Lavín León: Fiscalía apunta a pagos millonarios a asesores “fantasma”

Fiscalía indaga pagos del Congreso a asesores de Joaquín Lavín León por más de $68 millones

La Fiscalía Metropolitana Oriente mantiene bajo investigación una serie de pagos realizados por el Congreso Nacional a asesores vinculados al exdiputado de la UDI Joaquín Lavín León, en el marco de la causa penal por fraude al fisco reiterado que involucra al exparlamentario.

De acuerdo con los antecedentes del expediente judicial, el Ministerio Público sostiene que al menos siete personas habrían sido contratadas con cargo a fondos parlamentarios, pese a que —según la imputación fiscal— habrían desarrollado labores ajenas a la función legislativa y relacionadas con actividades de campaña política.

El monto cuestionado supera los $68 millones, cifra que forma parte de una indagatoria más amplia sobre el presunto uso de recursos públicos para financiar una estructura electoral vinculada al exdiputado y a sectores de la Unión Demócrata Independiente.

Nueva formalización por fraude al fisco reiterado

Lavín León fue nuevamente formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por el delito de fraude al fisco reiterado. La tesis del Ministerio Público apunta a que el exdiputado habría utilizado asignaciones parlamentarias para financiar tareas que no correspondían a funciones propias del Congreso Nacional.

En términos simples, la Fiscalía acusa la existencia de una presunta maquinaria electoral financiada con recursos fiscales, que habría operado mediante asesores contratados formalmente para labores legislativas, pero que, según la investigación, habrían dedicado parte o la totalidad de su jornada a tareas de campaña.

La defensa del exparlamentario ha rechazado dicha imputación. Desde su entorno sostienen que no se utilizó dinero fiscal para campañas políticas y que las labores vinculadas a bases de datos estaban relacionadas con la actividad parlamentaria.

SocialTazk y la presunta plataforma electoral

Uno de los principales focos de la causa está relacionado con SocialTazk, una plataforma digital creada para el manejo de bases de datos y el envío masivo de mensajes de texto con contenido político.

Según la Fiscalía, la herramienta habría sido diseñada y utilizada con fines electorales, tanto para campañas del propio Joaquín Lavín León como para actividades asociadas a la UDI. El Ministerio Público sostiene que entre julio de 2018 y agosto de 2019, Lavín León contrató como asesor legislativo al desarrollador de la aplicación y posteriormente rindió gastos vinculados a la plataforma ante el Congreso.

Este antecedente ya formaba parte de la investigación. Sin embargo, la causa se amplió luego de que la Fiscalía detectara la contratación de otros asesores que, de acuerdo con la tesis fiscal, habrían operado en torno a la misma estructura electoral.

Asesores cuestionados y pagos desde el Congreso

Entre los asesores mencionados en la indagatoria aparece Arnaldo Domínguez Vallejos, considerado por la Fiscalía como una figura clave en el entorno del exdiputado. De acuerdo con los antecedentes expuestos, Domínguez habría recibido remuneraciones cercanas a los $30 millones entre marzo de 2020 y agosto de 2021, pagadas con recursos del Congreso Nacional.

El Ministerio Público sostiene que, pese a haber sido contratado para funciones parlamentarias, habría destinado su jornada laboral a tareas de campaña. Domínguez se encuentra actualmente en prisión preventiva en Santiago 1, mientras que Lavín León cumple la misma cautelar en el Anexo Capitán Yáber.

La defensa de Domínguez solicitó su traslado a este último recinto penal por motivos de salud. La petición será revisada en audiencia fijada para el 31 de julio, misma instancia en que se abordará la revisión de cautelares del exdiputado.

Otros pagos bajo investigación

La Fiscalía también incorporó a la investigación pagos realizados a Aída Olivares Olivera, quien, según los persecutores, habría destinado parte de su jornada a labores ajenas a la función parlamentaria, específicamente al aumento de bases de datos vinculadas a SocialTazk. En su caso, el monto cuestionado asciende a aproximadamente $7,7 millones.

En una situación similar se encontrarían Ilse Palma Pino, con cerca de $7,3 millones objetados, e Irene Vera Saldaño, con alrededor de $6,7 millones.

La defensa sostiene que estos trabajos estaban vinculados al perfeccionamiento de bases de datos utilizadas para fines parlamentarios y que no existió desvío de recursos fiscales hacia actividades electorales.

