Proyecto redefine la tutela laboral para Fuerzas Armadas y policías y restringe la revisión judicial de actos de mando.

Proyecto busca limitar la tutela laboral en Fuerzas Armadas y policías para fortalecer la jerarquía institucional

La discusión sobre la aplicación de la tutela laboral en las instituciones armadas y de seguridad vuelve a instalarse en el Congreso tras la presentación de un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, estableciendo un régimen especial para el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.

La iniciativa, impulsada por los senadores Squella, Becker, Edwards, Kuschel y Ossandón, sostiene que la aplicación expansiva de las normas laborales sobre derechos fundamentales, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo ha comenzado a interferir con decisiones esenciales para la organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa nacional.

La especialidad estatutaria como eje central de la reforma

El proyecto parte de la premisa de que estas instituciones poseen una naturaleza jurídica distinta al empleo público tradicional.

Los parlamentarios sostienen que los principios de jerarquía, disciplina, obediencia, disponibilidad permanente y mando constituyen elementos estructurales cuya aplicación no puede quedar subordinada a criterios propios del Código del Trabajo, ya que ello afectaría la capacidad operativa de organismos cuya misión se relaciona directamente con la seguridad del Estado.

Según la moción, durante los últimos años diversas decisiones administrativas como destinaciones, traslados, ascensos, calificaciones, listas de retiro, turnos, entrenamientos y comisiones de servicio han sido objeto de acciones de tutela laboral, trasladando controversias internas hacia la justicia laboral común.

Presunción de legitimidad para los actos de mando

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa consiste en la incorporación del nuevo artículo 14 bis, mediante el cual se establece una presunción de legitimidad respecto de los actos propios del mando institucional.

De prosperar la reforma, las órdenes de servicio, evaluaciones, calificaciones, medidas disciplinarias, asignaciones de turno y exigencias propias del servicio no podrán ser consideradas, por sí mismas, como indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales.

No obstante, el proyecto incorpora un contrapeso jurídico relevante.

La presunción desaparece cuando exista evidencia de abuso de autoridad, hostigamiento, represalias, humillaciones, discriminación arbitraria o cualquier actuación que exceda las potestades legítimas del mando.

La tutela laboral dejaría de aplicarse a la carrera funcionaria

El nuevo artículo 14 ter constituye probablemente la modificación de mayor impacto procesal.

La norma declara expresamente la improcedencia del procedimiento de tutela laboral regulado en el Código del Trabajo para revisar decisiones vinculadas con la carrera funcionaria, la disciplina institucional o la organización del servicio.

En adelante, dichas controversias deberían resolverse mediante los procedimientos administrativos previstos en los estatutos institucionales, con control posterior por parte de la Contraloría General de la República y mediante las acciones constitucionales que correspondan.

Los tribunales ordinarios conservarían competencia únicamente respecto de hechos especialmente graves como:

• torturas
• apremios ilegítimos
• acoso sexual
• discriminación arbitraria
• otras vulneraciones graves de derechos fundamentales.

Protección de las operaciones institucionales

El proyecto también incorpora un nuevo artículo 14 quáter, destinado a compatibilizar los protocolos de denuncia con las necesidades operativas de las instituciones.

La propuesta establece que ninguna denuncia podrá paralizar operativos, destinaciones, turnos, servicios de emergencia u otras funciones críticas para la seguridad pública.

De este modo, las eventuales revisiones administrativas quedarían sujetas a un control posterior, privilegiando la continuidad del servicio por sobre la suspensión inmediata de decisiones operativas.

Asimismo, se exige que los procedimientos internos respeten principios de:

• debido proceso
• confidencialidad
• celeridad
• protección del denunciante
• presunción de inocencia

Seis meses para adecuar los reglamentos

La disposición transitoria contempla un plazo de seis meses para que todas las instituciones adapten sus reglamentos internos al nuevo marco normativo.

Además, se reafirma el principio de irretroactividad, estableciendo que las causas ya iniciadas continuarán tramitándose conforme a la legislación vigente al momento de su interposición.

Análisis jurídico

Desde una perspectiva constitucional, la iniciativa representa una de las modificaciones más relevantes al régimen jurídico aplicable a los funcionarios uniformados desde la incorporación de los procedimientos de tutela laboral al ordenamiento chileno.

El proyecto pretende reforzar el principio de especialidad estatutaria, conforme al cual quienes integran instituciones armadas, policiales y penitenciarias se encuentran sometidos a un régimen jurídico especial derivado de la naturaleza estratégica de sus funciones.

Uno de los principales efectos sería el desplazamiento del control desde la jurisdicción laboral hacia mecanismos propios del Derecho Administrativo, entregando un papel más relevante a los procedimientos internos, a la Contraloría General de la República y a las acciones constitucionales de protección y amparo.

En materia probatoria, la reforma también altera significativamente el estándar actualmente utilizado en los procedimientos de tutela laboral. Mientras el régimen vigente admite la utilización de indicios para invertir parcialmente la carga de la prueba, la propuesta exige acreditar directamente la existencia de abuso de autoridad, desviación de poder, hostigamiento o utilización ilegítima de las facultades de mando.

Esta modificación fortalece la presunción de legalidad de los actos administrativos propios de la carrera funcionaria, elevando el estándar exigido para impugnar decisiones institucionales.

Otro aspecto de gran relevancia es la incorporación del principio de continuidad operativa, mediante el cual se prioriza el funcionamiento permanente de las instituciones encargadas de la defensa nacional, la seguridad pública y el sistema penitenciario, evitando que reclamaciones individuales puedan afectar operaciones críticas o decisiones urgentes relacionadas con el servicio.

Conclusión jurídica

La iniciativa abre un debate de gran trascendencia sobre el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios uniformados y la preservación de los principios de jerarquía, disciplina, obediencia y continuidad operativa que caracterizan a las instituciones armadas y de seguridad.

Si el proyecto es aprobado, el sistema jurídico chileno experimentará una importante redistribución de competencias, desplazando gran parte del control desde la justicia laboral hacia el ámbito administrativo y constitucional. Ello consolidaría el principio de especialidad estatutaria como criterio rector para resolver los conflictos derivados del ejercicio legítimo del mando, reservando la intervención judicial laboral únicamente para hipótesis excepcionales de especial gravedad.

Desde el punto de vista doctrinal, la reforma plantea un cambio profundo en la relación entre el Derecho del Trabajo y el Derecho Administrativo, privilegiando la autonomía de los estatutos especiales por sobre la aplicación supletoria de las normas laborales comunes. Sin embargo, también abre interrogantes respecto de la suficiencia de los mecanismos internos de control, la efectividad de la tutela judicial efectiva y el alcance de las garantías constitucionales frente a eventuales abusos de poder. En consecuencia, la discusión legislativa no solo definirá el futuro régimen disciplinario de las instituciones uniformadas, sino que también marcará un precedente relevante sobre los límites entre la protección de los derechos fundamentales y las exigencias permanentes de la seguridad del Estado, cuestión que previsiblemente será objeto de un intenso debate constitucional, administrativo y jurisprudencial en los próximos años.