Penas de hasta 10 años por tráfico de 107 kilos de cannabis

Tribunal acreditó operación de tráfico desde el norte del país

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó una sentencia condenatoria en contra de cuatro integrantes de una estructura criminal dedicada al transporte y distribución de drogas desde el norte del país hacia la Región Metropolitana.

La resolución estableció que los acusados participaron en una organización orientada a la internación, traslado y distribución de importantes cargamentos de cannabis sativa, actividad ilícita desarrollada durante el año 2023.

Tras valorar la prueba rendida durante el juicio, las magistradas concluyeron que los hechos fueron acreditados más allá de toda duda razonable.

Penas de hasta 10 años y un día de presidio efectivo

En fallo unánime, el tribunal condenó a Alexis Eduardo Nilian Rauque y Julio Thenye Paredes Tejerina a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, además de las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y derechos políticos.

Asimismo, ambos deberán pagar una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Por su parte, los acusados Germán Subirana Gómez e Ismael Moreno Martínez fueron condenados a penas de 8 años y 6 años de presidio efectivo, respectivamente, además de las mismas sanciones accesorias y multas.

Investigación reveló una estructura dedicada al traslado de droga

La sentencia estableció que al menos desde septiembre de 2023 los condenados conformaban una agrupación criminal dedicada al traslado de droga desde el norte del país con destino a Santiago Centro y Estación Central.

La investigación fue desarrollada por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, que mediante interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, seguimientos y vigilancias logró reconstruir el funcionamiento de la organización.

Según determinó el tribunal, los integrantes coordinaban viajes desde Calama hacia la Región Metropolitana para abastecer distintos puntos de distribución de drogas.

Operación permitió interceptar cargamento en Ruta 5 Norte

Uno de los episodios clave ocurrió el 28 de noviembre de 2023, cuando funcionarios policiales realizaron una diligencia de entrega vigilada, herramienta investigativa contemplada en la Ley 20.000.

Durante el procedimiento, los detectives efectuaron controles simultáneos a vehículos utilizados por la organización mientras se desplazaban hacia Santiago.

En el kilómetro 392 de la Ruta 5 Norte fue interceptado un automóvil que transportaba 80 paquetes de cannabis sativa, ocultos en la parte trasera y el maletero del vehículo.

El cargamento alcanzó un peso bruto de 90 kilos y 720 gramos.

Minutos después fue detenido otro integrante de la organización que cumplía labores de vigilancia y coordinación durante el traslado.

Allanamiento permitió incautar más droga en Estación Central

La investigación también permitió ejecutar órdenes judiciales de entrada y registro en distintos inmuebles vinculados a los acusados.

Uno de los procedimientos se realizó en una habitación del Hostal Wilson, ubicado en la comuna de Estación Central.

En ese lugar fue detenido uno de los condenados y se encontraron nuevos paquetes contenedores de cannabis sativa almacenados para su posterior distribución.

Los funcionarios policiales incautaron más de 16 kilos adicionales de droga, junto con teléfonos celulares y otros elementos utilizados para la actividad ilícita.

Más de 107 kilos de cannabis fueron retirados de circulación

Como resultado de las diligencias policiales y judiciales, se logró decomisar un total de:

• 107 kilos y 190 gramos de cannabis sativa.
• Diversos elementos utilizados para el tráfico de drogas.
• Dos vehículos empleados en el transporte de los cargamentos.
• Equipos de comunicación asociados a la organización.

El tribunal además ordenó el comiso definitivo de todas las especies incautadas.

Respecto de las sustancias decomisadas, dispuso que se proceda conforme a las normas establecidas en el artículo 46 de la Ley 20.000.

Registro Nacional de ADN de condenados

La sentencia también ordenó que, una vez ejecutoriado el fallo, se proceda a la toma de muestras biológicas de los condenados para incorporar sus perfiles genéticos al Registro Nacional de ADN de Condenados.

Esta medida busca fortalecer los mecanismos de identificación y persecución penal respecto de personas condenadas por delitos graves.

Conclusión jurídica: un fallo que reafirma la persecución penal del narcotráfico organizado

La sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago constituye un nuevo ejemplo de la utilización de herramientas investigativas complejas para combatir estructuras dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Desde una perspectiva jurídica, el caso resulta particularmente relevante debido a que la condena se sustentó en una combinación de interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, seguimientos policiales, técnicas especiales de investigación y procedimientos de entrega vigilada, mecanismos expresamente regulados por la Ley 20.000 para enfrentar fenómenos de criminalidad organizada.

El fallo demuestra además la relevancia que adquiere la prueba indiciaria cuando es complementada por evidencia material contundente, como ocurrió con la incautación de más de 107 kilos de cannabis sativa, los vehículos utilizados para el transporte y los elementos asociados a la distribución de droga.

Asimismo, la resolución reafirma la política criminal del Estado orientada a sancionar con severidad las redes de narcotráfico que operan entre distintas regiones del país, especialmente aquellas que mantienen estructuras permanentes de abastecimiento y distribución.

Las penas impuestas reflejan la gravedad que el ordenamiento jurídico chileno atribuye al tráfico de grandes cantidades de droga, particularmente cuando existe coordinación entre varios sujetos y una organización destinada a asegurar la continuidad de la actividad ilícita. En este contexto, la sentencia se convierte en un precedente relevante dentro de la jurisprudencia reciente sobre persecución penal del narcotráfico organizado y reafirma la aplicación estricta de la Ley 20.000 frente a estructuras criminales dedicadas al abastecimiento de sustancias ilícitas en la Región Metropolitana.