El caso Manuel Monsalve entra en una etapa decisiva mientras nuevos antecedentes contenidos en el expediente judicial permiten reconstruir cómo distintos funcionarios de la Subsecretaría del Interior percibían el ambiente laboral durante la gestión del exsubsecretario.

Las declaraciones, prestadas principalmente durante marzo de 2025, muestran una realidad marcada por percepciones contrapuestas: mientras algunos colaboradores describieron a Monsalve como una autoridad respetuosa y cercana, otros reconocieron episodios de machismo, comentarios incómodos y conductas que calificaron como sarcásticas o pasivo-agresivas.

Uno de los elementos que adquiere particular relevancia es que algunos de los funcionarios más cercanos al exsubsecretario reconocieron haber experimentado “cierta incredulidad” frente a la denuncia presentada por una exfuncionaria.

El contexto cobra importancia porque la Fiscalía ya cerró la investigación y presentó nuevamente su acusación contra Monsalve. El Ministerio Público solicita 10 años y un día de presidio por violación y cuatro años y un día por abuso sexual, mientras la audiencia de preparación del juicio oral quedó fijada para el 5 de octubre de 2026.

El ambiente laboral que describen los testimonios

Una de las primeras funcionarias en declarar fue V., quien se presentó voluntariamente ante la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI el 26 de marzo de 2025.

Según su testimonio, conocía a la denunciante porque ambas habían trabajado en el mismo departamento y habían desarrollado una relación de amistad. Compartían actividades fuera del trabajo y mantenían contacto frecuente.

En una de esas ocasiones, relató, la denunciante recibió un mensaje de Monsalve mientras ambas se encontraban en un café cercano a La Moneda.

La funcionaria aseguró que el episodio le pareció extraño porque, según lo que le había manifestado su compañera, no existía una reunión laboral programada para ese momento.

Posteriormente, V. dijo haber recibido de otra funcionaria antecedentes que también le llamaron la atención.

Según ese relato, la denunciante concurría con frecuencia a la oficina del entonces subsecretario y habría sido observada en una oportunidad con un derrame en uno de sus ojos.

La explicación entregada en ese momento habría sido el estrés y la carga laboral.

Poco después, la funcionaria habría tomado una licencia médica.

La percepción cambió después de conocerse la denuncia

V. declaró que inicialmente no relacionó aquellos episodios con una eventual situación de carácter sexual.

Fue después de conocer públicamente la denuncia contra Monsalve cuando, según su propio relato, recordó determinadas situaciones que previamente no había considerado relevantes.

Ese elemento resulta importante para comprender la naturaleza de los testimonios: las declaraciones no necesariamente describen hechos presenciados directamente, sino también interpretaciones que algunos funcionarios elaboraron antes o después de conocer la denuncia.

La diferencia entre ambas circunstancias será materia de valoración durante el proceso judicial.

“Cierta incredulidad” entre funcionarios

Uno de los testimonios más relevantes corresponde a Enrique Inostroza, asesor de Monsalve y exseremi de Gobierno durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.

Inostroza sostuvo que conocía al exsubsecretario desde hacía aproximadamente 25 años y que mantenía con él una relación de cercanía política y personal.

Su declaración refleja una posición especialmente favorable hacia Monsalve.

Aseguró que durante su experiencia laboral nunca observó comportamientos que pudieran hacerle pensar en una relación sentimental o sexual entre el exsubsecretario y la denunciante.

También afirmó que la denuncia produjo sorpresa entre funcionarios de la Subsecretaría.

Según su testimonio, existía “cierta incredulidad respecto a la denuncia en contra de Monsalve”, percepción que, aseguró, habría sido compartida por otras personas del organismo.

El funcionario incluso planteó una interpretación general respecto de las relaciones personales contemporáneas y sostuvo que existían vínculos “sexo afectivos” de corta duración.

Sin embargo, esa percepción personal no constituye una prueba sobre los hechos investigados ni permite establecer por sí misma la existencia o inexistencia de los delitos imputados.