Campaña presidencial de Joaquín Lavín Infante bajo la lupa

Otro capítulo relevante de la indagatoria se relaciona con asesores que, según la Fiscalía, habrían prestado servicios desde la oficina de Joaquín Lavín Infante, padre del imputado y exabanderado presidencial de la UDI en 2021.

Los nombres mencionados por el Ministerio Público son Shigue Ogino Vargas, Romina Molina Schulz y Carlos Vargas Valderrama. La Fiscalía sostiene que los tres habrían realizado funciones ajenas a la labor parlamentaria desde oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 3001, piso 9, en Las Condes, lugar donde operaba la sede de campaña presidencial de Lavín Infante.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Shigue Ogino recibió cerca de $2,5 millones del Congreso; Romina Molina Schulz, aproximadamente $13,1 millones; y Carlos Vargas Valderrama, alrededor de $1,3 millones.

Hasta ahora, solo Ogino fue formalizado y quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Consultada por esta arista, la fiscal Constanza Encina Calquín señaló que no se referiría a Joaquín Lavín Infante, debido a que se trata de diligencias aún en curso.

La defensa rechaza uso electoral de fondos públicos

Desde el entorno de Joaquín Lavín León han insistido en que no corresponde imputar fraude al fisco por la recopilación de información o el trabajo sobre bases de datos.

La defensa sostiene que dichas labores se insertaban dentro de las funciones parlamentarias del exdiputado y que los mensajes electorales habrían sido financiados con recursos propios, no con asignaciones provenientes del Congreso Nacional.

Este punto será central en la discusión judicial, ya que el caso no solo gira en torno a la existencia de pagos, sino a la finalidad real de las labores ejecutadas por los asesores y a si estas correspondían o no a funciones legislativas.

Boletas cuestionadas y presunto beneficio a terceros

La indagatoria también apunta a Belén Carrasco Riquelme, pareja de Arnaldo Domínguez. Según la Fiscalía, Carrasco habría sido contratada con fondos del Congreso, pero desde 2018 no habría cumplido funciones efectivas como asesora parlamentaria.

El Ministerio Público sostiene que Lavín León suscribió boletas de honorarios que luego fueron pagadas con recursos fiscales, y que el verdadero beneficiario de parte de esos fondos habría sido Domínguez, quien habría recibido transferencias por aproximadamente $14,5 millones desde la cuenta de su pareja.

A juicio de la Fiscalía, Lavín León, Domínguez y Carrasco habrían defraudado al fisco por cerca de $30 millones mediante boletas ideológicamente falsas por servicios que, según la imputación, no fueron prestados al Congreso Nacional.

Una causa con impacto político y penal

El caso Lavín León instala nuevamente en el debate público el control sobre el uso de asignaciones parlamentarias, la fiscalización de asesores externos y los límites entre la actividad legislativa y el financiamiento de campañas políticas.

Desde una perspectiva jurídica, el punto central será determinar si los pagos cuestionados respondieron a prestaciones reales vinculadas a la función parlamentaria o si, como sostiene el Ministerio Público, fueron utilizados para financiar una estructura electoral con cargo a fondos públicos.

La investigación también abre una discusión institucional sobre los mecanismos de control del Congreso Nacional, especialmente respecto de la rendición de gastos, la contratación de asesores y la trazabilidad efectiva de los servicios prestados.

Conclusión jurídica

La causa contra Joaquín Lavín León representa un caso de alta relevancia penal e institucional, porque involucra la eventual utilización de recursos públicos destinados al trabajo legislativo para fines presuntamente electorales.

Aunque toda imputación debe ser examinada bajo el principio de presunción de inocencia, los antecedentes expuestos por la Fiscalía plantean interrogantes significativas sobre la frontera entre asesoría parlamentaria, propaganda política y defraudación fiscal.

El desenlace judicial dependerá de la capacidad del Ministerio Público para acreditar que los servicios pagados con fondos del Congreso no fueron efectivamente prestados en beneficio de la función legislativa, sino que respondieron a una finalidad electoral. Para la defensa, en cambio, el eje será demostrar que las labores cuestionadas formaban parte de la actividad parlamentaria y que no existió perjuicio fiscal.

Más allá de la responsabilidad penal individual, el caso deja abierta una discusión mayor: la necesidad de reforzar los controles sobre el uso de dineros públicos, transparentar las funciones de los asesores legislativos y prevenir que recursos estatales puedan ser desviados hacia campañas políticas o intereses particulares.