El mayor fraude tributario de Chile suma 25 condenados y solo uno irá a prisión efectiva

El fraude tributario que remeció al país

Lo que comenzó como una investigación sobre emisión irregular de documentos tributarios terminó convirtiéndose en una de las mayores causas por delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita de la historia judicial chilena.

La estructura criminal fue desarticulada en diciembre de 2023 mediante un operativo simultáneo ejecutado por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI), tras una extensa investigación que permitió detectar una red dedicada a la generación y comercialización de facturas ideológicamente falsas en distintas regiones del país.

Según los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, el perjuicio fiscal total bordea los $240 mil millones, cifra que transforma esta causa en el mayor fraude tributario detectado hasta ahora en Chile.

La organización habría operado durante años mediante una sofisticada estructura empresarial destinada a simular operaciones comerciales inexistentes con el propósito de disminuir ilegalmente la carga tributaria de decenas de empresas.

El rol de José Pávez Canessa y los cuatro clanes investigados

De acuerdo con la investigación, la figura central de la organización fue José Pávez Canessa, alrededor de quien convergían los distintos grupos o “clanes” que conformaban la estructura criminal.

La red logró expandirse mediante la creación y utilización de sociedades comerciales que emitían documentos tributarios falsos a empresas receptoras.

Posteriormente, estas compañías registraban dichas facturas en su contabilidad y las incorporaban a sus declaraciones tributarias para:

• Rebajar artificialmente impuestos.
• Aumentar créditos fiscales.
• Disminuir la base imponible.
• Obtener devoluciones indebidas.
• Encubrir operaciones inexistentes.

En total, la investigación permitió detener a 55 personas, muchas de las cuales enfrentan procesos judiciales aún en desarrollo.

Las primeras condenas comenzaron en 2025

Las sentencias comenzaron a dictarse en noviembre de 2025 mediante procedimientos abreviados.

Entre los primeros condenados figuran:

• Galvarino Corral Abarca
• Cecilia Ampuero Meza
• Francisco Ampuero Meza
• Carla Ballesteros González

Posteriormente se sumaron condenas contra:

• Alexander Birchmeier Almarza
• Dhamarys Valenzuela Godoy
• Osvaldo Sacco Croxatto
• Robert Marlon Mondaca Gómez
• Sally Andrea Franco Aguilera
• Joaquín Andrés Alegría Tapia

A ellos se agregan otros quince imputados condenados durante 2026 por distintos grados de participación en la organización.

Las penas incluyen:

• Asociación ilícita
• Delitos tributarios reiterados
• Lavado de activos
• Fraudes aduaneros
• Infracciones a la Ley de Control de Armas
• Comisos de bienes
• Millonarias multas tributarias

Cómo funcionaba el negocio de las facturas falsas

La organización operaba mediante un mecanismo relativamente sofisticado, pero altamente efectivo.

Empresas controladas por los integrantes de la red emitían facturas por servicios o transacciones inexistentes.

Posteriormente esos documentos eran utilizados por otras sociedades para:

• Rebajar el Impuesto de Primera Categoría.
• Incrementar artificialmente créditos de IVA.
• Reducir impuestos a la renta.
•  Obtener ventajas tributarias indebidas.
• Justificar gastos ficticios.

El esquema permitió movilizar cientos de millones de pesos mediante documentación aparentemente legítima, dificultando la detección de las maniobras por parte de los organismos fiscalizadores.

Emilio Smok y el clan Croxatto

Uno de los condenados más relevantes fue Emilio Smok Issa, vinculado al denominado clan Croxatto.

La investigación estableció que Smok emitió al menos 101 facturas falsas a través de su empresa para favorecer operaciones tributarias ilícitas desarrolladas por sociedades relacionadas con Osvaldo Sacco Croxatto.

El perjuicio asociado a estas operaciones superó los $59 millones en créditos fiscales indebidos.

Aunque la Fiscalía solicitó penas superiores y multas significativas, la defensa logró acreditar circunstancias personales favorables, incluyendo su avanzada edad, condición de pensionado y ausencia de antecedentes criminológicos relevantes.

Finalmente recibió una pena reducida y una multa rebajada a aproximadamente $4,2 millones.

Marco Urrutia: el único condenado que irá a prisión efectiva

Dentro de todos los condenados existe un nombre que sobresale por la magnitud de las maniobras atribuidas y por la severidad de la sanción impuesta.

Se trata de Marco Urrutia Galleguillos, considerado uno de los principales operadores vinculados al clan liderado por José Pávez Canessa.