El cambio en las funciones de la denunciante

Otro testimonio relevante fue el de Gabriel de la Fuente, quien se desempeñaba como jefe de gabinete de Monsalve.

De la Fuente describió a la Subsecretaría como un equipo relativamente pequeño y aseguró que la relación laboral con la denunciante experimentó modificaciones durante septiembre de 2024.

Según declaró, después del regreso de Monsalve de sus vacaciones, el exsubsecretario habría solicitado que la funcionaria lo acompañara en determinadas actividades.

La descripción adquiere relevancia porque, de acuerdo con el testimonio, la denunciante habría pasado a tener una función de seguimiento de las actividades de Monsalve, incluyendo desplazamientos fuera de Santiago.

La propia declaración plantea que esta tarea no necesariamente correspondía exclusivamente a ella en términos de prensa o contenidos, pero que Monsalve sí habría solicitado expresamente su participación como persona de seguimiento.

Para la investigación, estos antecedentes forman parte del contexto que deberá ser evaluado conjuntamente con el resto de la evidencia.

“Nada, para mí esto fue una sorpresa mayúscula”

Consultado específicamente sobre si había advertido algún cambio de comportamiento entre Monsalve y la denunciante, De la Fuente respondió que no.

“Nada, para mí esto fue una sorpresa mayúscula”, señaló en su declaración.

La frase refleja uno de los contrastes centrales que atraviesan los testimonios: varios colaboradores aseguran no haber presenciado directamente situaciones que permitieran anticipar los hechos posteriormente denunciados.

La ausencia de observación directa, sin embargo, no permite por sí sola establecer que los hechos denunciados no ocurrieron.

En términos probatorios, corresponde al tribunal determinar el valor de cada declaración y contrastarla con pericias, documentos, testimonios y demás antecedentes incorporados al proceso.

Bromas machistas y conductas pasivo-agresivas

El expediente también contiene declaraciones que describen un ambiente laboral menos favorable.

Una funcionaria identificada como C. relató que durante su permanencia en la Subsecretaría observó situaciones que, desde su perspectiva, estaban relacionadas con comportamientos machistas.

La funcionaria afirmó que había planteado previamente a Monsalve problemas relacionados con conductas de otros jefes y que, en su percepción, el entonces subsecretario tendía a restarles importancia.

Su testimonio incorpora una descripción particularmente significativa del estilo de liderazgo que atribuía al exsubsecretario.

“Su comportamiento en algunas oportunidades era más bien pasivo agresivo. Además, era sarcástico e irónico”, declaró.

La funcionaria también sostuvo que el ambiente laboral podía incluir “bromas machistas”, algo que le generaba especial incomodidad debido a su propia posición frente a ese tipo de conductas.

Dos percepciones sobre una misma estructura laboral

La lectura conjunta de las declaraciones revela una diferencia sustantiva.

Por un lado, funcionarios cercanos a Monsalve describen una relación profesional formal, respetuosa y sin señales evidentes de una conducta impropia.

Por otro, otros testimonios incorporados a la investigación hablan de machismo, comentarios incómodos y formas de interacción que generaban cuestionamientos.

Esa contradicción no es secundaria.

El contexto laboral puede formar parte de la evidencia que permita al tribunal comprender determinadas relaciones entre las personas involucradas, pero debe diferenciarse cuidadosamente de la prueba específica destinada a acreditar los delitos sexuales imputados.

La acusación de la Fiscalía y el escenario judicial

El debate sobre el ambiente laboral se produce cuando la causa se encuentra próxima a una instancia procesal decisiva.

El Ministerio Público presentó el 31 de agosto una nueva acusación contra Monsalve, luego de que la investigación se cerrara nuevamente el 21 de agosto. La causa había sido reabierta durante 2026 para realizar nuevas diligencias solicitadas durante la investigación.

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, encabezada por el fiscal Francisco Jacir, acusa a Monsalve como autor de los delitos consumados de violación y abuso sexual.

