Tribunal establece prescripción de acción disciplinaria y deja sin efecto expulsión de funcionario de Carabineros

Corte de Santiago deja sin efecto baja inmediata de carabinero por excesiva demora en sumario administrativo

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por un funcionario de Carabineros en contra de la Dirección General de la institución, dejando sin efecto la resolución que dispuso su baja inmediata por conducta mala, tras constatar que el procedimiento disciplinario permaneció abierto durante más de cuatro años sin resolución definitiva.

El fallo concluyó que la actuación administrativa vulneró los principios de celeridad, razonabilidad, eficacia administrativa y seguridad jurídica, consolidándose además la prescripción extintiva de la acción disciplinaria, razón por la cual el tribunal ordenó la reincorporación del funcionario y el pago íntegro de las remuneraciones adeudadas.

Sumario administrativo se prolongó por más de cuatro años

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la acción constitucional, el recurrente se desempeñaba como Sargento 2° de Carabineros cuando fue objeto de una Resolución Exenta dictada el 30 de diciembre de 2021 por la Prefectura Santiago Oriente, mediante la cual se dispuso su “baja por conducta mala con efectos inmediatos”.

La investigación administrativa se originó tras un procedimiento policial vinculado a un caso de violencia intrafamiliar, contexto en el que un ciudadano acusó al funcionario de sustraer dinero desde una mochila.

Sin embargo, el afectado sostuvo que el sumario administrativo permaneció abierto por más de cuatro años sin dictarse resolución terminal, excediendo ampliamente los plazos razonables establecidos en la normativa administrativa y disciplinaria aplicable.

El funcionario agregó que en sede penal fue absuelto de los hechos investigados, pero que pese a ello continuó soportando las consecuencias derivadas de la medida disciplinaria, incluyendo la privación de remuneraciones y un juicio civil impulsado por la Dirección de Bienestar de Carabineros para recuperar la vivienda fiscal que habitaba junto a su familia.

Corte cuestiona falta de celeridad y razonabilidad administrativa

En su análisis, la Corte de Santiago concluyó que la administración mantuvo el procedimiento disciplinario activo durante un período “desproporcionado e irracional”, sin acreditar razones suficientes que justificaran tal demora.

La sentencia sostuvo que:

“Al haberse extendido la investigación sumaria por más de 4 años respecto al recurrente, sin que la administración haya demostrado suficientemente que la demora de ello se haya producido por una razón que legalmente pueda justificar (…) queda en evidencia la ineficiencia del órgano en el uso de recursos y atribuciones para el cumplimiento de su actividad”.

El tribunal agregó que mantener vigente durante años una medida gravosa como la “baja inmediata” afectó directamente las garantías constitucionales del funcionario, particularmente el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

Tribunal declara prescrita la acción disciplinaria

Uno de los aspectos más relevantes del fallo radica en que la Corte estimó que la excesiva dilación terminó consolidando la prescripción de la acción disciplinaria.

En ese sentido, la resolución judicial afirmó que:

“Mantener una investigación disciplinaria en suspenso y prolongar una medida gravosa de ‘baja inmediata’ por un lapso superior a los cuatro años (…) constituye no solo una vulneración a la seguridad jurídica, sino que consolida la prescripción extintiva de la acción disciplinaria”.

La Corte también consideró especialmente relevante que la propia autoridad administrativa, mediante una ampliación de la vista fiscal emitida en noviembre de 2025, propusiera sustituir la expulsión inicial por una sanción considerablemente menor consistente en cinco días de arresto con servicios.

Para el tribunal, aquello evidenciaba una falta de proporcionalidad entre la medida originalmente aplicada y el estado final de la investigación administrativa.

Carabineros deberá reincorporar al funcionario y pagar remuneraciones

En virtud de lo resuelto, la Corte acogió el recurso de protección y ordenó:

• Dejar sin efecto la acción disciplinaria derivada del sumario administrativo.
• Invalidar la Resolución Exenta que dispuso la baja inmediata.
• Reincorporar al funcionario al grado que ostentaba en Carabineros.
• Pagar íntegramente las remuneraciones, asignaciones y cotizaciones previsionales devengadas durante el período de separación.

La sentencia representa un nuevo precedente judicial respecto de los límites temporales que deben respetar los órganos administrativos en el ejercicio de sus potestades disciplinarias, especialmente cuando las medidas adoptadas afectan gravemente derechos laborales, económicos y previsionales de los funcionarios públicos.

