Condenan a 6 años de cárcel a autor de robo con intimidación en Peñalolén
Condena a presidio efectivo por robo con intimidación
El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Jorge David Vargas Labraña a la pena de 6 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de robo con intimidación, ilícito perpetrado en julio de 2024 en la comuna de Peñalolén.
El fallo, dictado en forma unánime (rol 35-2026), impuso además las accesorias legales correspondientes, incluyendo inhabilitación absoluta para cargos públicos y derechos políticos.
Hechos acreditados en juicio
El tribunal dio por establecido que el 5 de julio de 2024, cerca de las 06:20 horas, el condenado ingresó junto a otros sujetos a un local Pronto Copec ubicado en avenida Tobalaba.
En el lugar, intimidó a la encargada con una pistola aparentemente real, mientras sus acompañantes reducían al guardia de seguridad. Los individuos sustrajeron diversas especies, incluyendo productos comerciales y un teléfono celular, dándose posteriormente a la fuga.
El acusado fue detenido minutos más tarde por Carabineros en las inmediaciones, portando parte de las especies sustraídas y el arma utilizada.
Atenuantes y determinación de la pena
Para fijar la sanción, el tribunal consideró la atenuante de colaboración sustancial, dado que el imputado reconoció su participación tanto en etapa investigativa como en juicio oral.
Sin embargo, la pena se determinó dentro del marco legal del delito —presidio mayor en su grado mínimo a máximo— considerando:
- La extensión del daño causado
- La afectación emocional de la víctima
- La recuperación parcial de las especies sustraídas
Exclusión de penas sustitutivas
El tribunal resolvió que, debido a la extensión de la pena impuesta, no procedía la sustitución conforme a la Ley 18.216, ordenando su cumplimiento efectivo en un recinto penitenciario.
Conclusión
La sentencia del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago reafirma la respuesta penal estricta frente a delitos de robo con intimidación, especialmente cuando estos involucran violencia psicológica directa sobre las víctimas y afectan espacios de trabajo.
Desde el punto de vista jurídico, el fallo destaca la aplicación del principio de proporcionalidad en la determinación de la pena, considerando tanto la colaboración del imputado como la magnitud del daño causado. La inclusión de la atenuante no fue suficiente para rebajar la sanción a niveles que permitieran su cumplimiento en libertad, lo que evidencia el peso que el tribunal asignó a la afectación de la víctima y al carácter del delito.
Asimismo, la decisión de excluir penas sustitutivas refuerza el criterio restrictivo aplicado en delitos violentos, consolidando una línea jurisprudencial que privilegia el cumplimiento efectivo de las condenas en este tipo de ilícitos.
En términos institucionales, la incorporación del condenado al registro nacional de ADN fortalece los mecanismos de persecución penal y control de reincidencia, en línea con las políticas públicas de seguridad.
En definitiva, el fallo no solo resuelve un caso concreto, sino que refleja una tendencia clara del sistema penal chileno hacia una mayor severidad frente a delitos que comprometen la seguridad de las personas en contextos cotidianos, como el comercio minorista.
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