Prisión preventiva para gendarmes por red de narcotráfico en Illapel

Tribunal advierte funcionamiento de una red criminal dentro del penal

Una compleja investigación del Ministerio Público permitió exponer la existencia de una presunta estructura criminal que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, involucrando a funcionarios penitenciarios, civiles e internos del recinto.

Tras dos extensas jornadas de formalización, la jueza Andrea Rojas Cortés resolvió decretar la medida cautelar de prisión preventiva respecto de cuatro gendarmes y un civil, al estimar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Durante la audiencia, la magistrada sostuvo que los antecedentes expuestos permiten configurar la existencia de una organización con características propias de una estructura criminal permanente.

“ Nos encontramos ante una red criminal organizada que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, afectando gravemente la seguridad de un recinto penal del Estado”, señaló la jueza.

Delitos investigados incluyen tráfico de drogas, cohecho y lavado de activos

Según la imputación fiscal, la organización habría desarrollado un esquema destinado a introducir drogas, teléfonos celulares, chips telefónicos y otros elementos prohibidos al establecimiento penitenciario.

La investigación sostiene que los integrantes de la red coordinaban la adquisición, almacenamiento, transporte e ingreso de sustancias ilícitas y dispositivos tecnológicos para ser entregados a internos del penal a cambio de pagos económicos.

Los hechos fueron formalizados bajo los delitos de:

• Asociación criminal
• Tráfico ilícito de drogas
• Lavado de activos
• Cohecho
• Ingreso de elementos prohibidos a recintos penitenciarios

La magistrada destacó que la gravedad de las conductas atribuidas y la utilización de cargos públicos para facilitar su ejecución constituyen elementos suficientes para justificar la medida cautelar más intensa contemplada por el ordenamiento jurídico.

Más de $223 millones en ganancias ilícitas

De acuerdo con la investigación desarrollada por la fiscalía, la organización criminal habría operado de forma sistemática desde el año 2021.

El ente persecutor sostiene que las actividades ilícitas generaron utilidades estimadas en $223.209.732, recursos que posteriormente habrían sido canalizados mediante diversas cuentas bancarias y utilizados para adquirir bienes destinados a ocultar el origen ilegal de los fondos.

Este antecedente constituye uno de los pilares de la imputación por lavado de activos, delito que busca sancionar la incorporación al sistema financiero de recursos obtenidos mediante actividades criminales.

Tribunal también decreta prisión preventiva para imputadas por tráfico de drogas

La jueza resolvió además decretar la prisión preventiva de dos mujeres imputadas por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Si bien descartó preliminarmente su participación en una asociación criminal, estimó que la gravedad de los antecedentes relacionados con el tráfico justificaba su encarcelamiento preventivo.

La magistrada rechazó la solicitud de arresto domiciliario formulada por las defensas, argumentando que los inmuebles donde residían habrían funcionado como centros de acopio, dosificación y distribución de sustancias ilícitas.

Según razonó el tribunal, mantenerlas en esos mismos domicilios resultaría insuficiente para neutralizar el riesgo de continuidad de la actividad criminal.

Gendarme evita prisión preventiva tras desestimarse delitos más graves

La situación fue distinta respecto de un quinto funcionario penitenciario.

El tribunal concluyó que, en esta etapa inicial de la investigación, no existían antecedentes suficientes para vincularlo con los delitos de asociación criminal y tráfico de drogas.

Sin embargo, sí consideró acreditada su participación en hechos vinculados a cohecho e ingreso de dispositivos electrónicos a establecimientos penitenciarios.

Por ello, se le impusieron las medidas cautelares de:

• Arresto domiciliario total.
• Arraigo nacional.
• Prohibición de comunicarse con los demás imputados.

La jueza sostuvo que la prisión preventiva resultaba desproporcionada atendida la menor entidad de los ilícitos acreditados y la ausencia de antecedentes penales previos.

Otros imputados obtienen medidas cautelares menos intensas

Respecto de otros tres imputados, el tribunal descartó las imputaciones más graves formuladas por la fiscalía.

La resolución estimó que los antecedentes permiten, por ahora, vincularlos únicamente a conductas de menor intensidad relacionadas con pequeñas cantidades de droga o colaboración secundaria en el ingreso de elementos tecnológicos al recinto penal.

En consecuencia, quedaron sujetos a:

• Arresto domiciliario parcial nocturno.
• Arraigo nacional.
• Firma mensual.
• Prohibición de acercarse a los coimputados.

Otros cinco imputados, cuya participación fue considerada marginal por las partes, quedaron sometidos a medidas cautelares de menor intensidad.

Investigación se extenderá por cuatro meses

El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

Durante ese período, la fiscalía continuará reuniendo antecedentes destinados a esclarecer la estructura jerárquica de la organización, determinar el rol específico de cada imputado y profundizar las diligencias relacionadas con los movimientos financieros detectados.

Conclusión jurídica: corrupción penitenciaria, crimen organizado y el desafío del Estado de Derecho

La resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Illapel trasciende el ámbito de una investigación ordinaria por tráfico de drogas. El caso pone en evidencia uno de los fenómenos más complejos para los sistemas penitenciarios modernos: la infiltración del crimen organizado en instituciones encargadas precisamente de combatirlo.

Desde una perspectiva jurídica, la eventual participación de funcionarios públicos en actividades vinculadas al narcotráfico reviste especial gravedad, ya que compromete principios esenciales de la administración estatal, particularmente la probidad administrativa, la integridad institucional y la confianza pública.

La investigación también refleja la creciente utilización de figuras penales complejas como la asociación criminal y el lavado de activos, herramientas legales diseñadas para perseguir estructuras organizadas que buscan ocultar y legitimar recursos provenientes de actividades ilícitas.

En caso de acreditarse los hechos durante el juicio oral, las sanciones podrían alcanzar penas de alta entidad, especialmente considerando la concurrencia de delitos múltiples y la calidad de funcionarios públicos de algunos imputados.

El proceso judicial que recién comienza será determinante para establecer si existió una verdadera estructura criminal enquistada en el sistema penitenciario y para definir el alcance de las responsabilidades individuales. Asimismo, el caso podría transformarse en un precedente relevante sobre los estándares de persecución penal aplicables a redes de corrupción vinculadas al narcotráfico dentro de recintos carcelarios, una amenaza que afecta directamente la seguridad pública y el funcionamiento del Estado de Derecho.