Contraloría revela denuncia por presuntos pagos en Migraciones durante ingreso de niños haitianos a Chile

Contraloría informa denuncia por presuntas irregularidades en trámites migratorios de niños haitianos

La Contraloría General de la República entregó este miércoles un nuevo antecedente que agrega complejidad al debate sobre el ingreso de menores haitianos a Chile mediante procesos de reunificación familiar.

Durante una sesión de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, la contralora Dorothy Pérez informó que el organismo recibió una denuncia que apuntaba a una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones, quien presuntamente habría agilizado la tramitación de documentos migratorios a cambio de pagos.

La revelación se produjo mientras los parlamentarios analizaban el informe final de Contraloría que detectó que el Servicio Nacional de Migraciones aplicó criterios excepcionales sin respaldo legal expreso para autorizar el ingreso de niños haitianos al país.

La denuncia que llegó a Contraloría

Según explicó la contralora, la denuncia recibida por el organismo señalaba que una funcionaria habría intervenido en determinados procedimientos migratorios para acelerar la tramitación documental mediante supuestos pagos efectuados por terceros.

La autoridad precisó que la acusación fue incorporada dentro de las indagaciones realizadas por el ente fiscalizador.

Sin embargo, aclaró que las facultades legales de Contraloría son limitadas cuando los hechos denunciados podrían constituir delitos.

“Había una denuncia que indicaba que una funcionaria habría agilizado la tramitación de documentos migratorios a cambio de pagos”, señaló Pérez durante su exposición ante los diputados.

Contraloría no logró acreditar los hechos denunciados

La contralora fue enfática en señalar que la investigación administrativa desarrollada por el organismo no logró reunir antecedentes suficientes para confirmar la veracidad de la acusación.

Según explicó, las competencias de la Contraloría están orientadas al control administrativo de los órganos del Estado, careciendo de atribuciones equivalentes a las que posee el Ministerio Público en materia de investigación penal.

Por esta razón, el ente fiscalizador concluyó que no contaba con todas las herramientas necesarias para verificar plenamente los hechos denunciados.

No obstante, la inexistencia de prueba suficiente en sede administrativa no implica necesariamente la inexistencia de responsabilidades, cuestión que deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público

Pese a no haber podido acreditar administrativamente la denuncia, la Contraloría informó que los antecedentes recopilados fueron remitidos al Ministerio Público.

La decisión busca que la Fiscalía evalúe la existencia de eventuales ilícitos y determine si corresponde iniciar diligencias investigativas.

En términos jurídicos, la derivación de antecedentes constituye un procedimiento habitual cuando durante una auditoría o investigación administrativa aparecen elementos que podrían revestir carácter penal.

Será ahora el Ministerio Público quien determine si existen méritos suficientes para abrir una causa y desarrollar diligencias orientadas a esclarecer los hechos denunciados.

El informe que cuestionó el proceso de reunificación familiar

La revelación se produjo en el contexto de la revisión del informe final emitido por Contraloría respecto del programa de reunificación familiar de niños haitianos.

La investigación detectó diversas observaciones vinculadas a la coordinación institucional, los mecanismos de control documental y la aplicación de la normativa migratoria vigente.

Uno de los puntos más sensibles del informe fue la constatación de que el Servicio Nacional de Migraciones habría aplicado procedimientos excepcionales sin contar con atribuciones legales expresas para ello.

Esta situación abrió cuestionamientos respecto del cumplimiento del principio de legalidad administrativa en la gestión migratoria desarrollada durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.

Debate político por la gestión migratoria

Las conclusiones del informe han generado una intensa discusión política sobre el actuar del Estado en materia migratoria y sobre los mecanismos utilizados para permitir el ingreso de menores haitianos bajo programas de reunificación familiar.

La controversia también ha puesto atención sobre la gestión desarrollada por el Servicio Nacional de Migraciones durante la administración encabezada por Luis Thayer, particularmente respecto de la flexibilización de requisitos documentales aplicados en algunos procedimientos.

Diversos sectores han solicitado esclarecer completamente los antecedentes para determinar si existieron errores administrativos, infracciones normativas o eventuales responsabilidades individuales.

Principio de legalidad bajo escrutinio

Desde una perspectiva jurídica, el informe de Contraloría vuelve a situar en el centro del debate el denominado principio de legalidad administrativa, uno de los pilares fundamentales del derecho público chileno.

Este principio exige que toda actuación de los órganos del Estado se encuentre expresamente autorizada por la Constitución y las leyes.

Cuando una autoridad adopta decisiones fuera de las competencias que le han sido otorgadas por el ordenamiento jurídico, dichas actuaciones pueden ser objeto de control administrativo, judicial o eventualmente constitucional.

Por ello, las observaciones formuladas por Contraloría adquieren especial relevancia institucional, dado que involucran directamente la forma en que se ejercieron facultades migratorias en materias especialmente sensibles relacionadas con menores de edad.

Importancia jurídica del caso

El caso trasciende una simple discusión administrativa y plantea interrogantes sobre la correcta aplicación de la normativa migratoria, el alcance de las facultades del Servicio Nacional de Migraciones y los mecanismos de control existentes para supervisar decisiones que afectan derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, la eventual existencia de pagos para acelerar procedimientos migratorios podría configurar infracciones administrativas graves e incluso delitos contra la probidad pública, dependiendo de los antecedentes que logre reunir el Ministerio Público.

Conclusión

La comparecencia de la contralora Dorothy Pérez ante la Cámara de Diputados incorporó un nuevo elemento de preocupación a una investigación que ya había revelado importantes observaciones respecto del ingreso de menores haitianos a Chile. Si bien la denuncia sobre presuntos pagos para agilizar trámites migratorios no pudo ser acreditada en sede administrativa, su derivación al Ministerio Público demuestra la gravedad de los antecedentes conocidos por el órgano fiscalizador.

Desde el punto de vista jurídico, el caso vuelve a poner en evidencia la relevancia de los principios de legalidad, probidad administrativa y control de la función pública, especialmente cuando se trata de decisiones adoptadas por organismos encargados de gestionar materias migratorias sensibles.

La investigación que eventualmente desarrolle la Fiscalía podría resultar determinante para establecer si existieron conductas constitutivas de ilícitos o responsabilidades individuales. Paralelamente, las observaciones formuladas por Contraloría respecto de la utilización de criterios excepcionales sin respaldo legal podrían generar futuras revisiones administrativas, judiciales o incluso legislativas destinadas a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la política migratoria chilena.

En consecuencia, el caso no solo plantea interrogantes sobre actuaciones específicas de funcionarios públicos, sino que también abre un debate de mayor profundidad respecto de los límites legales de la administración, la protección de la fe pública y la necesidad de asegurar que toda actuación estatal se ajuste estrictamente al marco jurídico vigente.