El Ministerio Público solicita 10 años y un día de presidio por violación y cuatro años y un día por abuso sexual, además de las sanciones accesorias correspondientes.

La acusación contempla un importante volumen de evidencia: 89 testigos, 106 documentos y 21 peritos. Entre los testigos considerados por la Fiscalía aparecen el expresidente Gabriel Boric, la exministra Carolina Tohá, el exministro Luis Cordero, la exjefa de gabinete Ana Lya Uriarte y el exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente.

Ninguna de esas exautoridades figura como testigo presencial de los hechos investigados. Su eventual declaración apunta al contexto institucional, la relación profesional con Monsalve y los antecedentes que recibieron durante el desarrollo del caso.

El 5 de octubre será una jornada clave

La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 5 de octubre de 2026 ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En esa instancia, las partes podrán discutir los medios de prueba que pretenden llevar al eventual juicio oral y solicitar las exclusiones que estimen correspondientes.

El fiscal regional Francisco Jacir ha señalado que, tras el cierre de la investigación, la causa debe avanzar hacia esa etapa sin una nueva postergación por el mismo objeto.

La audiencia, por tanto, será determinante para establecer qué parte del extenso expediente llegará finalmente a la etapa de juicio.

La distancia entre percepción y prueba judicial

Los testimonios conocidos permiten observar un elemento particularmente relevante: la percepción que tenían los funcionarios sobre Monsalve no fue uniforme.

Para algunos, era una autoridad respetuosa, humana y cercana. Para otros, existía un ambiente en el que determinadas conductas machistas, comentarios sarcásticos o formas pasivo-agresivas de relacionamiento eran parte de la dinámica laboral.

Pero ninguna de esas percepciones, por sí sola, determina la responsabilidad penal.

El juicio deberá establecer si la Fiscalía consigue acreditar, más allá del estándar exigible en materia penal, los hechos específicos que atribuye al exsubsecretario y su eventual responsabilidad en ellos.

El expediente muestra así una dimensión que excede la discusión política: la diferencia entre aquello que los compañeros de trabajo observaron, aquello que interpretaron y aquello que finalmente podrá ser probado ante un tribunal.

La próxima etapa judicial deberá separar precisamente esas categorías. Porque en una causa de esta naturaleza, la cercanía personal, la reputación laboral o la incredulidad de terceros no sustituyen la prueba, del mismo modo que la existencia de un ambiente laboral cuestionado tampoco acredita por sí misma los delitos imputados.

El desafío para el sistema de justicia será determinar qué antecedentes poseen verdadero valor probatorio y cuáles corresponden únicamente a percepciones, opiniones o reconstrucciones posteriores. El 5 de octubre, esa discusión ingresará a una etapa decisiva antes de un eventual juicio oral.

Conclusión

El caso Manuel Monsalve entra en una etapa decisiva, marcada por una evidente distancia entre las percepciones que algunos funcionarios tenían sobre el comportamiento del exsubsecretario y los antecedentes reunidos por el Ministerio Público durante la investigación. Los testimonios incorporados a la carpeta permiten reconstruir el ambiente laboral, las relaciones internas y las circunstancias previas a la denuncia, pero por sí solos no determinan la responsabilidad penal.

La Fiscalía sostiene una acusación por violación y abuso sexual y solicita una pena de 14 años y 2 días de presidio, mientras la defensa deberá controvertir los antecedentes durante las distintas etapas del proceso. La audiencia de preparación de juicio oral, fijada para el 5 de octubre de 2026, será clave para definir la prueba que llegará eventualmente a un tribunal oral.

Más allá de las opiniones personales, las referencias a un eventual ambiente machista, las expresiones de incredulidad y los testimonios sobre la relación laboral deberán ser ponderados dentro del conjunto de la evidencia. Será finalmente la justicia, y no las percepciones de terceros, la que determine si los hechos imputados quedaron acreditados conforme al estándar exigido por el derecho penal.

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