Robo con intimidación en Peñalolén: condenan a banda a penas de hasta 7 años de cárcel

Tribunal impone penas de hasta siete años de cárcel efectiva por violentos robos cometidos en Macul y Peñalolén

El avance de la criminalidad violenta asociada al robo de vehículos y a los asaltos cometidos por grupos organizados volvió a quedar reflejado en una reciente sentencia dictada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

En una resolución unánime, el tribunal condenó a Luis Alexander Cabrera Flores y Raúl Jhadier Martínez Maza, además de dos adolescentes, por una serie de delitos de robo con intimidación perpetrados durante septiembre de 2025 en las comunas de Macul y Peñalolén.

La sentencia constituye un ejemplo relevante de aplicación de las normas contenidas tanto en el Código Penal como en la Ley N°20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente, incorporando además medidas accesorias vinculadas al control posterior de los condenados.

Las condenas impuestas por el tribunal

La resolución judicial estableció que Luis Alexander Cabrera Flores deberá cumplir una pena de 7 años de presidio efectivo como autor consumado del delito de robo con intimidación.

Por su parte, Raúl Jhadier Martínez Maza fue condenado a 6 años de presidio efectivo en calidad de coautor.

Respecto de ambos adultos, el tribunal impuso además las siguientes penas accesorias:

• Inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.
• Suspensión de derechos políticos.
• Inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Estas sanciones accesorias se encuentran expresamente contempladas por el ordenamiento jurídico para delitos que implican penas aflictivas.

Responsabilidad penal adolescente: internación en régimen cerrado

La sentencia también alcanzó a los adolescentes identificados como M.A.S.A. y A.M.P.V., ambos de 16 años al momento de los hechos.

El tribunal les impuso la sanción de:

5 años y un día de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social

La decisión se adoptó conforme a las reglas especiales establecidas por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, considerando la gravedad de los delitos y la participación directa de los menores en los hechos investigados.

Adicionalmente, el tribunal ordenó respecto de A.M.P.V. una sanción accesoria consistente en:

Prohibición de conducir vehículos motorizados durante cuatro años

La medida se fundamentó en el rol que desempeñó como conductor de los vehículos utilizados para la ejecución de los ilícitos.

El primer asalto: la encerrona en Macul

Los antecedentes acreditados durante el juicio oral permitieron establecer que la primera acción criminal ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2025.

La víctima, identificada como Olayo Maldonado Verdugo, se encontraba llegando a su domicilio en la comuna de Macul cuando fue interceptada por los atacantes.

Según la sentencia, los sujetos descendieron de un automóvil Renault y, utilizando un elemento cortopunzante como medio intimidatorio, obligaron a la víctima a descender de su vehículo.

Posteriormente se apropiaron de:

• Un vehículo Toyota Cross año 2025.
• Un teléfono celular.
• Diversas especies personales.

Los responsables huyeron utilizando tanto el automóvil sustraído como el vehículo en que habían llegado al lugar.

El segundo robo: utilización del vehículo sustraído

Menos de 24 horas después, el mismo automóvil robado fue utilizado para cometer un nuevo delito.

La noche del 2 de septiembre de 2025, en la comuna de Peñalolén, los acusados interceptaron a dos víctimas que transitaban por la vía pública.

De acuerdo con la prueba rendida en juicio, los agresores descendieron del vehículo y, aprovechando su superioridad numérica y simulando portar armas entre sus vestimentas, intimidaron a las víctimas para exigirles la entrega de sus pertenencias.

Entre las especies sustraídas figuraban:

• Teléfonos celulares.
• Documentos personales.
• Mochilas.
• Llaves.
• Billeteras.
• Un parlante portátil.
• Artículos personales diversos.

La conducta fue calificada por el tribunal como constitutiva del delito de robo con intimidación consumado, atendida la utilización de amenazas idóneas para doblegar la voluntad de las víctimas.

El análisis jurídico del tribunal

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia radica en la valoración probatoria efectuada por los magistrados.

El tribunal concluyó que la participación de los acusados fue acreditada más allá de toda duda razonable, estándar exigido por el sistema procesal penal chileno para dictar una sentencia condenatoria.

La resolución descansa en:

• Declaraciones de víctimas.
• Evidencia policial.
• Reconocimiento de especies.
• Antecedentes de investigación.
• Vinculación de los imputados con los vehículos utilizados.

La sentencia determinó que existió una actuación coordinada entre los participantes, configurándose una intervención conjunta y funcional en la ejecución de los delitos.

ADN y registro de condenados

Una vez que el fallo quede firme y ejecutoriado, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas de los condenados adultos.

La medida tiene por finalidad incorporar sus perfiles genéticos al Registro Nacional de ADN de Condenados, herramienta creada para fortalecer la persecución penal y facilitar la identificación de autores en futuras investigaciones criminales.

La incorporación de huellas genéticas constituye una consecuencia legal obligatoria para determinados delitos graves y forma parte de las políticas públicas destinadas al combate de la reincidencia.

Violencia urbana y criminalidad organizada

El caso refleja una modalidad delictiva que ha experimentado un aumento significativo en diversas comunas de la Región Metropolitana: la utilización de vehículos previamente robados para cometer nuevos ilícitos.

Desde la perspectiva criminológica, este fenómeno incrementa la capacidad operativa de las organizaciones delictivas y dificulta la trazabilidad inmediata de los autores.

Asimismo, la participación conjunta de adultos y adolescentes plantea desafíos relevantes para el sistema de persecución penal, especialmente en materia de reinserción social y prevención temprana del delito.

Conclusión

La sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago constituye una aplicación rigurosa de las normas que sancionan el robo con intimidación, uno de los delitos patrimoniales más graves contemplados en el ordenamiento jurídico chileno por la afectación simultánea de bienes patrimoniales y de la libertad individual de las víctimas.

Desde una perspectiva técnico-jurídica, el fallo reafirma la relevancia del estándar probatorio de certeza más allá de toda duda razonable, así como la posibilidad de imponer sanciones diferenciadas entre adultos y adolescentes conforme a los principios de responsabilidad penal aplicables a cada grupo etario.

Asimismo, la resolución evidencia la creciente preocupación de los tribunales por fenómenos de criminalidad violenta asociados a robos de vehículos, encerronas y delitos cometidos por grupos organizados. La incorporación de los condenados al Registro Nacional de ADN, junto con las penas privativas de libertad efectivas impuestas, refleja una política criminal orientada tanto a la sanción como a la prevención de la reincidencia.

En un contexto de creciente preocupación ciudadana por la seguridad pública, este fallo constituye un precedente relevante respecto de la respuesta judicial frente a delitos violentos que afectan directamente la integridad, libertad y patrimonio de las personas.