Retraso administrativo impide aplicar la Nueva Ley de Adopción pese a estar vigente

Nueva Ley de Adopción permanece sin aplicación efectiva por retraso en reglamentos

Aunque la Nueva Ley de Adopción ya fue promulgada y publicada, su aplicación práctica continúa suspendida debido a que aún no concluye la tramitación de los reglamentos administrativos indispensables para su entrada en vigencia.

Así lo explicó Antonio Leiva, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, quien sostuvo que el principal obstáculo para que la reforma beneficie a miles de niños, niñas y adolescentes no es la ley propiamente tal, sino la falta de las normas que permitan hacerla operativa.

“Que una ley esté vigente, pero que no pueda implementarse está lejos de lo ideal”, afirmó el especialista.

El académico agregó que toda norma jurídica tiene como finalidad producir efectos concretos sobre la realidad que regula, razón por la cual la ausencia del reglamento impide materializar los cambios aprobados por el legislador.

El reglamento aún no completa su tramitación administrativa

Leiva explicó que el reglamento de la nueva legislación ya fue elaborado, pero todavía no concluye el procedimiento administrativo necesario para que pueda entrar plenamente en vigor.

“El reglamento ya fue elaborado, pero no se encuentra totalmente tramitado: ese es el genuino problema”, indicó.

Mientras ello no ocurra, continuará aplicándose el sistema contemplado en la legislación anterior, manteniéndose los procedimientos tradicionales de adopción.

Desde una perspectiva jurídica, esta situación refleja un fenómeno frecuente dentro del Derecho Administrativo, donde la eficacia de una ley depende de la dictación de reglamentos que desarrollen las disposiciones legales y permitan su correcta ejecución por parte de los órganos del Estado.

La reforma busca reducir la burocracia y acelerar las adopciones

Uno de los principales objetivos de la Nueva Ley de Adopción consiste en simplificar el procedimiento y eliminar etapas innecesarias que históricamente han prolongado los procesos durante varios años.

Según explicó Leiva, la reforma pretende otorgar una estructura única al procedimiento.

“Busca darle unidad al proceso de adopción, evitando duplicidad y multiplicidad de trámites.”

La finalidad es disminuir significativamente los tiempos que deben esperar los niños, niñas y adolescentes para integrarse de manera definitiva a una familia, fortaleciendo además el principio del interés superior del niño, reconocido tanto por la legislación chilena como por diversos tratados internacionales de derechos humanos.

El éxito de la ley dependerá de la capacidad del Estado

El abogado advirtió que la sola existencia de nuevos plazos legales no garantiza que el sistema funcione de manera más eficiente.

A su juicio, el verdadero desafío se encuentra en la capacidad institucional para ejecutar adecuadamente la reforma.

“El principal desafío está en la capacidad del sistema para responder a las necesidades de los niños y de las familias al mismo tiempo.”

En consecuencia, la modernización del sistema de adopción exige fortalecer los organismos públicos encargados de su implementación, dotándolos de recursos humanos, capacidades técnicas y mecanismos de gestión que permitan cumplir efectivamente los objetivos de la nueva legislación.

La gestión administrativa será determinante para el cumplimiento de los nuevos plazos

Leiva concluyó que la reducción de los tiempos de tramitación dependerá, en gran medida, de la eficiencia con que actúe la administración pública.

“Los plazos dependen no sólo de estar fijados en la ley, sino además de la capacidad que tenga la administración del Estado para gestionarlos.”

El especialista enfatizó que una reforma legal pierde eficacia cuando las instituciones encargadas de ejecutarla carecen de las herramientas administrativas necesarias para hacerla operativa.

Conclusión jurídica

Desde una perspectiva constitucional y de Derecho Administrativo, la situación que enfrenta la Nueva Ley de Adopción evidencia una problemática recurrente en el proceso legislativo chileno: la diferencia entre la vigencia formal de una ley y su eficacia material. Si bien la norma ya forma parte del ordenamiento jurídico tras su promulgación y publicación, la ausencia de los reglamentos de ejecución impide que produzca plenamente los efectos previstos por el legislador.

Esta circunstancia genera un escenario de ineficacia normativa temporal, en el cual continúa aplicándose el régimen anterior mientras la administración completa la dictación de la normativa complementaria. Jurídicamente, ello pone de relieve la importancia del principio de buena administración, de la eficacia de la función pública y del deber del Estado de implementar oportunamente las leyes aprobadas por el Congreso.

Asimismo, el retraso adquiere una especial relevancia considerando que la reforma tiene como eje central la protección del interés superior del niño, principio consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y reconocido por la legislación chilena. La demora administrativa puede traducirse en la prolongación innecesaria de los procesos de adopción y, por ende, afectar el derecho de miles de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar estable.

En consecuencia, el desafío ya no reside en la aprobación de la ley, sino en garantizar su implementación efectiva mediante una gestión estatal eficiente, coordinada y capaz de transformar la reforma legislativa en una política pública que entregue respuestas concretas y oportunas a quienes esperan acceder al sistema de adopción.