“Papá, me voy a morir”: familia de niño fallecido en Chiloé anuncia querella

La familia de Gabriel Dusan Peña, un niño de 10 años de Isla Lemuy que falleció después de recibir atención en distintos centros asistenciales de Chiloé, prepara una querella destinada a establecer posibles responsabilidades médicas y administrativas.

El menor fue atendido en el Servicio de Urgencia Rural del CESFAM de Puqueldón y posteriormente en el Hospital de Castro. Sus familiares sostienen que la gravedad del cuadro no habría sido advertida oportunamente y atribuyen el desenlace a eventuales deficiencias en la atención.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de la familia y deberán ser verificadas mediante la investigación penal, las fichas clínicas, las declaraciones de los profesionales, las pericias médicas y los demás antecedentes recopilados por el Ministerio Público.

La Fiscalía Local de Castro mantiene diligencias en curso y habría instruido actuaciones investigativas a la Policía de Investigaciones. Antecedentes publicados previamente señalan que la causa indaga un eventual cuasidelito de homicidio.

Gabriel Dusan Peña fue atendido en distintos centros de salud

El cuadro habría comenzado cuando Gabriel presentó vómitos reiterados y un fuerte dolor en la parte superior de la cabeza. Ante el rápido deterioro de su estado, su padre lo trasladó al Servicio de Urgencia Rural del CESFAM de Puqueldón.

Según el relato familiar, en ese recinto se constató que el niño estaba deshidratado y se le diagnosticó una gastroenteritis, pero no fue derivado inmediatamente a un establecimiento de mayor complejidad.

Preocupado por la evolución de los síntomas, su padre decidió llevarlo por sus propios medios hasta el Hospital de Castro. Durante el trayecto, el menor habría perdido la consciencia en dos oportunidades.

En el establecimiento hospitalario, de acuerdo con la versión entregada por la familia, se le diagnosticó un resfrío común y el dolor torácico habría sido asociado al esfuerzo producido por los vómitos. Posteriormente, fue enviado nuevamente a su domicilio.

El estado del niño continuó deteriorándose

La condición de Gabriel siguió empeorando. Tras un nuevo episodio de pérdida de consciencia, sus familiares regresaron al CESFAM de Puqueldón, donde se le realizaron exámenes de sangre que no habrían mostrado alteraciones relevantes.

Su padre sostuvo que los profesionales atribuyeron nuevamente los síntomas a un cuadro viral. Pese a ello, debieron regresar al recinto asistencial debido al progresivo deterioro del niño.

Antes de una de las últimas consultas, Gabriel pronunció una frase que quedó profundamente marcada en su familia:

“Papá, me voy a morir”.

“Yo me quedé con Gabriel en la pieza y, de repente, se sienta y me dice: ‘Me voy a morir’. Le puse una casaca y lo llevé al CESFAM. Lo toqué y estaba helado”, relató su padre.

Según su testimonio, integrantes del personal advirtieron entonces que el menor se encontraba en una condición grave y que debía ser derivado urgentemente.

Familia denuncia demora en la disponibilidad de una ambulancia

La familia sostiene que el inicio del traslado de urgencia habría demorado cerca de cuatro horas debido a la falta de ambulancias disponibles.

Durante el recorrido, el niño sufrió una descompensación grave, por lo que el vehículo debió detenerse en el Hospital de Chonchi, donde se efectuaron maniobras para estabilizarlo antes de continuar hacia Castro.

Gabriel llegó en estado crítico al hospital de destino. Pese a los esfuerzos de reanimación realizados por los equipos médicos, finalmente falleció.

De acuerdo con los antecedentes atribuidos al Servicio Médico Legal, el niño habría sufrido un accidente cerebrovascular asociado a una malformación congénita, cuadro que posteriormente derivó en un edema pulmonar. La relación entre este diagnóstico, la atención recibida y las posibilidades reales de un tratamiento oportuno deberá ser determinada mediante peritajes especializados.

Fiscalía mantiene diligencias por la muerte de Gabriel

Después del fallecimiento, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía Local de Castro. El Ministerio Público ordenó diligencias a la Policía de Investigaciones destinadas a reconstruir las atenciones y establecer si existieron acciones u omisiones con relevancia penal.

La investigación deberá revisar, entre otros antecedentes:

• Las fichas clínicas completas del niño.
• Los horarios y contenidos de cada atención.
• Los diagnósticos formulados.
• Los exámenes efectuados y sus resultados.
• Los protocolos de derivación aplicados.
• La disponibilidad y demora de las ambulancias.
• La actuación de los profesionales intervinientes.
• La posibilidad médica de detectar oportunamente el accidente cerebrovascular.

Desde el Servicio de Urgencia Rural del CESFAM de Puqueldón manifestaron su disposición a entregar los antecedentes que sean requeridos por las autoridades.

Querella incluirá un informe neurológico

Los padres de Gabriel preparan una querella que contará con un informe médico elaborado por el neurólogo pediátrico Raúl Escobar, fundador de la Unidad de Neurodesarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La acción judicial buscará determinar eventuales responsabilidades del Servicio de Salud Chiloé, la Municipalidad de Puqueldón, en su calidad de administradora del CESFAM, y los profesionales que intervinieron en las distintas atenciones.

La querella todavía debe ser presentada y su sola interposición no acredita responsabilidad. Corresponderá a la investigación determinar si las decisiones clínicas se ajustaron a los protocolos vigentes y si una conducta diferente habría tenido posibilidades razonables de evitar la muerte.

Posibles responsabilidades médicas y administrativas

Desde el punto de vista jurídico, un resultado fatal no permite concluir automáticamente que existió negligencia médica. Para establecer una eventual responsabilidad penal será necesario acreditar una infracción al deber de cuidado, además de una relación causal entre esa actuación u omisión y el fallecimiento.

También podrían analizarse eventuales responsabilidades administrativas relacionadas con los procedimientos internos, los sistemas de derivación, la disponibilidad de ambulancias, la supervisión de los equipos y el funcionamiento de la red asistencial.

En una eventual acción indemnizatoria contra organismos públicos, el análisis podría centrarse en la existencia de una posible falta de servicio, figura que exige determinar si la atención fue inexistente, tardía o prestada de manera deficiente.

Conclusión jurídica

El caso de Gabriel Dusan Peña exige una investigación técnica, independiente y transparente. Será fundamental determinar si sus síntomas permitían sospechar una emergencia neurológica, si correspondía derivarlo anticipadamente y si la demora denunciada en el traslado influyó efectivamente en el desenlace.

La investigación también deberá diferenciar una posible complicación médica difícil de detectar de una eventual infracción a los protocolos clínicos. Esa distinción solo puede establecerse mediante pericias especializadas y el análisis íntegro de las fichas médicas.

Para la familia, la acción judicial no solo busca establecer responsabilidades por la muerte del niño, sino también evitar que otras personas que viven en sectores insulares o apartados enfrenten dificultades semejantes para acceder oportunamente a una atención de mayor complejidad.