El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dio un paso decisivo en la investigación de las adopciones irregulares en Chile al procesar a la exjueza de menores Ivonne de las Mercedes Gutiérrez Pavéz. La resolución, que la encausa como autora del delito de sustracción de infante cometido en noviembre de 1982, marca un hito en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el amparo de instituciones estatales durante la dictadura.

El engaño a una madre vulnerable y la huida con el bebé

Los antecedentes del Caso 449 revelan un modus operandi que se valió de la extrema vulnerabilidad de la víctima. En septiembre de 1982, M.A.O.V., de 18 años y diagnosticada con desnutrición, fue internada en el Hospital de San Fernando. Allí fue visitada por la jueza Gutiérrez, quien le prometió crear un jardín infantil para cuidar a su futuro bebé. Meses después, en noviembre de 1982, la magistrada hizo firmar a la madre, quien se encontraba conectada a un suero y con dolores, documentos para ingresar a la niña a una Sala Cuna, sin que la joven pudiera leer su contenido.

La desaparición en el restaurante y la solicitud de extradición

Tras el alta en Rancagua, la jueza citó a la madre a un restaurante. Bajo el pretexto de comprar un chal para la bebé, le entregó dinero y la alejó de la mesa. Al regresar, la mujer y el bebé habían desaparecido, dejando solo un sobre con dinero y un mensaje del mozo indicando que regresara a San Fernando. Pese a la denuncia inmediata ante la Policía de Investigaciones (PDI), la niña no ha sido recuperada hasta la fecha.
“Se ha logrado tener por justificado que… estando en esa condición de fragilidad y vulnerabilidad llegó una mujer… quien conocía su nombre y le señaló que estaba creando un jardín infantil”, sostiene el procesamiento, calificando los hechos como constitutivos del delito tipificado en el artículo 142 del Código Penal.
Conclusión jurídica: Esta resolución sienta un precedente crucial al demostrar que el paso del tiempo no extingue la responsabilidad penal cuando se trata de delitos que vulneran derechos fundamentales, especialmente si son perpetrados por agentes del Estado que abusaron de su cargo. La solicitud de extradición a Israel no solo busca la captura de la procesada, sino que envía un mensaje institucional contundente: la justicia chilena mantiene activa la búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas de las redes de adopción irregular, priorizando el derecho a la identidad por sobre cualquier formalidad burocrática obsoleta.

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