“Cuota Flores”: exasesor acusa pagos en efectivo y se querella contra la senadora

Exasesor se querella contra Camila Flores por presunta “cuota” sobre su sueldo

Julio Lillo Catalán, exasesor de la senadora Camila Flores Oporto, presentó una querella criminal contra la parlamentaria por el presunto delito de exacciones ilegales, en el marco de la investigación conocida informalmente como el caso de la “cuota Flores”.

La acción fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y posteriormente admitida a trámite. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que ya desarrolla una investigación por un eventual fraude al Fisco relacionado con supuestos cobros de parte de las remuneraciones de trabajadores contratados con recursos públicos.

La admisibilidad de la querella permite que la acción continúe su tramitación, pero no constituye una declaración de culpabilidad ni acredita los hechos denunciados. La responsabilidad penal de la senadora deberá determinarse durante la investigación y, eventualmente, mediante una sentencia judicial.

Exasesor acusa que debía devolver parte de su sueldo

Lillo, relacionador público de profesión, ya había declarado ante la Fiscalía Regional de Valparaíso sobre el supuesto funcionamiento del mecanismo.

Según su relato, comenzó a trabajar con Camila Flores durante 2018 y, después de recibir su primera remuneración financiada con fondos públicos en 2019, la entonces diputada le habría solicitado devolver una parte del dinero.

El exasesor afirmó que Flores le manifestó que enfrentaba distintos gastos y necesitaba recibir temporalmente una cantidad de su remuneración. Según su versión, la reducción nunca fue revertida y el cobro se habría mantenido en el tiempo.

La querella y su admisión a trámite fueron informadas inicialmente por la Unidad de Investigación de Bío Bío, mientras que declaraciones anteriores del exasesor forman parte de antecedentes publicados.

El mecanismo investigado en la “cuota Flores”

Entregas de dinero en efectivo

De acuerdo con la declaración atribuida a Lillo, en distintas oportunidades habría retirado dinero por caja para entregárselo personalmente a la parlamentaria en su oficina del Congreso.

“Ese dinero ella lo toma y lo guarda en su cartera”, declaró el excolaborador ante el Ministerio Público, según los antecedentes difundidos por T13.

La hipótesis investigativa apunta a que una parte de las remuneraciones pagadas al personal de apoyo parlamentario habría sido devuelta a la senadora para solventar gastos personales.

Fuentes citadas por Bío Bío sostienen que entre esos gastos presuntamente se encontrarían el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la adquisición de un vehículo. Estos antecedentes corresponden a afirmaciones contenidas en la investigación periodística y todavía deben ser comprobados por la Fiscalía.

Remuneraciones financiadas con fondos públicos

El eventual carácter penal de los hechos se relaciona con el origen público de los recursos destinados al pago de los asesores parlamentarios.

La investigación deberá establecer si las remuneraciones fueron fijadas o administradas bajo la condición de que una parte de ellas fuera posteriormente entregada a la congresista, y si esa conducta satisface los elementos exigidos por alguno de los delitos funcionarios contemplados en la legislación.

Reportajes anteriores han señalado que Lillo habría recibido una remuneración mensual de $2.640.939 y entregado regularmente $1.800.000 en efectivo. Estos montos forman parte de los antecedentes difundidos sobre el caso, pero su procedencia, regularidad y destino deberán ser establecidos en la investigación penal.

Investigación permitió realizar diligencias intrusivas

La declaración de Julio Lillo habría sido una de las diligencias relevantes para el avance de la investigación dirigida por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

En mayo, el Ministerio Público gestionó diligencias intrusivas relacionadas con la senadora. Personal del OS9 de Carabineros allanó su oficina en el Senado e incautó dos computadores y un archivero con carpetas, según los antecedentes publicados sobre la causa.

La realización de un allanamiento y la incautación de especies constituyen diligencias destinadas a recopilar evidencia. Por sí solas, no establecen la existencia del delito ni la participación culpable de la parlamentaria.

La nueva querella podría incorporarse a la investigación que ya lleva adelante el Ministerio Público. Sin embargo, la decisión de agrupar las causas corresponde a las autoridades competentes y depende de la conexión jurídica y fáctica que exista entre los antecedentes.

¿Qué son las exacciones ilegales?

El artículo 241 del Código Penal chileno sanciona al empleado público que, directa o indirectamente, exija derechos superiores a los que le corresponden por razón de su cargo o un beneficio económico para sí o para un tercero, vinculado con la ejecución de un acto propio de sus funciones.

La norma contempla penas privativas de libertad, inhabilitación para cargos públicos y multa. No obstante, su aplicación al caso requiere acreditar cada uno de los elementos del tipo penal, entre ellos la existencia de una exigencia, la obtención o solicitud de un beneficio y su relación con el ejercicio del cargo público. Código Penal de Chile — Biblioteca del Congreso Nacional

En consecuencia, no basta con demostrar que existieron transferencias o entregas de dinero. La Fiscalía deberá precisar cómo se habrían producido los cobros, quiénes participaron, cuál fue el destino de los fondos y qué relación tuvieron con las funciones parlamentarias.

También deberá determinarse si los hechos se encuadran efectivamente en exacciones ilegales, fraude al Fisco u otra figura penal. La calificación incluida en una querella representa la tesis jurídica del querellante y puede ser modificada durante el procedimiento.

Querella admitida no equivale a culpabilidad

El hecho de que la querella haya sido acogida a trámite significa que el tribunal permitió su incorporación al procedimiento. Esto no supone que el juzgado haya dado por acreditadas las imputaciones formuladas por Lillo.

El Ministerio Público deberá contrastar su relato con documentación bancaria, contratos, liquidaciones de remuneraciones, conversaciones, registros contables y declaraciones de otros integrantes del equipo parlamentario.

Asimismo, la defensa de Camila Flores podrá controvertir los antecedentes, solicitar diligencias y presentar pruebas destinadas a descartar la existencia de los delitos investigados.

Hasta que exista una sentencia firme, la senadora mantiene plenamente su presunción de inocencia.

Entorno de Camila Flores no emitió declaraciones

Bío Bío informó que contactó al entorno de la parlamentaria para solicitar una versión sobre la nueva acción penal. Sin embargo, sus cercanos optaron por no formular declaraciones respecto de la querella.

La ausencia de una respuesta pública no puede interpretarse como reconocimiento de los hechos denunciados. La congresista y su defensa conservan el derecho de responder dentro del procedimiento y definir la estrategia jurídica que estimen pertinente.

Conclusión jurídica

La querella incorpora un nuevo interviniente y una imputación formal a una investigación que ya había avanzado hacia diligencias intrusivas. El valor jurídico del testimonio de Julio Lillo dependerá, sin embargo, de su corroboración mediante evidencia independiente.

El punto central será determinar si existió un mecanismo destinado a recuperar, para fines particulares, parte de las remuneraciones pagadas con fondos públicos a asesores parlamentarios. Si la Fiscalía logra acreditar una exigencia de devolución vinculada con el ejercicio del cargo, los hechos podrían comprometer bienes jurídicos esenciales, como la probidad administrativa, la correcta utilización de recursos fiscales y la confianza pública.

Pero la admisión de la querella no resuelve el fondo del caso. Corresponde ahora al Ministerio Público establecer si las acusaciones tienen respaldo documental, reconstruir el eventual flujo del dinero y determinar la calificación penal aplicable.

Por ello, la cobertura periodística debe mantener una distinción clara: Julio Lillo formuló una acusación penal y la justicia permitió tramitarla, pero Camila Flores no ha sido condenada y su eventual responsabilidad permanece sometida a investigación.