La sentencia acreditó que entre 2014 y 2020 participó activamente en la administración de una compleja red empresarial destinada a emitir y facilitar documentación tributaria falsa.

A través de la sociedad Inmobiliaria y Constructora Marazul, emitió facturas falsas y utilizó documentos ideológicamente falsos provenientes de sociedades vinculadas a la organización.

Un perjuicio fiscal superior a los $1.200 millones

La magnitud de las operaciones atribuidas a Urrutia resulta especialmente significativa.

La investigación concluyó que incorporó en sus declaraciones tributarias 187 facturas falsas, permitiéndole reducir artificialmente la base imponible utilizada para calcular el Impuesto de Primera Categoría.

Solo esta maniobra generó un perjuicio fiscal superior a $371 millones.

Además:

• Emitió 239 facturas falsas.
• Generó un perjuicio adicional superior a $837 millones.
• Incrementó indebidamente créditos fiscales.
• Participó en operaciones constitutivas de lavado de activos.

Por estas conductas fue condenado por:

• Asociación ilícita
• Delitos tributarios reiterados
• Lavado de activos
• Fraudes aduaneros

Un patrimonio millonario bajo la lupa

Los antecedentes judiciales también revelan el crecimiento patrimonial experimentado por Urrutia durante el período investigado.

La sentencia señala que logró acumular un patrimonio estimado en $25.342 millones, incompatible con los ingresos formalmente declarados.

El tribunal estableció que adquirió:

• Vehículos pagados al contado.
• Inversiones en fondos mutuos.
• Participación en diversas sociedades.
• Empresas utilizadas para continuar emitiendo documentación falsa.

Para la Fiscalía, estos movimientos constituyeron indicios relevantes de lavado de activos y ocultamiento de ganancias provenientes de actividades ilícitas.

Más de cinco años de condena efectiva

La Fiscalía solicitó inicialmente penas aún mayores.

Sin embargo, al optar por un procedimiento abreviado y renunciar al juicio oral, el condenado obtuvo ciertos beneficios procesales.

Aun así, el tribunal impuso:

• 61 días por asociación ilícita.
• 1.623 días por delitos tributarios.
• 300 días por lavado de activos.
• Multas superiores a $533 millones.
• 20 UTM adicionales por lavado de activos.

La suma total alcanza cinco años, cinco meses y nueve días de presidio efectivo.

Esto convierte a Marco Urrutia Galleguillos en el único condenado de la causa que deberá cumplir efectivamente su pena en un recinto penitenciario.

El desafío del Estado frente a los delitos económicos

El caso ha vuelto a instalar el debate sobre la eficacia de la persecución penal de los delitos económicos en Chile.

Pese a la magnitud del perjuicio fiscal, gran parte de los condenados accedió a procedimientos abreviados y penas sustitutivas, situación que ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones frente a delitos que afectan directamente los recursos públicos.

La investigación también puso de manifiesto la sofisticación que han alcanzado ciertas estructuras criminales dedicadas a la evasión tributaria, utilizando sociedades de papel, operaciones simuladas y complejas redes de intermediación financiera.

Conclusión

La causa del mayor fraude tributario descubierto en Chile constituye uno de los casos más relevantes de criminalidad económica enfrentados por el sistema judicial en las últimas décadas. Los antecedentes acreditados por el Ministerio Público muestran una estructura organizada, permanente y especializada destinada a defraudar al Fisco mediante la utilización masiva de facturas ideológicamente falsas, afectando gravemente la recaudación tributaria y la integridad del sistema financiero.

Desde una perspectiva jurídica, el caso evidencia la creciente utilización de figuras penales complejas como la asociación ilícita, el lavado de activos, los delitos tributarios reiterados y los fraudes aduaneros, reflejando una evolución en las estrategias de persecución de la delincuencia económica organizada.

La investigación también plantea interrogantes respecto de la suficiencia de las sanciones aplicadas en materia tributaria, especialmente cuando los perjuicios fiscales alcanzan cifras extraordinarias. El hecho de que solo uno de los 25 condenados deba cumplir una pena efectiva de prisión reabre el debate sobre el equilibrio entre eficiencia procesal, colaboración con la justicia y necesidad de disuasión frente a delitos que afectan recursos esenciales para el funcionamiento del Estado.

Más allá de las condenas ya dictadas, esta causa probablemente marcará un precedente relevante para futuras investigaciones sobre evasión tributaria, utilización de facturas falsas y lavado de activos, consolidándose como un caso emblemático en la historia judicial chilena.