistrada como su abogado defensor le recomendaron guardar silencio.

Fiscalía solicitó medidas cautelares

La fiscal Wendoline Acuña solicitó la aplicación de medidas cautelares para asegurar la sujeción del imputado al procedimiento durante el desarrollo de la investigación.

El tribunal decretó finalmente arraigo nacional, medida que le impide abandonar el territorio chileno mientras se mantengan las condiciones judiciales correspondientes.

Asimismo, el Juzgado de Garantía estableció un plazo de 120 días para el cierre de la investigación penal.

Tras la audiencia de formalización, el imputado recuperó su libertad, quedando sujeto a la medida cautelar decretada por el tribunal.

Una investigación que deberá acreditar los hechos

La formalización constituye el acto mediante el cual el Ministerio Público comunica al imputado que desarrolla una investigación en su contra por determinados hechos que revisten caracteres de delito. No equivale a una sentencia condenatoria ni determina por sí misma la responsabilidad penal definitiva.

En este caso, la investigación deberá avanzar durante el plazo fijado por el tribunal para establecer las circunstancias relacionadas con el almacenamiento del material, su naturaleza, origen y demás antecedentes relevantes para determinar las eventuales responsabilidades penales.

También deberán cumplirse las distintas etapas procesales antes de que pueda existir una decisión definitiva sobre la responsabilidad del imputado.

Conclusión jurídica y editorial

El caso evidencia cómo una investigación administrativa vinculada al uso de recursos tecnológicos institucionales puede derivar en antecedentes de relevancia penal y activar la intervención del Ministerio Público. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la formalización no permite anticipar culpabilidad: corresponde a la Fiscalía acreditar los hechos investigados y, posteriormente, a los tribunales determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho. Mientras no exista una sentencia condenatoria firme, debe mantenerse plenamente vigente la presunción de inocencia del imputado.