Percy Marín acusa maltratos y niega filtración de material íntimo de Camila Flores

La controversia judicial y mediática que involucra a la senadora Camila Flores y a su exesposo, el exconsejero regional Percy Marín, sumó un nuevo episodio luego de que este último decidiera romper el silencio mediante una declaración pública en la que negó categóricamente haber participado en la difusión de fotografías y videos íntimos de la parlamentaria.

Las declaraciones surgen mientras el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) continúan desarrollando diligencias destinadas a esclarecer el origen, obtención y eventual divulgación de material privado cuya circulación fue denunciada por la senadora.

Marín sostuvo que jamás ha intervenido en acciones destinadas a vulnerar la intimidad de Flores y aseguró que cualquier conducta orientada a exponer la vida privada de una persona merece el máximo reproche social y jurídico.

“No he difundido ni participado en la difusión de imágenes o videos íntimos”, afirmó.

Acusaciones de maltrato, humillaciones y abuso de poder durante la relación

En una de las partes más sensibles de su declaración, Marín sostuvo que durante años habría sido víctima de situaciones que afectaron gravemente su integridad emocional y su entorno familiar.

Según relató, experimentó episodios reiterados de maltrato psicológico, humillaciones, descalificaciones personales y lo que calificó como un permanente abuso de poder al interior de la relación.

El exconsejero afirmó que optó por mantener silencio durante meses debido a la existencia de una hija en común y para evitar una mayor exposición pública del conflicto familiar.

Asimismo, señaló que la crisis alcanzó su punto más crítico a fines de 2025, cuando —según su versión— fue obligado a abandonar el domicilio que compartía con la senadora.

“Fui expulsado de mi hogar”, sostuvo.

Marín agregó que posteriormente enfrentó dificultades para mantener una relación fluida con su hija, situación que describió como una de las experiencias más dolorosas derivadas de la ruptura matrimonial.

Diligencias de la PDI buscan determinar origen de las imágenes

La investigación actualmente se encuentra en manos del Ministerio Público, organismo que instruyó diligencias especializadas a la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI.

Entre las actuaciones realizadas se incluyen procedimientos de entrada y registro, levantamiento de evidencia digital y recopilación de antecedentes tecnológicos destinados a determinar:

• El origen de los registros audiovisuales.
• El mecanismo mediante el cual fueron obtenidos.
• La eventual intervención de terceros.
• La trazabilidad de la difusión del contenido.
• La existencia de responsabilidades penales asociadas.

La senadora ha sostenido públicamente que las imágenes fueron obtenidas sin su consentimiento desde sistemas de vigilancia instalados en la vivienda que compartía con Marín, constituyendo una grave vulneración de su intimidad y de sus derechos fundamentales.

Camila Flores exige sanciones para responsables de la difusión

Por su parte, la parlamentaria ha reiterado que los hechos representan una afectación directa a su vida privada y a su dignidad personal.

Asimismo, ha manifestado que continuará impulsando acciones legales destinadas a identificar y sancionar a quienes resulten responsables de la obtención, almacenamiento o difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

La senadora también ha rechazado las acusaciones formuladas por su exesposo, señalando que las diferencias personales existentes entre ambos deben resolverse mediante los mecanismos institucionales correspondientes y bajo el debido proceso.

Privacidad digital y violencia tecnológica: un debate que vuelve al centro de la discusión pública

Más allá del conflicto personal entre ambas figuras políticas, el caso ha instalado nuevamente en el debate nacional la creciente preocupación por la protección de la privacidad en entornos digitales.

Especialistas en derecho informático han advertido que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos fundamentales en la era digital.

La expansión de tecnologías de vigilancia, almacenamiento en la nube y circulación instantánea de contenido ha generado nuevos desafíos para los sistemas judiciales, particularmente en materias relacionadas con:

• Protección de datos personales.
• Derecho a la vida privada.
• Violencia digital.
• Ciberacoso.
• Violencia de género tecnológica.
• Responsabilidad penal informática.

Posibles consecuencias penales y civiles

Desde una perspectiva jurídica, la investigación deberá establecer si existieron conductas susceptibles de configurar delitos contemplados en la legislación chilena.

Dependiendo de los antecedentes que logre reunir la Fiscalía, podrían analizarse eventuales infracciones vinculadas a:

• Violación de la vida privada.
• Captación indebida de imágenes.
• Difusión no consentida de contenido íntimo.
• Delitos informáticos.
• Tratamiento ilícito de datos personales.
• Daño moral indemnizable en sede civil.

Además, los tribunales podrían evaluar la aplicación de normas relativas a la protección de víctimas de violencia digital y mecanismos cautelares orientados a impedir nuevas divulgaciones del material investigado.

Conclusión jurídica: una causa que podría transformarse en un precedente sobre privacidad digital en Chile

La controversia entre Percy Marín y Camila Flores trasciende ampliamente el ámbito de una disputa matrimonial o familiar. Lo que actualmente se encuentra bajo investigación es la eventual vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución, particularmente el derecho a la honra, el derecho a la vida privada, la protección de datos personales y la dignidad de las personas.

Desde el punto de vista jurídico, el desafío para el Ministerio Público consistirá en acreditar con precisión la cadena de custodia digital, determinar quién tuvo acceso al material, establecer eventuales responsabilidades individuales y demostrar la participación de terceros en una posible difusión ilícita.

La causa también podría convertirse en un caso emblemático para la jurisprudencia chilena en materia de violencia digital, protección de la intimidad y responsabilidad derivada de la divulgación de contenido íntimo sin consentimiento, áreas que han adquirido creciente relevancia debido al desarrollo tecnológico y al impacto que este tipo de conductas genera en las víctimas.

Mientras la investigación continúa, tanto las denuncias formuladas por la senadora como las acusaciones realizadas por su exesposo deberán ser examinadas bajo los principios de presunción de inocencia, debido proceso, objetividad investigativa y respeto irrestricto a los derechos fundamentales, evitando juicios anticipados y permitiendo que sean los antecedentes reunidos por la Fiscalía y eventualmente valorados por los tribunales los que determinen la verdad jurídica de los hechos.