Chile enfrenta graves desafíos en protección de niñas migrantes ante la trata

Trata de niñas migrantes en Chile: estudio jurídico revela graves brechas en protección estatal y cumplimiento de derechos humanos

La trata de niñas migrantes en Chile continúa representando uno de los desafíos más complejos para el sistema de protección de la infancia y para las políticas públicas en materia de derechos humanos. Así lo concluye una investigación desarrollada por la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas (UDLA), Dra. María Lorena Rossel, quien analizó los factores que favorecen la explotación de menores migrantes y las respuestas institucionales existentes para enfrentar este fenómeno.

El estudio, publicado en la revista especializada European Public & Social Innovation Review bajo el título “Género, migración y violencia: la trata de niñas en el siglo XXI desde los estándares internacionales y la situación en Chile”, sostiene que la combinación de migración forzada, pobreza, segregación urbana y exclusión social configura escenarios especialmente propicios para la vulneración de derechos fundamentales de niñas y adolescentes.

¿Qué factores aumentan el riesgo de trata de niñas migrantes?

La investigación examinó la relación existente entre los procesos migratorios y las distintas formas de explotación que afectan a menores de edad en contextos de vulnerabilidad.

Mediante una metodología jurídico-dogmática, complementada con antecedentes estadísticos, informes institucionales y literatura interdisciplinaria, se identificaron diversos factores que incrementan significativamente el riesgo de captación por parte de organizaciones criminales.

Entre los principales factores destacan:

• Situación migratoria irregular.
• Condiciones de pobreza extrema.
• Falta de redes familiares o comunitarias.
• Hacinamiento habitacional.
• Segregación territorial.
• Baja escolarización.
• Desconocimiento de derechos y mecanismos de protección.

Según la investigación, las menores no acompañadas constituyen uno de los grupos de mayor riesgo frente a redes dedicadas a la trata de personas, especialmente cuando carecen de acceso a servicios públicos y mecanismos efectivos de protección.

Explotación sexual y captación mediante engaños: patrones recurrentes detectados

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la existencia de patrones reiterados en los casos investigados.

Entre ellos destacan:

Falsas promesas de empleo o cuidado

Las organizaciones criminales suelen utilizar ofertas laborales inexistentes o promesas de mejores condiciones de vida para captar a las víctimas.

Explotación sexual como finalidad principal

La investigación concluye que la explotación sexual infantil continúa siendo la modalidad predominante dentro de los casos de trata que afectan a niñas migrantes.

Hipersexualización y racialización

El estudio identifica fenómenos de discriminación estructural que afectan particularmente a niñas afrodescendientes y de nacionalidad haitiana, quienes enfrentan mayores riesgos de explotación debido a estereotipos raciales y de género.

Operación de redes en sectores vulnerables

Las organizaciones dedicadas a la trata tienden a instalarse en barrios con altos índices de exclusión social, donde la presencia estatal resulta limitada y las posibilidades de detección disminuyen considerablemente.

Cifras reflejan la magnitud del fenómeno en Chile

Los antecedentes recopilados por la investigación muestran que el problema mantiene una dimensión relevante a nivel nacional.

Entre 2011 y 2022:

• El 74,5% de las investigaciones por trata de personas correspondieron a mujeres.
• Más del 16% de las víctimas identificadas eran menores de edad.
• Un 21% de los hogares migrantes vive en condiciones de hacinamiento.
• En contraste, el hacinamiento afecta al 6,7% de los hogares nacionales.

Para la investigadora, estos datos permiten comprender cómo determinadas condiciones socioeconómicas generan espacios de especial vulnerabilidad frente a las redes criminales dedicadas a la explotación de personas.

Marco jurídico chileno: avances normativos y desafíos pendientes

El análisis jurídico efectuado por la Dra. Rossel revisó especialmente la aplicación de la Ley N.º 20.507, que tipifica los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería.

Asimismo, el estudio contrastó la legislación chilena con estándares desarrollados por:

• El Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
• Las Naciones Unidas.
• La Unión Europea.
• La Convención sobre los Derechos del Niño.
• El Protocolo de Palermo.

La investigación concluye que Chile posee un marco normativo formalmente adecuado para enfrentar este delito. Sin embargo, advierte que las mayores falencias aparecen en la implementación práctica de las normas y en la capacidad institucional para garantizar una protección efectiva de las víctimas.

Deficiencias institucionales dificultan la protección de las víctimas

Uno de los aspectos más críticos identificados por el estudio corresponde a las dificultades para detectar oportunamente situaciones de trata.

La investigación detectó:

• Insuficiente identificación temprana de víctimas.
• Falta de protocolos diferenciados para niñas migrantes.
• Déficit de coordinación entre organismos públicos.
• Escasez de recursos especializados.
• Baja cobertura de programas de protección.
• Limitaciones en los procedimientos de regularización migratoria.

A juicio de la autora, estas falencias generan una brecha significativa entre las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y la protección efectiva que reciben niñas y adolescentes expuestas a situaciones de explotación.

Propuestas para fortalecer la respuesta estatal

Frente a este escenario, la investigación propone una serie de medidas orientadas a mejorar la prevención, detección y persecución de la trata infantil migrante.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Protocolos especializados

Implementar mecanismos de identificación temprana con enfoque de niñez, género e interculturalidad.

Capacitación permanente

Fortalecer la formación de funcionarios públicos en derechos humanos, migración y trata de personas.

Regularización migratoria expedita

Facilitar procesos administrativos que permitan disminuir situaciones de vulnerabilidad asociadas a la irregularidad migratoria.

Políticas territoriales inclusivas

Reducir la segregación urbana mediante intervenciones integrales en sectores con alta concentración de población migrante.

Fortalecimiento comunitario

Promover redes locales de apoyo capaces de detectar tempranamente situaciones de riesgo y canalizar denuncias.

Una problemática que interpela al Estado y a la sociedad

La investigación concluye que la trata de niñas migrantes en Chile no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva penal o de control fronterizo. Se trata de un fenómeno complejo que involucra dimensiones económicas, sociales, migratorias y culturales que exigen respuestas integrales y coordinadas.

Desde una perspectiva jurídica, el estudio evidencia que la sola existencia de leyes no garantiza el cumplimiento efectivo de los estándares internacionales de protección de la infancia. El principio del interés superior del niño, la obligación de debida diligencia reforzada y el deber estatal de prevenir violaciones graves de derechos humanos exigen una actuación activa, permanente y especializada de las instituciones públicas.

Asimismo, los hallazgos plantean un desafío relevante para el Estado chileno respecto de sus compromisos internacionales en materia de protección de la niñez migrante. La persistencia de obstáculos en la identificación de víctimas, la insuficiente coordinación institucional y las dificultades de acceso a mecanismos de protección podrían comprometer el cumplimiento de obligaciones derivadas de tratados internacionales ratificados por Chile.

En consecuencia, la erradicación de la trata de niñas migrantes requiere avanzar desde una lógica reactiva hacia una política preventiva basada en la protección integral de derechos, la inclusión social, la igualdad de género y la garantía efectiva de acceso a la justicia. Solo mediante una estrategia articulada entre Estado, sociedad civil, comunidades migrantes y organismos internacionales será posible reducir los factores estructurales que permiten la reproducción de esta grave forma de violencia y explotación contra niñas y adolescentes en el siglo XXI.