Tribunal acusa “comisión especial” y revierte expulsión de militante del Partido Demócrata Cristiano

Corte de Santiago anula expulsión de militante de la Democracia Cristiana

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por un militante del Partido Demócrata Cristiano (DC) y dejó sin efecto la resolución que había dispuesto su expulsión de la colectividad, concluyendo que el procedimiento disciplinario fue conocido por un órgano incompetente y vulneró garantías esenciales del debido proceso.

El tribunal determinó que el Tribunal Supremo del Partido Demócrata Cristiano actuó fuera de las atribuciones contempladas en la ley y en los propios estatutos internos de la colectividad, privando al afectado del derecho a la doble instancia y configurando una actuación propia de una “comisión especial”, prohibida por la Constitución.

Militante cuestionó legalidad del procedimiento disciplinario

El recurrente sostuvo que fue sometido a un procedimiento disciplinario interno que culminó con la dictación de la Resolución N°039-2024, mediante la cual el Tribunal Supremo del partido resolvió expulsarlo de la colectividad.

Según expuso, la decisión le fue notificada por correo electrónico el 20 de agosto de 2025.

El militante argumentó que tanto la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos como los estatutos internos de la Democracia Cristiana establecen que los procedimientos disciplinarios deben ser conocidos inicialmente por los tribunales regionales del partido, correspondiendo al Tribunal Supremo actuar únicamente como instancia revisora.

Sin embargo, en este caso el Tribunal Supremo conoció directamente el procedimiento y resolvió en única instancia.

Corte concluye que se vulneró el derecho a doble instancia

La Corte de Santiago concluyó que el procedimiento disciplinario debió haber sido conocido en primera instancia por el Tribunal Regional correspondiente y no directamente por el Tribunal Supremo de la colectividad.

El fallo sostuvo que:

“ De una interpretación armónica de las normas (…) es posible afirmar que el procedimiento disciplinario debió haber sido promovido ante el Tribunal Regional y no ante el Tribunal Supremo, de tal manera de garantizar un justo y racional proceso así como su derecho a la doble instancia”.

La sentencia enfatizó además que el actuar del órgano partidario configuró una infracción constitucional.

Tribunal acusa actuación como “comisión especial”

Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue la calificación efectuada por la Corte respecto del actuar del Tribunal Supremo del PDC.

Según el tribunal:

“Con su actuación, la recurrida se ha constituido en una comisión especial, desde que el juzgamiento de primera instancia no se realizó por el tribunal señalado por la ley”.

La Corte sostuvo que la actuación impugnada vulneró el derecho consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, norma que garantiza el derecho al debido proceso y prohíbe ser juzgado por comisiones especiales.

Asimismo, concluyó que el procedimiento privó al recurrente de ser juzgado conforme a las reglas legales y estatutarias aplicables.

Democracia Cristiana defendió competencia del Tribunal Supremo

El Partido Demócrata Cristiano solicitó el rechazo del recurso, argumentando que el Tribunal Supremo sí podía conocer directamente materias disciplinarias de carácter nacional.

La colectividad sostuvo que el conflicto se vinculaba con incumplimientos relacionados con acuerdos políticos electorales adoptados por la Junta Nacional del partido, específicamente en torno a pactos electorales para la elección de alcalde en la comuna de La Granja.

Según la DC, se trataba de materias que excedían el ámbito regional y justificaban la intervención directa del Tribunal Supremo.

Voto disidente respaldó postura de la DC

La decisión no fue unánime.

El ministro Juan Cristóbal Mera estuvo por rechazar el recurso, estimando que tanto la Ley N°18.603 como los estatutos partidarios permiten al Tribunal Supremo conocer directamente asuntos disciplinarios de alcance nacional.

El magistrado sostuvo que el caso involucraba acuerdos políticos adoptados por órganos nacionales del partido y descartó que el Tribunal Supremo hubiese actuado como comisión especial.

Contexto Jurídico del Caso

El fallo reviste especial relevancia constitucional debido a que reafirma la aplicación de garantías fundamentales del debido proceso incluso al interior de organizaciones políticas privadas como los partidos políticos.

La Ley N°18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos regula la estructura y funcionamiento de los órganos disciplinarios partidarios, estableciendo principios mínimos de legalidad, competencia y revisión interna.

La sentencia además refuerza la doctrina constitucional relativa a:

• derecho a doble instancia
• prohibición de comisiones especiales
• juez natural
• debido proceso
• legalidad disciplinaria

En términos jurídicos, el fallo podría transformarse en un precedente relevante respecto de los límites del poder disciplinario interno de los partidos políticos y el control judicial sobre sus actuaciones.

Conclusión Jurídica

La resolución de la Corte de Santiago representa un fuerte llamado de atención respecto de la necesidad de que los partidos políticos respeten estrictamente las garantías constitucionales y estatutarias en sus procedimientos disciplinarios internos.

Desde una perspectiva jurídica, el fallo reafirma que las colectividades políticas no están exentas del control constitucional cuando ejercen potestades sancionatorias que afectan derechos fundamentales de sus militantes.

Asimismo, la sentencia fortalece principios esenciales del Estado de Derecho como el derecho al juez competente, la prohibición de comisiones especiales y la garantía de revisión mediante doble instancia.

En términos políticos, la decisión también podría abrir nuevos cuestionamientos sobre los mecanismos disciplinarios utilizados por partidos tradicionales y el alcance de las facultades de sus tribunales supremos.

La controversia evidencia además cómo los conflictos internos partidarios pueden terminar adquiriendo relevancia constitucional cuando se afectan garantías básicas de participación política y debido proceso.