Acusación constitucional: expertos advierten uso político y piden reformas al mecanismo

La acusación constitucional deja de ser una medida excepcional y tensiona el equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo

La acusación constitucional, concebida por la Constitución como un mecanismo excepcional de control político destinado a exigir responsabilidades a altas autoridades del Estado, ha experimentado una profunda transformación durante los últimos años. Lo que originalmente debía operar como un instrumento extraordinario frente a infracciones graves se ha convertido, según diversos analistas, en una herramienta de confrontación política utilizada con creciente frecuencia para disputar la agenda del Gobierno y obtener visibilidad pública.

El fenómeno ha reabierto el debate sobre la necesidad de revisar el diseño institucional del mecanismo, atendido el impacto que su uso reiterado produce sobre el funcionamiento del régimen presidencial, la estabilidad política y la calidad del proceso legislativo.

Cerca de veinte acusaciones constitucionales en dos gobiernos

Durante los dos últimos períodos presidenciales se presentaron cerca de veinte acusaciones constitucionales, reflejando un aumento significativo respecto de décadas anteriores.

Sin embargo, la experiencia demuestra un bajo nivel de éxito.

Con excepción de la acusación presentada contra el exministro Andrés Chadwick en 2019, ninguna logró ser aprobada por el Senado, órgano que ejerce como jurado político en este tipo de procedimientos. 

Paradójicamente, la utilización del mecanismo ya no responde únicamente a la oposición política. En los últimos meses, parlamentarios oficialistas impulsaron una acusación constitucional contra un exministro por un supuesto manejo deficiente de las finanzas públicas, pese a que dichos cuestionamientos ya habían sido descartados previamente por el Consejo Fiscal Autónomo.

Expertos advierten incentivos para un uso excesivo del mecanismo

Diversos especialistas sostienen que el problema no radica únicamente en el comportamiento de los actores políticos, sino también en el propio diseño normativo.

Actualmente, el procedimiento contempla quórums relativamente bajos para presentar y aprobar la acusación en la Cámara de Diputadas y Diputados, además de causales amplias que facilitan la presentación de libelos incluso cuando no existen infracciones constitucionales evidentes.

A ello se suma otro elemento ampliamente criticado: siendo un mecanismo de última ratio, la normativa no exige agotar previamente otros instrumentos de control parlamentario disponibles, como las interpelaciones ministeriales, las comisiones especiales investigadoras o las solicitudes formales de antecedentes.

Esta situación favorece que la acusación constitucional pase de ser una herramienta excepcional de responsabilidad política a convertirse en una estrategia de presión o desgaste institucional.

El personalismo político también explica el fenómeno

Una moción transversal actualmente en discusión busca introducir mayores exigencias para la presentación de acusaciones constitucionales.

No obstante, académicos como Julieta Suárez-Cao, Javier Sajuria y Claudia Heiss sostienen que el problema excede el plano estrictamente jurídico.

A su juicio, el fenómeno responde también a una cultura política altamente personalista, incentivada por el sistema electoral de listas abiertas, que privilegia el posicionamiento individual de los parlamentarios por sobre la disciplina partidaria.

En ese contexto, la acusación constitucional deja de cumplir exclusivamente una función de control institucional y pasa a convertirse en un mecanismo de exposición mediática y diferenciación política frente al electorado.

La discusión apunta a fortalecer el régimen presidencial

El creciente consenso entre especialistas apunta a que la reforma de la acusación constitucional debe formar parte de un debate más amplio sobre el funcionamiento del sistema político chileno.

El uso reiterado de este mecanismo no sólo genera incertidumbre para la autoridad acusada, sino que también consume importantes recursos institucionales, paraliza parcialmente la agenda legislativa y profundiza la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.

Diversos analistas coinciden en que preservar la naturaleza excepcional del juicio político constituye un requisito indispensable para fortalecer la gobernabilidad democrática y evitar que instrumentos constitucionales de alta gravedad sean utilizados como herramientas ordinarias de disputa política.

Conclusión jurídica

Desde la perspectiva del Derecho Constitucional, la acusación constitucional constituye uno de los mecanismos de responsabilidad política más intensos previstos por la Constitución, precisamente porque puede derivar en la destitución e inhabilitación de altas autoridades del Estado. Su utilización, por tanto, debe responder a estándares especialmente rigurosos y reservarse para situaciones en que existan infracciones constitucionales o legales de entidad suficiente, evitando que el procedimiento sea utilizado como un mecanismo ordinario de confrontación política.

La experiencia de los últimos años evidencia una creciente tensión entre el diseño jurídico del instrumento y su utilización práctica. La elevada cantidad de acusaciones presentadas, junto con el escaso número de condenas en el Senado, revela que el mecanismo ha pasado a desempeñar una función predominantemente política y comunicacional, más que un verdadero control de responsabilidad constitucional.

En este escenario, las propuestas de reforma orientadas a elevar los requisitos de admisibilidad, precisar las causales, exigir el agotamiento previo de otros mecanismos de fiscalización y fortalecer la disciplina partidaria aparecen como alternativas destinadas a restablecer el carácter excepcional del instituto.

En definitiva, el desafío consiste en equilibrar dos principios igualmente relevantes: preservar las facultades fiscalizadoras del Congreso y, al mismo tiempo, evitar que un instrumento concebido para proteger el orden constitucional termine debilitando la estabilidad institucional, la gobernabilidad y el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho.