Conflicto por templo en Pudahuel: Corte establece que recurso de protección no permite resolver propiedad en disputa

Corte de Santiago rechaza recurso por disputa de templo evangélico en Pudahuel

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, constituida como persona jurídica de derecho privado, contra tres personas a quienes acusó de ingresar por la fuerza a un templo ubicado en la comuna de Pudahuel, con el objetivo de asumir su administración material.

El tribunal concluyó que la acción constitucional no constituía una vía apropiada para resolver la controversia existente sobre el dominio del inmueble. Asimismo, tuvo en consideración que la administración del recinto había sido reconocida judicialmente a quienes figuraban como recurridos mediante una sentencia anterior.

La resolución reafirma los límites del recurso de protección frente a conflictos de propiedad y administración en los que existen derechos discutidos que requieren ser establecidos previamente.

Denuncia por presunto ingreso forzado al templo

La controversia se originó luego de que la entidad religiosa recurrente denunciara hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2025.

Según su presentación judicial, tres personas habrían ingresado al templo forzando sus accesos y desconectando el sistema de alarmas, con la finalidad de asumir el control material del inmueble.

La organización sostuvo que tales actuaciones excedían las facultades reconocidas en un procedimiento anterior relacionado con la administración del recinto.

En consecuencia, solicitó a la Corte que declarara ilegales y arbitrarias las actuaciones denunciadas y que ordenara restablecer el libre acceso de la propietaria que decía representar, su administrador y los integrantes de la congregación.

También pidió que se dispusiera la reapertura del templo, incluso con auxilio de la fuerza pública si resultaba necesario.

Sin embargo, los hechos denunciados fueron controvertidos por los recurridos, quienes negaron haber utilizado fuerza para ingresar al recinto.

Recurridos alegaron que actuaron en cumplimiento de una sentencia anterior

En su defensa, las personas recurridas solicitaron el rechazo de la acción constitucional.

Sostuvieron que el acceso al templo se realizó con autorización de quien cumplía funciones de guardia y que su actuación correspondía a la ejecución material de una administración reconocida judicialmente.

Explicaron que una sentencia anterior, confirmada por la Corte Suprema según sus antecedentes, había reconocido la administración del inmueble a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de derecho público, y a otra persona.

Asimismo, señalaron que la resolución ya se encontraba cumplida mediante la entrega de las llaves.

Para respaldar su posición, acompañaron un acta notarial y mencionaron un informe de Carabineros que, de acuerdo con su defensa, descartaba el empleo de fuerza en el ingreso.

El punto central del conflicto radicaba, por tanto, en determinar si los recurridos habían ejecutado una resolución judicial preexistente o si habían realizado actuaciones que excedían lo autorizado.

Dos personas jurídicas y una controversia sobre la propiedad

Uno de los elementos más relevantes del caso fue la existencia de dos entidades religiosas vinculadas al nombre Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, pero con personalidades jurídicas diferentes.

La controversia involucraba a una organización constituida como persona jurídica de derecho privado y a otra reconocida como persona jurídica de derecho público.

Ambas figuras deben distinguirse jurídicamente, porque la identidad o similitud de sus denominaciones no permite concluir automáticamente que poseen idénticos derechos sobre un inmueble.

De acuerdo con los antecedentes examinados por la Corte, el propio Conservador de Bienes Raíces de Santiago se había abstenido de determinar a cuál de las entidades correspondía la inscripción de dominio.

Esta circunstancia fue determinante.

El tribunal concluyó que, para acoger la pretensión de la recurrente sobre la base de su supuesto derecho de propiedad, tendría que establecer previamente quién era el titular del inmueble.

Sin embargo, esa determinación no podía efectuarse dentro de los márgenes de una acción constitucional de naturaleza cautelar.

Recurso de protección: una herramienta que no reemplaza un juicio de propiedad

La Corte recordó que el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho cuando determinados derechos fundamentales se encuentran afectados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

Se trata de una acción de carácter urgente y cautelar, destinada a proteger derechos cuya existencia pueda verificarse con suficiente claridad a partir de los antecedentes disponibles.

No constituye, en cambio, un procedimiento general para declarar derechos discutidos ni reemplaza a los juicios civiles destinados a resolver controversias complejas.

En el presente caso, la recurrente solicitaba medidas que suponían reconocer previamente su calidad de propietaria del templo.

La Corte estimó que esa condición no aparecía suficientemente establecida.

Por ello, consideró improcedente utilizar el recurso de protección para resolver una controversia dominical que debía discutirse mediante las acciones judiciales correspondientes.

La administración material del templo ya había sido entregada

Un segundo fundamento del rechazo fue la existencia de una sentencia anterior que había reconocido la administración del templo a la entidad religiosa de derecho público y a otra persona.

Según los antecedentes descritos en el fallo, dicha decisión ya se había cumplido mediante la entrega efectiva de las llaves del inmueble.

Para la Corte, este antecedente impedía considerar automáticamente que los recurridos estuvieran ejecutando una nueva actuación ilegal o arbitraria susceptible de ser corregida por esta vía.

El tribunal explicó que ordenar restituir la administración de un inmueble implica devolver la posibilidad real de ejercerla.

En otras palabras, no puede administrarse materialmente un recinto sin contar con cierto grado de control o tenencia sobre él.

De esta manera, la Corte entendió que los actos cuestionados se relacionaban con una administración previamente reconocida y entregada en cumplimiento de una resolución judicial.

Esta conclusión, sin embargo, no implicó declarar definitivamente quién era el propietario del templo.

La diferencia jurídica entre dominio, posesión y administración

Esta distinción resulta fundamental para comprender la decisión.

El tribunal no sostuvo que una de las organizaciones fuera propietaria del inmueble ni que la otra careciera definitivamente de derechos sobre él.

Su pronunciamiento se limitó a examinar si existía un acto ilegal o arbitrario que justificara adoptar medidas urgentes por la vía constitucional.

Al no establecerse ese presupuesto, y considerando la decisión previa sobre la administración, la Corte desestimó la acción.

Rechazo sin costas y posibilidad de nuevas acciones judiciales

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección, sin condenar en costas a la recurrente.

La decisión dejó a salvo la posibilidad de que las partes recurran a los procedimientos judiciales que correspondan para discutir sus derechos sobre el inmueble.

Entre las vías mencionadas en los antecedentes se encuentran las acciones posesorias y la acción reivindicatoria, cuya procedencia deberá evaluarse según la situación jurídica de cada parte y los requisitos establecidos por la legislación civil.

Por lo tanto, el rechazo del recurso no representa una resolución definitiva sobre la propiedad del templo.

Conclusión jurídica: administrar un inmueble no equivale a ser su propietario

El fallo adquiere especial importancia porque delimita las atribuciones de los tribunales cuando conocen recursos de protección vinculados con disputas patrimoniales entre organizaciones religiosas.

La Corte distinguió dos asuntos jurídicamente diferentes: la administración material de un templo, ya reconocida en un procedimiento anterior, y la titularidad del dominio, todavía controvertida.

También reafirmó que el recurso de protección no reemplaza los procedimientos ordinarios cuando resulta necesario acreditar y discutir derechos de propiedad.

Desde una perspectiva institucional, la resolución recuerda que las controversias sobre inmuebles pertenecientes o vinculados a organizaciones religiosas deben abordarse respetando la personalidad jurídica de cada entidad y los efectos de las decisiones judiciales anteriores.

La principal consecuencia jurídica del fallo es que mantiene los efectos de la administración judicialmente reconocida, sin cerrar el debate sobre quién es el legítimo propietario del templo.