Voto disidente cuestionó alcances del recurso de protección

La decisión no fue unánime. El ministro suplente Matías de la Noi estuvo por rechazar la acción constitucional, estimando que las medidas solicitadas excedían el carácter cautelar propio del recurso de protección.

Según el voto disidente, la excesiva dilación del sumario administrativo no habilitaba necesariamente para dejar sin efecto el procedimiento disciplinario ni la sanción aplicada, sino únicamente para ordenar a la autoridad administrativa concluir la investigación dentro de un plazo razonable.

No obstante, la mayoría del tribunal estimó que la prolongación injustificada del procedimiento y la mantención de la baja inmediata durante años configuraron un acto arbitrario e ilegal que hacía procedente la tutela constitucional.

Análisis jurídico: prescripción, decaimiento y límites del poder disciplinario

El fallo de la Corte de Santiago profundiza una línea jurisprudencial cada vez más consolidada en materia de decaimiento del procedimiento administrativo, especialmente cuando la administración incumple los principios de eficiencia y celeridad que rigen su actuación.

Desde una perspectiva jurídica, la sentencia releva que el poder disciplinario del Estado no es ilimitado ni puede ejercerse indefinidamente en el tiempo, menos aún cuando la demora administrativa genera consecuencias patrimoniales y personales graves para el funcionario afectado.

La resolución reafirma además que el principio de juridicidad obliga a la administración a actuar dentro de márgenes temporales razonables, evitando que los procedimientos sancionatorios se transformen en mecanismos de incertidumbre permanente o castigos anticipados.

Asimismo, el tribunal introduce un elemento relevante al vincular directamente la excesiva dilación administrativa con la prescripción extintiva de la acción disciplinaria, cuestión que fortalece los estándares de control judicial sobre sumarios prolongados injustificadamente.

En términos prácticos, el fallo podría transformarse en un antecedente relevante para futuras controversias relacionadas con investigaciones administrativas extensas dentro de instituciones uniformadas y organismos públicos, especialmente cuando existan medidas cautelares o sanciones que se mantengan vigentes por años sin resolución definitiva.

Conclusión

El fallo de la Corte de Santiago constituye un precedente relevante en materia de control judicial sobre los procedimientos disciplinarios de la administración pública, particularmente respecto del ejercicio del poder sancionatorio en instituciones uniformadas como Carabineros de Chile.

La sentencia deja en evidencia que la administración no puede mantener indefinidamente abierto un sumario administrativo sin resolución terminal, menos aún cuando ello implica consecuencias gravísimas para el funcionario afectado, como la pérdida del empleo, suspensión de remuneraciones, afectación previsional y deterioro familiar y patrimonial. El tribunal fue categórico al sostener que una investigación extendida por más de cuatro años vulnera principios esenciales del derecho administrativo moderno, entre ellos la celeridad, la eficacia, la razonabilidad y la seguridad jurídica.

Desde una perspectiva constitucional, el caso refuerza la idea de que el recurso de protección sí puede transformarse en una herramienta eficaz frente a actuaciones administrativas arbitrarias cuando la demora estatal produce una afectación concreta y prolongada de derechos fundamentales. La Corte entendió que no se trataba únicamente de una tardanza burocrática, sino de una situación que consolidó una verdadera sanción anticipada sin sentencia administrativa firme.

El aspecto más trascendente del fallo radica en la consolidación de la prescripción de la acción disciplinaria como límite material al poder persecutorio de la administración. Con ello, el tribunal reafirma que el Estado también está sujeto a límites temporales y que la inactividad administrativa no puede transformarse en una carga perpetua para los funcionarios sometidos a investigación.

La decisión adquiere además especial relevancia porque la propia autoridad administrativa terminó proponiendo una sanción menor de cinco días de arresto, debilitando completamente la proporcionalidad de la medida expulsiva inicial. Ese elemento fue determinante para que la Corte calificara la mantención de la baja inmediata como un acto arbitrario e ilegal.

En términos institucionales, el fallo representa una advertencia para los organismos públicos respecto de la necesidad de tramitar oportunamente sus procedimientos disciplinarios y evitar que los sumarios administrativos se conviertan en mecanismos de incertidumbre permanente. La jurisprudencia comienza así a consolidar un estándar más estricto sobre los tiempos razonables de investigación y sobre las consecuencias jurídicas derivadas de la inactividad estatal.

Más allá del caso concreto, la resolución abre un debate de fondo sobre las garantías mínimas que deben regir los procedimientos administrativos sancionatorios en Chile, especialmente en instituciones jerarquizadas donde las medidas disciplinarias tienen efectos inmediatos y profundamente lesivos para los funcionarios y sus familias.