Citas, clonazepam y robos: prisión preventiva para imputada acusada de sedar a sus víctimas

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la prisión preventiva de Karina Nicole Pillanchin Santander, imputada por delitos consumados de robo con violencia, estafa y tenencia de drogas en pequeñas cantidades.

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer contactaba a personas mediante redes sociales, utilizando una fotografía de perfil que no correspondía a su identidad, para concertar encuentros en los domicilios de los afectados.

Una vez en el lugar, presuntamente mezclaba clonazepam en las bebidas que les ofrecía. Cuando las personas quedaban somnolientas o perdían la conciencia, habría registrado las viviendas y sustraído dinero, tarjetas bancarias y aparatos tecnológicos.

Corte consideró que su libertad constituye un peligro

En fallo unánime, correspondiente a la causa rol 239-2026, la Primera Sala rechazó la apelación presentada por la defensa contra la resolución del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

El tribunal compartió la conclusión de que la libertad de la imputada constituye actualmente un peligro para la seguridad de la sociedad.

La resolución fue dictada por los ministros Juan Villa Martínez y Claudio Jara Inostroza, junto con el fiscal judicial Pablo Miño Barrera.

Defensa discutió antecedentes de fondo

Durante la audiencia, la defensa planteó argumentos destinados a cuestionar los antecedentes de la imputación.

Sin embargo, la Corte estimó que esos planteamientos se relacionaban con asuntos de fondo que deberán ser resueltos por el tribunal que conozca una futura acusación.

Para los ministros, los antecedentes disponibles en esta etapa permiten considerar configurados los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal, que regula la prisión preventiva.

Por esa razón, confirmó la resolución dictada el 15 de julio por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Resolución informada por el Poder Judicial

Fiscalía describió un presunto patrón delictivo

Según expuso el Ministerio Público durante la formalización, los hechos investigados habrían comenzado en marzo y continuado hasta la detención de la imputada.

El supuesto procedimiento consistía en:

• Contactar a personas mediante redes sociales.
• Utilizar una fotografía de perfil ajena.
• Concertar encuentros de carácter sexual.
• Reunirse en los domicilios de los afectados.
• Presuntamente mezclar clonazepam en sus bebidas.
• Aprovechar la pérdida de conciencia para registrar las viviendas.
• Sustraer tarjetas, dinero y dispositivos tecnológicos.
• Vender posteriormente las especies en el mercado informal.

Estos antecedentes corresponden a la tesis de la Fiscalía y deberán ser demostrados durante el proceso penal.

Víctimas habrían perdido la conciencia

El Ministerio Público afirmó que el sedante provocaba somnolencia y podía anular la capacidad de reacción de las personas afectadas.

En algunos casos, estas habrían perdido completamente la conciencia, situación que supuestamente era aprovechada para sustraer bienes desde los domicilios.

El avalúo preliminar de las especies involucradas superaría los $11 millones.

Delitos atribuidos por la Fiscalía

La imputada enfrenta cargos por:

• Robo con violencia consumado.
• Estafa consumada.
• Tenencia de drogas en pequeñas cantidades.

La calificación definitiva de los hechos y la eventual responsabilidad penal serán determinadas en las etapas posteriores del procedimiento.

La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena. Pillanchin Santander conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

Conclusión jurídica

La Corte no resolvió la culpabilidad de la imputada ni realizó un juicio definitivo sobre la prueba. Su decisión se limitó a revisar si continuaban cumpliéndose los presupuestos legales para mantener la prisión preventiva.

El tribunal consideró la gravedad de los delitos atribuidos, la reiteración que sostiene la Fiscalía, el supuesto empleo de una sustancia sedante y el monto de los bienes involucrados.

Los cuestionamientos de fondo planteados por la defensa deberán discutirse durante el juicio, instancia en la cual el Ministerio Público tendrá que acreditar cada hecho, la participación atribuida y la relación entre la imputada y las especies presuntamente sustraídas.