Excontador de Nokia es querellado por fraude informático de más de $2.212 millones

Nokia denuncia millonario fraude informático atribuido a excontador senior

Una querella criminal por los delitos de fraude informático, administración desleal del patrimonio y falsificación de instrumento privado presentó la compañía Nokia en contra de quien fuera su contador senior durante más de 15 años, Raúl Valdebenito Ortiz, a quien acusa de haber ejecutado un sofisticado esquema de defraudación que habría ocasionado un perjuicio superior a $2.212 millones.

La acción judicial, ingresada ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, sostiene que el imputado habría realizado transferencias fraudulentas durante al menos cinco años hacia personas naturales y jurídicas sin relación comercial con la empresa, incluyendo a su entonces pareja y familiares.

Según la querella, el exfuncionario habría aprovechado las facultades propias de su cargo para manipular los procesos internos de pago y generar operaciones aparentemente legítimas.

Investigación interna detectó irregularidades tras cambio de contador

Las primeras alertas surgieron el 23 de octubre de 2025, cuando el nuevo contador senior revisó las cuentas por pagar correspondientes al tercer trimestre del año.

Durante esa revisión detectó tres operaciones pendientes cuyos antecedentes no coincidían con los registros habituales de la empresa.

La investigación permitió establecer que todas las transferencias tenían como destinatario a una sociedad denominada Estudio Administrativo Pedro Urra EIRL, empresa que no figuraba como proveedor autorizado ni mantenía vínculo comercial alguno con Nokia.

Tras consultar a distintas áreas de la compañía —incluyendo Finanzas, Recursos Humanos y el Departamento Jurídico— se constató que tales pagos carecían de respaldo contractual.

Fue entonces cuando una funcionaria identificó que la empresa beneficiaria pertenecía a quien era pareja del excontador.

A partir de ese hallazgo comenzó una investigación interna que, según la querella, permitió reconstruir un sofisticado esquema de defraudación sistemática.

El presunto mecanismo: falsificación digital de firmas y documentos bancarios

La querella sostiene que Raúl Valdebenito confeccionaba cartas de instrucción bancaria falsas, dirigidas al Banco de Chile, incorporando como beneficiarios a personas que no mantenían ninguna relación comercial con Nokia.

Para otorgar apariencia de legalidad, habría recortado digitalmente las firmas de ejecutivos autorizados y las insertaba en documentos electrónicos destinados a autorizar pagos mediante cheques y vales vista.

Entre los beneficiarios identificados aparecen:

• Su entonces pareja y su empresa.
• Familiares directos de ambos.
• Otras personas sin vínculo comercial con Nokia.

Los conceptos utilizados para justificar las transferencias también buscaban evitar sospechas.

Entre ellos figuraban expresiones como:

• “Pago demandas abogados”.
• “Servicios legales”.
• “Finiquitos”.
• “Estudios jurídicos”.

Todo ello, según la querella, correspondía a documentación falsa destinada exclusivamente a justificar egresos inexistentes.

Manipulación contable permitió ocultar el fraude durante años

La investigación sostiene que el esquema no terminaba con la emisión de documentos falsificados.

Una vez materializados los pagos, el imputado habría registrado las operaciones en la cuenta contable de cuentas por pagar, mecanismo que permitía postergar las conciliaciones bancarias hasta por un año.

Posteriormente, utilizando sus credenciales internas, modificaba registros contables y efectuaba movimientos internos destinados a eliminar rastros de las operaciones fraudulentas.

La empresa también detectó que una cuenta bancaria bajo responsabilidad del imputado permaneció sin conciliación bancaria durante años.

Cuando otro contador asumió dicha función constató la existencia de 3.022 partidas pendientes de conciliación, entre las cuales al menos ocho corresponderían a operaciones fraudulentas ya confirmadas o altamente probables.

Más de $2.212 millones habrían sido desviados

De acuerdo con la querella:

• 30 pagos fueron dirigidos a Pedro Urra González y su empresa por aproximadamente $1.032 millones.
• Cinco pagos beneficiaron a familiares directos por otros $311 millones.
• 19 transferencias adicionales alcanzaron aproximadamente $868 millones, distribuidas entre doce personas sin relación conocida con Nokia.

El perjuicio económico total supera los $2.212 millones, transformándose en uno de los presuntos fraudes corporativos de mayor magnitud denunciados recientemente en el ámbito empresarial.

Nokia atribuye el actuar al beneficio económico personal

La investigación interna concluyó que el presunto esquema tuvo como finalidad exclusiva obtener un beneficio económico personal, calificando las conductas como deliberadas y ejecutadas con pleno conocimiento de su ilegalidad.

Como consecuencia de los antecedentes recopilados, la empresa desvinculó al trabajador y posteriormente interpuso la correspondiente acción penal.

Actualmente, la querella imputa los delitos de:

• Fraude informático.
• Administración desleal.
• Falsificación de instrumento privado.

La acción fue declarada admisible y remitida al Ministerio Público, organismo que deberá dirigir la investigación penal para determinar la existencia de responsabilidades.

Conclusión jurídica

Desde el punto de vista del Derecho Penal Económico y la Ley N.º 21.459 sobre Delitos Informáticos, los hechos descritos en la querella —que constituyen imputaciones cuya acreditación corresponde determinar al Ministerio Público y, en su caso, a los tribunales de justicia— podrían configurar un conjunto de ilícitos de especial gravedad por involucrar presuntas manipulaciones de sistemas informáticos, falsificación documental, administración desleal y eventuales actos de apropiación indebida de recursos empresariales.

Si durante la investigación se acreditan los antecedentes expuestos, el caso podría representar un ejemplo paradigmático de criminalidad económica corporativa, donde el acceso privilegiado a sistemas financieros internos habría permitido ejecutar operaciones fraudulentas durante un período prolongado mediante la utilización de documentación aparentemente auténtica y mecanismos de ocultamiento contable.

La investigación penal deberá respetar plenamente el principio de presunción de inocencia, garantizando el debido proceso y el derecho a defensa del imputado. Corresponderá al Ministerio Público reunir evidencia suficiente para sustentar las imputaciones y, posteriormente, a los tribunales determinar si los hechos configuran los delitos atribuidos y establecer las eventuales responsabilidades penales y civiles derivadas del caso.

La causa también pone de relieve la importancia de fortalecer los sistemas de control interno, auditoría, gobierno corporativo, seguridad informática, segregación de funciones y compliance empresarial, herramientas esenciales para prevenir, detectar y sancionar oportunamente fraudes de alta complejidad dentro de organizaciones de gran tamaño.